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Delegados exigen poder promoverse; reclaman ‘derechos propagandísticos’

Alegando respeto a sus derechos propagandísticos, superdelegados de programas federales en los estados buscan que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) les retire sanciones por promoción personalizada y les permita el libre ejercicio de recursos públicos y la divulgación de logros gubernamentales.

Mediante 39 impugnaciones presentadas ante la Sala Superior del máximo tribunal en materia electoral, los funcionarios buscan echar atrás el fallo de la Sala Regional Especializada del propio TEPJF, que determinó que los superdelegados y los funcionarios de la Secretaría de Bienestar incurrieron en propaganda gubernamental, con elementos de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos y de la imagen del jefe del Ejecutivo.

Las impugnaciones provienen de funcionarios federales de 24 estados. Entre los superdelegados que las promovieron destacan Reyes Flores Hurtado, de Coahuila; Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, de Guerrero; Roberto Pantoja Arzola, de Michoacán; Hugo Eric Flores Cervantes, de Morelos; Rodrigo Abdalá Dartigues, de Puebla; Lorena Cuéllar Cisneros, de Tlaxcala; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de Veracruz, y Joaquín Jesús Díaz, de Yucatán, quienes suenan como posibles aspirantes a las gubernaturas de sus estados.

Superdelegados de programas federales en los estados reclaman ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sus derechos propagandísticos de cara a los próximos comicios locales y los intermedios de 2021.

En la Sala Superior del máximo tribunal en materia electoral se registraron 39 recursos de impugnación en contra de la resolución que emitió la Sala Regional Especializada del propio Tribunal Electoral, que determinó que los superdelegados y los funcionarios de la Secretaría de Bienestar incurrieron en propaganda gubernamental, con elementos de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, así como el uso indebido de la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador y la mención de logros cumplidos en diversas frases.

En la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón están concentrados los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador de los funcionarios federales sancionados por incurrir en violaciones al artículo 134 constitucional, que establece el uso imparcial de los recursos públicos y prohíbe la promoción personalizada de los servidores públicos.

Ahora, los superdelegados del gobierno federal en los estados, así como los subdelegados, los asignados como funcionarios regionales y los servidores de la nación tienen registradas sus impugnaciones para que desde la Sala Superior se resuelva no sólo que no sean sancionados, sino que puedan ejercer libremente la distribución de los recursos y la promoción de logros gubernamentales, principalmente en el contexto de los próximos procesos electorales.

Las impugnaciones provienen de funcionarios federales de Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Dentro de los 24 superdelegados que defienden sus derechos propagandísticos ante la Sala Superior del TEPJF, sobre todo porque son de los que se mencionan entre los posibles aspirantes a las respectivas gubernaturas de sus estados, están Reyes Flores Hurtado, de Coahuila; Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, de Guerrero; Roberto Pantoja Arzola, de Michoacán; Hugo Eric Flores Cervantes, de Morelos; Rodrigo Abdalá Dartigues, de Puebla; Lorena Cuéllar Cisneros, de Tlaxcala; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de Veracruz, y Joaquín Jesús Díaz, de Yucatán.

Además, están otros superdelegados estatales: Aldo Emmanuel Ruiz Sánchez, de Aguascalientes; Katia Meave Ferniza, de Campeche; María Cristina Cruz, de la Ciudad de México; Indira Vizcaíno, de Colima; José Antonio Aguilar, de Chiapas; Edgar Morales, de Durango; Mauricio Hernández, de Guanajuato; Armando Zazueta, de Jalisco; Blanca Judith Díaz, de Nuevo León; Nancy Cecilia Ortiz, de Oaxaca; Gabino Morales, de San Luis Potosí; José Jaime Montes, de Sinaloa; Jorge Luis Taddei, de Sonora; Carlos Manuel Merino Campos, de Tabasco; José Ramón Gómez Leal, de Tamaulipas, y Verónica del Carmen Díaz Robles, de Zacatecas.

El senador por Michoacán, Cristóbal Arias, advirtió que el próximo gobierno del estado no debe ser para satisfacer los egos de una persona ni en el que se privilegie el autoritarismo.

De cara a los comicios para renovar la gubernatura michoacana en 2021 y ante la mención de que podría ser candidato, al igual que el delegado federal en el estado, Roberto Pantoja Arzola, Arias puntualizó que para Michoacán no se debe considerar un gobierno de pensamiento uniforme ni que busque satisfacer los intereses de grupo, sino beneficiar a toda la población.

Fuente: Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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