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México

Debe municipio de Nuevo León nueve millones de pesos… ¡En tamales!

Las anomalías en las finanzas públicas del municipio conurbado de Juárez llegaron al colmo de lo absurdo, tras revelarse un importante adeudo de alrededor de 9 millones de pesos a un proveedor de tamales.

El primer mes de la gestión de Rodolfo Ambriz (primer Alcalde del PAN en la historia de Juárez) ha sido muy diferente a lo que imaginaba durante la campaña, ya que ha tenido que sortear una serie de obstáculos producto del desfalco en las arcas municipales, en la que se han detectado hasta 600 «aviadores» cobrando en la nómina, e importantes adeudos con proveedores entre los que destaca el restaurante «Teresita», dedicado a la venta de tamales, a quien se le adeudan 8 millones 725 mil 68 pesos.

En entrevista con un periódico de la localidad, el munícipe reconoció el adeudo, y explicó que las facturas presentadas por este negocio se incrementaron durante las campañas electorales, por lo que presume que los tamales habrían sido adquiridos para degustarse en mítines y ser ofrecidos a los simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional, con la autorización del entonces Alcalde priista Luis García.

El municipio metropolitano de Juárez es conocido en la región por albergar a un importante grupo de restaurantes dedicados a la elaboración, venta y distribución de tamales, bajo el esquema de franquicias.

En promedio, un ciento de tamales oscila entre 450 y 550 pesos, por lo que se estima que la pasada administración habría adquirido entre 15 mil 500 y 19 mil 300 cientos de tamales, por un valor aproximado a los 9 millones de pesos.

Debido a problemas de índole electoral, Rodolfo Ambriz Oviedo no tuvo oportunidad de llevar a cabo un proceso de transición previo a tomar posesión del cargo de Presidente Municipal de Juárez.

Esto le privó de enterarse de la enorme deuda que recibiría por parte de la pasada gestión, que en un principio se estimaba en 140 millones de pesos, 110 millones en créditos y 30 restantes a proveedores directos.

Sin embargo, la Contraloría municipal ha detectado que el adeudo es mucho mayor al estimado, y asciende a 230 millones de pesos, en su mayoría producto de líneas de crédito adquiridas con instituciones bancarias, y el resto con proveedores, entre ellos el restaurante «Teresita».

Al auditar el estado que guardan las finanzas públicas, se detectó además la existencia de 600 plazas de «aviadores», supuestos trabajadores municipales que percibían un sueldo quincenal sin laborar en el Ayuntamiento, lo que representa un 40 por ciento de la plantilla de servidores públicos de ese municipio.

El edil reiteró que en breve interpondrá una denuncia ante las autoridades correspondientes, en contra de quienes resulten responsables por el quebranto a las arcas municipales, mediante la autorización de las 600 plazas, que además mantenían una serie de privilegios como el pago de horas extras. Se estima que la Tesorería de Juárez destinaba un millón y medio de pesos al mes para el pago de «aviadores».

Se han detectado plazas irregulares en dependencias como la Secretaría de Seguridad, Vialidad y Tránsito, Protección Civil, Obras Públicas, entre otras.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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