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México

Defensores de infancia alertan que en México 21 mil niñas están casadas con adultos

Defensores de infancia exhortan al endurecimiento de la ley para fijar los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio «sin excepciones» y propiciar las intervenciones necesarias para permitir que las niñas permanezcan en la escuela como una alternativa viable al matrimonio.

La agrupación humanitaria Save the Children, la más antigua en el mundo en defensa de la infancia, señala que si bien México estableció en 2014 en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) que los 18 años es la edad mínima para contraer matrimonio, «sin la otorga de dispensas o excepciones», a pesar de ello, los Registros Administrativos de Estadísticas Vitales sobre Nupcialidad de INEGI reportan que en el 2015 se casaron 20,783 niñas o adolescentes mujeres, la gran parte de ellas hicieron familia con adultos mayores que ellas.
Además, la Encuesta Intercensal 2015 de INEGI registró que en ese mismo año 75,443 niñas, niños o adolescentes entre 12 y 17 años ya se encontraban casados formalmente y más de 300,000 vivían en unión libre. En ambos casos el 80% de las uniones correspondía a niñas o mujeres adolescentes.

Los códigos civiles o familiares de Querétaro, Sonora, Guanajuato, Nuevo León y Baja California aun permiten matrimonios antes de los 18 años de edad bajo la figura de dispensas o excepciones, en su mayoría por causas graves y justificadas. Sólo una entidad, Chihuahua, así como el Código Civil Federal, aun establecen una edad menor a los 18 años para contraer matrimonio, es decir 16 años en varones y 14 años en mujeres.

Actualmente Save the Children en México, en alianza con siete organizaciones más de la sociedad civil, presentó un Amicus Curiae ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en respuesta ante una “Acción de Inconstitucionalidad” promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes. Dicha acción demanda la invalidez de diversas disposiciones del Código Civil de Aguascalientes que establecen como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años de edad y propone otorgar dispensas o excepciones para que menores de edad puedan casarse nuevamente a partir de los 14 años de edad, alerta Save the Children.

En total, alrededor del mundo 7.5 millones de niñas se casan ilegalmente cada año. Además, cerca de 100 millones de niñas no están protegidas contra el matrimonio infantil en virtud de las leyes de sus países.

Un número creciente de países está aumentando la edad legal para contraer matrimonio o eliminando excepciones o dispensas que permiten las uniones formales con el consentimiento de los padres o de jueces o tribunales. Sin embargo, la implementación de tales leyes es un desafío.

Más de dos tercios de todos los matrimonios infantiles siguen teniendo lugar por debajo de la edad mínima permitida por la ley, lo que demuestra la dificultad de poner fin a esta práctica nociva.

Si bien algunos de estos matrimonios son informales en lugar de formales, la mayoría seguirá siendo ilegal bajo los estándares de la ley.

En el Día internacional de la Niña, a conmemorarse este miércoles 11 de octubre, la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, advierte qué hay un incremento de situaciones de conflicto para niñas y adolescentes, en escenarios de crimen organizado y en momentos de emergencia que vive el país.

Se estima que el 50% de la población adolescente de 12 a 17 años ha sido víctima de algún delito sexual; 7 de cada 10 adolescentes victimizados por estos delitos, fueron mujeres, precisa la REDIM.

En México, en 2015, 6.6 millones de niñas y adolescentes tenían entre 12 y 17 años; entre estas, 5 de cada 100 se encontraba casada o unida principalmente en Aguascalientes y Puebla, donde la cifra duplica a la media nacional alcanzando más de 8 puntos porcentuales.

En 2015, confirma la REDIM, se celebraron 20 mil 782 matrimonios de niñas o adolescentes; en 89% de estos matrimonios el cónyuge tenía 18 o más años. En 2015, uno de cada tres matrimonios de niñas y adolescentes se celebró en el estado de México o en Guerrero; y 1 de cada 10 se celebró en Michoacán o Chiapas.

Las cinco entidades con menor número de matrimonios de infancia y adolescencia son Quintana Roo (137), Nuevo León (111), Oaxaca (104), Baja California Sur (52) y Morelos (11), concluye la REDIM.

La debilidad de la aplicación de las normas y la desconexión entre las leyes nacionales, locales, consuetudinarias y religiosas son parte de las barreras. Las tradiciones y las creencias profundamente arraigadas dentro de las comunidades son factores que apoyan a menudo esta práctica.

«No veremos un mundo donde las niñas y los niños tengan las mismas oportunidades de tener éxito en la vida hasta que erradiquemos el matrimonio infantil. Cuando una chica se casa demasiado joven, su papel se enfocará en ser madre y esposa y no en ser niña. Es más probable que abandone la escuela, pueda quedar embarazada y sufra abuso. Las leyes que prohíben la práctica son un primer paso importante. Necesitamos cambiar las actitudes en las comunidades para que podamos acabar con esta práctica dañina de una vez por todas» finalizó Helle Thorning-Schmidt, CEO de Save the Children Internacional.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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