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Debemos exigir a los políticos un discurso informado y comprometido Por Aquiles Córdova Morán

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En verdad, la práctica viene de tiempo atrás, de la época de los regímenes priistas posteriores al periodo presidencial del general Lázaro Cárdenas (1934-1940), momento culminante del impulso social nacido de la Revolución Mexicana. Pero, a pesar de su antigüedad, sigue siendo un hecho de absoluta actualidad debido a que los partidos políticos recién llegados al poder, sin ninguna excepción, la han adoptado con apenas alguna modificación insustancial, por haber comprobado sus eficacia para atraer el voto  ciudadano a bajo costo, mejor dicho, sin dar nada a cambio. Estoy hablando del estilo retórico de los discursos que pronuncian nuestros políticos en campaña, sin distinción de nivel (municipal, estatal o federal), importancia o carácter de la función (ejecutiva o legislativa) que conlleva el cargo al que aspiran.

El estereotipo no falla: invocación de “elevados” principios de política y de justicia social universal, citas de frases famosas, identificación pública del candidato con principios éticos y valores trascendentales (personales y sociales) que en privado no comparte ni entiende (porque le escriben el discurso), metáforas traídas de los cabellos para dar la impresión de profundidad de pensamiento y dominio del lenguaje, rosario más o menos nutrido de antítesis que pretenden ser contundentes, y esclarecedoras a más no poder, del perfil político global del aspirante y de lo que se propone hacer “si el voto me favorece” (no creo esto, sino aquello; no pienso en esto, sino en aquello; no toleraré tal cosa o tal conducta, sino tales y cuales otras, etc.) y, finalmente, pero no por ello menos importante, la demagogia descarnada que manipula sin recato la sensiblería a flor de piel de nuestra gente ingenua, adulando sus intereses y convicciones más comunes y arraigados, es cierto, pero muchos de ellos perjudiciales para sus verdaderos intereses, como es lógico esperar de un pueblo despolitizado y con bajo nivel de escolaridad gracias a una política educativa errónea o malintencionada.

Es aquí donde entran las repugnantes (por manipulatorias) referencias encomiásticas a la familia del candidato, elevada de pronto a paradigma insuperable de las virtudes de la familia mexicana; los llamados a los presentes para que, “pensando en sus propios hijos, por los que seguramente están dispuestos a cualquier sacrificio”, voten por el candidato que, al mostrarles la suya, les ha puesto delante el modelo de vida familiar que deben perseguir y alcanzar juntos. Lugar destacado ocupa la referencia al “origen popular” del candidato, la modestia económica de su familia y las carencias que padeció en su infancia, los “esfuerzos y sacrificios” que tuvieron que hacer todos para darle una buena educación, etc., rematando todo con la consabida frase: “yo soy producto de la cultura del esfuerzo” y, por ello, “entiendo perfectamente las necesidades de la gente, me identifico con sus anhelos de progreso y de justicia social” y les prometo “no defraudarlos, sino cumplir fielmente, como gobernante, lo que como candidato les estoy ofreciendo”. Después de tan brillante pieza oratoria, no queda más que sentarse a esperar las urnas repletas de votos en favor del hábil discurseador. Pero después de años y años de escuchar puras “variaciones sobre el mismo tema”, como dicen en música, de escuchar las mismas promesas y las mismas apelaciones sentimentaloides al atraso y la incultura de la gente, con idénticos o parecidos resultados, o sea, nada, la eficacia de este discurso está totalmente agotada. La gente concurre a los mítines y manifestaciones de apoyo por intereses más concretos que las promesas de saliva del candidato: conseguir algún “utilitario” (así le llaman, en la jerga electorera, a los obsequios baratos que dan a los “acarreados”) o por temor a represalias de sus “líderes”. Y nada más.

