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Decreta Gobierno español estado de alarma y toque de queda nocturno

El presidente de gobierno español Pedro Sánchez decretó este domingo un estado de alarma que amparará la aplicación de un toque de queda en todo el país, a excepción de las islas Canarias, para enfrentar la nueva ola de coronavirus.

«El estado de alarma es la herramienta constitucional para situaciones extremas y la situación que vivimos es extrema», dijo en una comparecencia televisada Pedro Sánchez tras reunir de forma extraordinaria su consejo de ministros.

En esta reunión, convocada de urgencia en la víspera, el gobierno aprobó la aplicación de un estado de alarma durante quince días pero con la intención de pedir al Congreso una prórroga hasta principios de mayo, según explicó el jefe de Gobierno.

Dentro del decreto del estado de alarma, el ejecutivo impondrá un toque de queda nocturno entre las 23:00 y las 06:00 en todo el país excepto las islas Canarias, aunque da potestad a las autoridades regionales para avanzarlo o retrasarlo una hora.

Este régimen jurídico también permitirá a los gobiernos de las 17 regiones, con competencias sanitarias en España, restringir los movimientos de acceso y salida de sus territorios.

El anuncio llega en plena segunda ola del covid-19 en toda Europa y días después de que España superara oficialmente el millón de casos diagnosticados desde comienzos de la epidemia, siendo el primer país de la Unión Europea y el sexto del mundo en hacerlo.

Entre marzo y junio, durante la primera ola de la pandemia, el gobierno declaró el estado de alarma para decretar un severo confinamiento domiciliario en el país y asumir por completo la gestión sanitaria de la pandemia.

Desde entonces, la gestión recayó nuevamente en los gobiernos regionales que, sin el amparo que ofrece el estado de alarma, vieron cómo algunas de las restricciones decretadas para frenar la pandemia eran anuladas por el poder judicial.

«Es la herramienta más eficaz para frenar la curva de contagios y mantener a raya el virus», defendió Sánchez, quien descartó por ahora la imposición de un nuevo confinamiento domiciliario.

Para prorrogar el estado de alarma más de quince días, el gobierno necesita del apoyo del Congreso.

Si bien la coalición de izquierdas de Sánchez se encuentra en minoría, puede disponer del respaldo necesario con partidos nacionalistas vascos y catalanes y la formación de centroderecha Ciudadanos dispuestos a extenderlo.

Fuente: Infobae

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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