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Resto del mundo

Demandan en EU por vacíos en bases de datos de armas

Tres ciudades estadunidenses presentaron este martes una demanda acusando al Departamento de Defensa de no incluir a muchos militares inhabilitados para portar armas en la base de datos policial.

La demanda, presentada por Nueva York, San Francisco y Filadelfia argumenta que esa falla permitió la masacre de 26 personas en una iglesia en Texas el mes pasado.
Las agencias policiales regionales y municipales dependen de la base de datos nacional mantenida por el FBI para regular las ventas de armas y evitar que caigan en manos de personas con pasado criminal.

Por lo cual, la base de datos tiene que estar actualizada para poder ser eficaz, señala la querella.

La queja, presentada en el tribunal federal de Alexandria, Virginia, pide un recurso de amparo y mayor control de los tribunales para obligar al Departamento de Defensa a cumplir la normativa de entregar la información relevante.

Añade que las fallas en el Departamento de Defensa permitieron matanzas como la perpetrada por Devin P. Kelley, quien fue miembro de la Fuerza Aérea y quien había sido convicto de agredir a familiares y por lo tanto estaba inhabilitado para comprar un arma.

Debido a que no había información que lo descalificara en la base de datos, Kelley pudo comprar un fusil y matar a 26 personas el 5 de noviembre en una iglesia en Sutherland Springs, Texas.

Jefes de la Fuerza Aérea admitieron que el servicio no reportó debidamente al FBI los antecedentes penales de Kelley y que hubo varias docenas de problemas similares.

Agregaron que el procedimiento estaba en su normativa, pero hubo fallas en el cumplimiento y en el entrenamiento del personal; el Ejército también admitió que tuvo fallas en esa área.

Las agencias policiales regionales y municipales dependen de la base de datos nacional mantenida por el FBI para regular las ventas de armas y evitar que caigan en manos de personas con pasado criminal.

 

Resto del mundo

Cofece multa a Walmart por prácticas monopólicas: la batalla legal apenas comienza

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un golpe histórico al multar a Walmart de México con 93.4 millones de pesos tras concluir una investigación que se extendió por más de cuatro años. La razón: prácticas monopólicas relativas, particularmente en el trato con sus distribuidores.

Según el dictamen de la Cofece, Walmart aprovechó su posición dominante en el mercado para imponer condiciones desfavorables a los proveedores, afectando la competencia en el sector. Aunque no se han revelado todos los detalles de las “contribuciones” impuestas a los distribuidores, el veredicto destaca cómo estas prácticas distorsionan el acceso al mercado y perjudican a competidores más pequeños.

En respuesta, Walmart no tardó en reaccionar. La empresa anunció que impugnará la decisión y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de las leyes mexicanas. En su comunicación oficial, destacó que la sanción carece de fundamento y que está basada en interpretaciones erróneas. Este movimiento era predecible: para una empresa de este tamaño, 93 millones de pesos no solo representan una cifra considerable, sino también una amenaza a su reputación.

Por otro lado, la Cofece también se juega mucho. Este caso es una muestra clara de su intención de reforzar la vigilancia sobre los gigantes corporativos. Sin embargo, una batalla legal prolongada podría poner a prueba su capacidad de defender sus resoluciones en tribunales.

Más allá de la multa, el caso de Walmart pone el reflector sobre una problemática común en el comercio minorista: el desbalance de poder entre grandes cadenas y pequeños distribuidores. Si bien el desenlace de este litigio aún está por definirse, el mensaje es claro: los días de actuar sin consecuencias podrían estar contados. La industria y los consumidores estarán atentos a cada movimiento en esta batalla judicial.

 

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