Hace ya rato que es hora de sepultar esa oratoria, ampulosa y llena de lugares comunes y promesas en abstracto que no comprometen a nada. Basta ya de ridiculeces como “detrás de todo gran hombre hay una gran mujer”, “vengo desde abajo y por eso me identifico con el pueblo”, “soy hombre de palabra y de compromisos”, “no toleraremos la impunidad”, “nadie por encima de la ley”, “combatiremos la pobreza con todo”, etc., etc. El elector mexicano necesita, y debe exigir, candidatos que le hablen de manera inteligente, clara y precisa, de sus problemas y carencias reales, inmediatas y mediatas, de las verdaderas causas de tales problemas y, de manera absolutamente puntual, concreta, qué tipo de políticas se propone llevar a cabo para resolverlos o comenzar a resolverlos. Los mexicanos todos, los que votamos y los que no, debemos aprender a medir el calibre intelectual, la cultura universal, el desinterés, la honestidad, la sinceridad, la laboriosidad y la definición ideológica de quien pide nuestro voto para poder gobernarnos. Y eso puede hacerse fácilmente si, al hablarnos, muestra un dominio perfecto de los temas de su campaña, si conoce a fondo las carencias de la gente, si es capaz de explicar la raíz de tales carencias y si, finalmente, sus propuestas de solución son realistas, acertadas y posibles de ponerse en práctica y no pura demagogia. Si no cumple con estos requisitos mínimos, debemos negarle el voto. De esa manera, comenzaremos a construir desde abajo un nuevo tipo de político, es decir, un nuevo tipo de gobernante y de gobierno, que es lo que pide a gritos el nuevo país que todos demandamos.

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Siete voces, siete silencios. Por Caleb Ordóñez Talavera

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El desayuno se interrumpió con el sonido seco de los disparos. Alejandro Leyva apenas tuvo tiempo de reaccionar. Estaba sentado en una fonda del fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, Oaxaca, en una mañana que parecía igual a cualquier otra. Entonces llegaron hombres armados en motocicleta. Apuntaron directo. Dispararon sin titubeos. Tres impactos, principalmente en la parte superior del cuerpo, bastaron para arrebatarle la vida casi de inmediato. Una mujer que se encontraba en el lugar también resultó herida. Los agresores huyeron con la misma rapidez con la que aparecieron. En cuestión de segundos, lo cotidiano se convirtió en tragedia.

Alejandro Leyva no era un desconocido. Había dirigido la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, escribía la columna El Zumbido del Moscardón y, sobre todo, era una voz incómoda para el poder. En sus espacios criticaba la corrupción, denunciaba la violencia y cuestionaba decisiones del gobierno estatal. Incluso había denunciado amenazas y actos de intimidación en su contra desde tiempo atrás. Quienes hoy investigan el caso saben que no puede ignorarse ninguna línea relacionada con su actividad periodística. La Fiscalía General de la República ya atrajo la investigación.

Con él ya son siete periodistas asesinados en México durante este año.

Siete.

Es una cifra que debería provocar una crisis nacional. Sin embargo, en México, lamentablemente, ya aprendimos a recibir este tipo de noticias con total resignación. Ya no nos duele. Esa quizá sea la peor derrota.

Este crimen no es un caso aislado. Es la continuación de un patrón que este país se niega a romper, y por eso vale la pena detenerse a pensar en lo que realmente significa.

Porque el problema nunca ha sido únicamente el número de periodistas asesinados. El verdadero drama es que, detrás de cada crimen, existe un mensaje mucho más profundo: hay regiones enteras donde informar se convirtió en una actividad de alto riesgo.

Durante años, el periodista mexicano dejó de preocuparse únicamente por verificar datos, conseguir entrevistas o publicar exclusivas. Hoy también debe preguntarse si una investigación pondrá en riesgo a su familia, si un reportaje provocará amenazas, si una llamada desconocida puede cambiarle la vida o si una publicación en redes sociales bastará para convertirse en objetivo de alguien.

