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Debemos exigir a los políticos un discurso informado y comprometido Por Aquiles Córdova Morán

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En verdad, la práctica viene de tiempo atrás, de la época de los regímenes priistas posteriores al periodo presidencial del general Lázaro Cárdenas (1934-1940), momento culminante del impulso social nacido de la Revolución Mexicana. Pero, a pesar de su antigüedad, sigue siendo un hecho de absoluta actualidad debido a que los partidos políticos recién llegados al poder, sin ninguna excepción, la han adoptado con apenas alguna modificación insustancial, por haber comprobado sus eficacia para atraer el voto  ciudadano a bajo costo, mejor dicho, sin dar nada a cambio. Estoy hablando del estilo retórico de los discursos que pronuncian nuestros políticos en campaña, sin distinción de nivel (municipal, estatal o federal), importancia o carácter de la función (ejecutiva o legislativa) que conlleva el cargo al que aspiran.

El estereotipo no falla: invocación de “elevados” principios de política y de justicia social universal, citas de frases famosas, identificación pública del candidato con principios éticos y valores trascendentales (personales y sociales) que en privado no comparte ni entiende (porque le escriben el discurso), metáforas traídas de los cabellos para dar la impresión de profundidad de pensamiento y dominio del lenguaje, rosario más o menos nutrido de antítesis que pretenden ser contundentes, y esclarecedoras a más no poder, del perfil político global del aspirante y de lo que se propone hacer “si el voto me favorece” (no creo esto, sino aquello; no pienso en esto, sino en aquello; no toleraré tal cosa o tal conducta, sino tales y cuales otras, etc.) y, finalmente, pero no por ello menos importante, la demagogia descarnada que manipula sin recato la sensiblería a flor de piel de nuestra gente ingenua, adulando sus intereses y convicciones más comunes y arraigados, es cierto, pero muchos de ellos perjudiciales para sus verdaderos intereses, como es lógico esperar de un pueblo despolitizado y con bajo nivel de escolaridad gracias a una política educativa errónea o malintencionada.

Es aquí donde entran las repugnantes (por manipulatorias) referencias encomiásticas a la familia del candidato, elevada de pronto a paradigma insuperable de las virtudes de la familia mexicana; los llamados a los presentes para que, “pensando en sus propios hijos, por los que seguramente están dispuestos a cualquier sacrificio”, voten por el candidato que, al mostrarles la suya, les ha puesto delante el modelo de vida familiar que deben perseguir y alcanzar juntos. Lugar destacado ocupa la referencia al “origen popular” del candidato, la modestia económica de su familia y las carencias que padeció en su infancia, los “esfuerzos y sacrificios” que tuvieron que hacer todos para darle una buena educación, etc., rematando todo con la consabida frase: “yo soy producto de la cultura del esfuerzo” y, por ello, “entiendo perfectamente las necesidades de la gente, me identifico con sus anhelos de progreso y de justicia social” y les prometo “no defraudarlos, sino cumplir fielmente, como gobernante, lo que como candidato les estoy ofreciendo”. Después de tan brillante pieza oratoria, no queda más que sentarse a esperar las urnas repletas de votos en favor del hábil discurseador. Pero después de años y años de escuchar puras “variaciones sobre el mismo tema”, como dicen en música, de escuchar las mismas promesas y las mismas apelaciones sentimentaloides al atraso y la incultura de la gente, con idénticos o parecidos resultados, o sea, nada, la eficacia de este discurso está totalmente agotada. La gente concurre a los mítines y manifestaciones de apoyo por intereses más concretos que las promesas de saliva del candidato: conseguir algún “utilitario” (así le llaman, en la jerga electorera, a los obsequios baratos que dan a los “acarreados”) o por temor a represalias de sus “líderes”. Y nada más.

Hace ya rato que es hora de sepultar esa oratoria, ampulosa y llena de lugares comunes y promesas en abstracto que no comprometen a nada. Basta ya de ridiculeces como “detrás de todo gran hombre hay una gran mujer”, “vengo desde abajo y por eso me identifico con el pueblo”, “soy hombre de palabra y de compromisos”, “no toleraremos la impunidad”, “nadie por encima de la ley”, “combatiremos la pobreza con todo”, etc., etc. El elector mexicano necesita, y debe exigir, candidatos que le hablen de manera inteligente, clara y precisa, de sus problemas y carencias reales, inmediatas y mediatas, de las verdaderas causas de tales problemas y, de manera absolutamente puntual, concreta, qué tipo de políticas se propone llevar a cabo para resolverlos o comenzar a resolverlos. Los mexicanos todos, los que votamos y los que no, debemos aprender a medir el calibre intelectual, la cultura universal, el desinterés, la honestidad, la sinceridad, la laboriosidad y la definición ideológica de quien pide nuestro voto para poder gobernarnos. Y eso puede hacerse fácilmente si, al hablarnos, muestra un dominio perfecto de los temas de su campaña, si conoce a fondo las carencias de la gente, si es capaz de explicar la raíz de tales carencias y si, finalmente, sus propuestas de solución son realistas, acertadas y posibles de ponerse en práctica y no pura demagogia. Si no cumple con estos requisitos mínimos, debemos negarle el voto. De esa manera, comenzaremos a construir desde abajo un nuevo tipo de político, es decir, un nuevo tipo de gobernante y de gobierno, que es lo que pide a gritos el nuevo país que todos demandamos.

