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México

Deberá el Estado indagar desapariciones forzadas

El Senado dio primera lectura a los cambios al artículo 73 constitucional con lo cual se faculta al Congreso a legislar en materia de desaparición forzada, tortura y tratos crueles denigrantes acorde a normas internacionales.

La reforma clasifica la desaparición forzada como un delito de lesa humanidad e imprescriptible, por lo que el Estado deberá investigar, seguir y sancionar actos anómalos de autoridades así como de particulares.

Sin embargo, por presiones del PAN y PRD, la Cámara Alta pospuso el nombramiento y designaciones de al menos cinco funcionarios del Gobierno de Enrique Peña Nieto, hasta que el PRI acepte llevar al pleno la elección del sustituto del exmagistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Alejandro Luna Ramos, quien concluyó el lunes.

NOMBRAMIENTOS

Los legisladores omitieron aprobar los nombramientos y ratificaciones de funcionarios como la de Diana Bernal Ladrón de Guevara como Procuradora de la Defensa del Contribuyente y Ricardo Treviño, como Administrador General de Aduanas del SAT.

Así como el de Javier Laynez Potisek, exprocurador fiscal, quien fue designado como Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por un periodo de 15 años o la designación de Max Alberto Diener Sala, ex asesor Jurídico de la SRE, como Procurador Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda, entre otros.

El domingo pasado, el coordinador del PAN, Fernando Herrera, advirtió que no aprobarían ningún nombramiento del Ejecutivo federal hasta que no se votará la terna, enviada por la Suprema Corte de Justicia de Nación, para sustituir a Luna Ramos.

El PRI impulsa la candidatura de Javier Aguayo, mientras que el PAN y PRD públicamente han dado su respaldo a Enrique Aguirre Saldívar.

Este jueves, el presidente del Senado Miguel Barbosa aseguró que hay “dificultad” entre el grupo parlamentario del PRI para votar el tema del magistrado electoral que sustituye a Luna.

“Eso ha provocado que el PAN y el PRD establezcan que primero salga eso y después salgan todos los demás nombramientos”, afirmó.

EL PRÓXIMO MARTES

El perredista dijo que el tema será analizado en la sesión del martes, después de las votaciones de la reforma política del DF y de la reforma constitucional de desaparición forzada.

“No podemos dejar nosotros sin que quede de manera integrada, de forma completa la Sala Superior del Tribunal Electoral, porque un órgano de siete personas funcionaría con seis, en donde si bien el Presidente tiene voto de calidad, claro que cuando hay seis, el voto de calidad se vuelve poderoso, definitorio de números parejos”, dijo.

Barbosa reiteró que primero elegirán al sustituto de Luna Ramos. “Vamos a resolver el martes todos los nombramientos que son muchísimos”, dijo.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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