Esa no es una democracia sana.

México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de contextos formales de guerra. Y lo más preocupante es que esa realidad ya no distingue entre periodistas nacionales, reporteros comunitarios, conductores de radio, fotógrafos, columnistas o creadores de contenido que investigan asuntos públicos. Quien incomoda al crimen organizado, a intereses económicos o al poder político puede terminar enfrentando amenazas, campañas de desprestigio, demandas judiciales, vigilancia o, en el peor de los casos, la muerte.

Pero, ¿Por qué ocurre?

Porque la impunidad sigue siendo el mejor aliado de quienes quieren callar voces. Porque demasiados asesinatos permanecen sin castigo. Porque muchas amenazas jamás llegan a investigarse seriamente. Porque los mecanismos de protección suelen reaccionar cuando el riesgo ya escaló demasiado. Y porque, en numerosas regiones del país, el crimen organizado, los intereses políticos y la debilidad institucional terminan cruzándose peligrosamente.

Cada periodista asesinado envía, además, un mensaje devastador a las nuevas generaciones.

¿Qué joven de veinte años decidirá investigar corrupción municipal si observa que hacerlo puede costarle la vida?

¿Qué estudiante de comunicación apostará por el periodismo de investigación cuando descubre que quienes revelan información incómoda terminan necesitando escoltas (que nunca tendrá), cambiando de ciudad o siendo asesinados?

Cuando matan a un periodista no solamente eliminan una voz. También intentan sembrar miedo entre quienes todavía no empiezan a ejercer.

Y eso termina empobreciendo a toda la sociedad.

Porque cuando desaparecen periodistas independientes, también desaparecen historias que jamás conoceremos. Desaparecen denuncias de corrupción, investigaciones sobre desvío de recursos, vínculos criminales, abusos de autoridad o violaciones de derechos humanos. El silencio siempre beneficia a alguien. Nunca beneficia a los ciudadanos.

Por eso, la defensa de la libertad de expresión no puede recaer únicamente en los periodistas.

También corresponde a la sociedad. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de defender el derecho a estar informado. Eso significa valorar el periodismo serio, exigir investigaciones imparciales, rechazar la desinformación y comprender que una prensa crítica no es enemiga del gobierno, sino un contrapeso indispensable para cualquier democracia.

Y, desde luego, el Estado tiene obligaciones mucho más grandes. Pues no basta con emitir comunicados de condena después de cada asesinato. No basta con prometer investigaciones exhaustivas. Tampoco basta con atraer expedientes a instancias federales cuando la indignación ya ocupa los titulares.

El gobierno debe garantizar investigaciones rápidas, independientes y profesionales; fortalecer realmente los mecanismos de protección; castigar tanto a autores materiales como intelectuales y construir condiciones para que ningún periodista tenga que elegir entre publicar una información o conservar la vida.

Porque cuando el miedo dicta qué puede publicarse, la democracia comienza a perder terreno.

No los olvidamos.

Esta columna está dedicada a quienes ya no podrán volver a escribir una nota, tomar una fotografía o encender un micrófono este año: Carlos Castro, asesinado en Poza Rica el 8 de enero; Juan David Gámez, en Nuevo León el 18 de marzo; Roxana Guzmán, secuestrada el 2 de junio y encontrada sin vida semanas después; Luis Ángel López, asesinado en Poza Rica el 11 de junio; Alex Serna, en Zihuatanejo el 3 de julio; Josué Martínez, en Puebla el 16 de julio; y ahora Francisco Alejandro Leyva Aguilar, en Oaxaca.

Siete nombres.

Siete familias.

Siete historias interrumpidas.

Pero también siete razones para no acostumbrarnos.

Porque el día que dejemos de indignarnos por un periodista asesinado habremos aceptado que en México la verdad tiene precio. Y una nación que permite que maten a quienes la cuentan corre el riesgo de quedarse, para siempre, sin quien la narre.

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