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Reforma caída, poder en disputa. Por Caleb Ordóñez T.

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La reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum pretendía convertirse en una de las grandes piezas políticas de su primer tramo de gobierno. No era una iniciativa menor: implicaba tocar las reglas del sistema político mexicano, rediseñar parte de la representación legislativa y volver a colocar sobre la mesa una vieja bandera del obradorismo: abaratar la democracia mexicana. Sin embargo, lo que se anticipaba como una muestra de fuerza legislativa terminó convirtiéndose en el primer gran aviso de que el poder dentro de la coalición oficialista ya no funciona con obediencia automática.

La propuesta partía de una idea políticamente rentable: reducir costos y simplificar estructuras. Entre los puntos centrales estaba disminuir el número de senadores, modificar el esquema de representación proporcional y recortar gastos electorales que, desde la narrativa presidencial, siguen siendo excesivos para un país con enormes desigualdades sociales. También se buscaba actualizar reglas frente al uso de inteligencia artificial, bots y propaganda digital en campañas, bajo el argumento de que la política mexicana ya no puede seguir regulándose con instrumentos pensados para otra época.

Pero detrás del discurso de austeridad había un elemento mucho más sensible: la redistribución real del poder entre partidos.

Ahí apareció el primer muro inesperado. El Partido del Trabajo y el Partido Verde, aliados históricos de Morena, decidieron no acompañar la iniciativa. No fue una ruptura ideológica, sino una reacción de supervivencia política. Ambos entendieron que una reducción o modificación profunda en el sistema de representación proporcional podía afectar directamente su capacidad de conservar espacios legislativos propios. En otras palabras: Morena proponía una reforma pensada desde la lógica de partido dominante, mientras sus aliados la leyeron desde la lógica de partidos que necesitan reglas protectoras para seguir siendo relevantes.

La votación dejó una fotografía políticamente incómoda: Morena no logró reunir la fuerza suficiente para sacar adelante una reforma constitucional aun teniendo la Presidencia, mayoría simple y control narrativo del debate público.

Y esa derrota tiene consecuencias internas.

Porque más allá del revés legislativo, el episodio deja a la presidenta frente a una realidad que en política pesa mucho: el capital político no es permanente, se administra y también se erosiona. Dentro de Morena, la señal fue clara: si los aliados ya marcan distancia, también empiezan a moverse los grupos internos que observan hasta dónde llega realmente la capacidad presidencial de ordenar decisiones.

Eso obliga ahora a Claudia Sheinbaum a recuperar control interno. Y una de las rutas más previsibles es endurecer su influencia en la construcción de candidaturas. Lo que viene hacia 2027 puede ser un proceso mucho más cerrado, donde perfiles cercanos a Palacio Nacional busquen ocupar candidaturas a gubernaturas y diputaciones federales como mecanismo de blindaje político. Es decir: si el Congreso mostró límites, entonces la siguiente apuesta será construir una mayoría futura más disciplinada desde el origen.

En política mexicana eso suele traducirse en una lógica sencilla: menos concesiones territoriales y más control sobre quién llega.

Por eso no es casual que desde el entorno presidencial ya se hable del llamado “Plan B”.

La presidenta ha dejado claro que el fracaso de una reforma constitucional no significa renunciar al proyecto. El plan alterno consiste en avanzar por rutas secundarias: reformas legales ordinarias, ajustes administrativos y decisiones presupuestales que no necesiten mayoría calificada. Reducir financiamiento público a partidos, endurecer reglas de operación institucional y modificar mecanismos internos del sistema electoral pueden ejecutarse parcialmente sin tocar la Constitución.

Es una estrategia conocida: fragmentar una gran reforma en pequeñas decisiones acumulativas.

El cálculo político es evidente. Si no se puede ganar todo de una vez, se gana por partes.

Sin embargo, el costo político permanece. Porque esta votación también reveló algo más profundo: la coalición gobernante ya entró en una etapa donde cada aliado comienza a defender su propio futuro electoral.

Y cuando eso ocurre, cada iniciativa deja de ser solamente técnica para convertirse en una negociación de poder.

La reforma electoral no murió; simplemente abrió una nueva batalla.

Una donde ya no basta tener mayoría moral, narrativa presidencial o popularidad pública. Ahora también habrá que reconstruir disciplina política.

Y esa es quizá la prueba más delicada que enfrenta hoy la presidenta: demostrar que todavía puede ordenar a su propia mayoría sin fracturar el proyecto que la llevó al poder.

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