Opinión

DEMOCRACIA DEL AGUA Y CAMBIO CIVILIZATORIO

Por: Víctor M. Quintana S.

Una nueva y grave crisis recorre todo el país, sobre todo el norte árido: la crisis del agua. Ya ha provocado serias disputas entre comunidades, ente órdenes de gobierno, entre productores y consumidores. Es una crisis provocada por la agudización de la vulnerabilidad de poblaciones y ecosistemas ante el cambio climático. Nuevos actores, nuevos intereses invaden viejos derechos y accesos: compañías mineras extranjeras en unos cuantos meses consumen toda el agua que un pueblo necesita para su vida entera; acaudalados agricultores cosechan divisas con cultivos de exportación dejando sin agua para producir sus alimentos a los campesinos. La diputa por el agua ya causó dos asesinatos este año: el de Ismael Solorio y su esposa Manuelita Solís, en Chihuahua.

Sin embargo, se abre una oportunidad histórica para operar una transformación estructural. El año pasado se agregó un párrafo al Art. 4º. Constitucional estableciendo el derecho humano al agua y al saneamiento en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Se dio al Congreso de la Unión un plazo de 360 días, que vence el próximo 3 de febrero para la elaboración de una nueva Ley General de Aguas. A partir de esto, la Red Temática del Agua, organismo que agrupa gente de la academia, de centros de investigación, activistas sociales y representantes de comunidades convocó los pasados 7 y 8 de diciembre al Congreso “Ciudadanos y sustentabilidad del auga en México”. En las diez mesas de trabajo, se recibieron muy sólidas propuestas, pensadas desde abajo y fundamentadas desde la ciencia, para construir una nueva ley para hacer efectivo el derecho del agua para todos y para siempre, así como para elaborar un Plan Hídrico Nacional e instancias ciudadanas, societales, para la gestión del más vital de los recursos.

El establecer en la Constitución el derecho humano al agua y hacer que el Estado lo garantice entraña convertir el suministro para consumo humano, para las generaciones actuales y futuras y para los ecosistemas, con agua de calidad y suficiente como la prioridad primera, básica, de la operación de todos los sistemas y de las cuencas. En una palabra, garantizar agua para todos y para siempre. Enseguida, tendría prioridad el agua necesaria para cultivar los alimentos básicos para la población, es decir, el agua para la soberanía alimentaria y no para el lucro . Sólo el agua que sobrara después de esto o el agua tratada, podría entonces emplearse para cultivos no básicos o para la industria o para la extracción de minerales.

Esto implica dos transformaciones fundamentales en la participación ciudadana y en el modo de vida. La primera es indispensable para el manejo de los bienes comunes escasos. Para implementarla se contempla la constitución de consejos de cogestión de cuenca. Estos consejos, integrados paritarariamente por representantes de los tres órdenes de gobierno y de las y los ciudadanos, vendrían a ser la pieza central de la democracia del agua. Sus funciones principales serían elaborar y ejecutar el plan rector de la cuenca, a partir de los dictámenes de disponibilidad y de impacto. Serían los responsables de realizar la gestión integral de las cuencas para que se utilicen sólo los caudales de agua ecológicamente disponibles en ellas y de evitar la sobreextracción y la contaminación y disminuir la vulnerabilidad. Democracia del agua sería pues quitarle al Estado al monopolio sobre la planeación y asignación de este recurso. Y si la democracia parte de lo más básico de lo básico nadie la podrá parar cuando se trate de la gestión de los demás bienes comunes. Democratizando el agua no se podría detener la democratización de la sociedad.

La otra transformación tiene implicaciones inimaginables. El que democráticamente se asignen los volúmenes de agua a las comunidades y a los ecosistemas, a partir de estimaciones científicas desinteresadas, hará que se atienda primero un piso de derechos básicos para todos y se destine lo que reste para usos agrícolas o industriales o domésticos suntuarios. Esto va a impactar a la industria, a la minería, incluso a la agricultura productora de alimentos no básicos. El lograr que nadie muera de sed ni de carencia de alimentos, ni de enfermedades provocadas por la falta de agua tiene su impacto en nuestro modo de vida, sobre todo en nuestro modo de consumo. No podemos seguir comiendo, bebiendo, vistiéndonos, transportándonos, divirtiéndonos como lo hacemos ahora. El planeta no lo aguantará y donde se resentirá primero será en el agua. Entonces, o nos encaminamos a un futuro hobbsiano donde sean los más fuertes quienes sigan concentrando –y malversando- los recursos naturales de todos a costa de la mala calidad de vida y la muerte de las mayorías; o empezamos una nueva civilización basada en el compartir, en la responsabilidad de cada uno con la comunidad planetaria. Una civilización que esté muy consciente de aquello que alguna vez dijo Iván Illich: “las fronteras de lo bueno y de lo estrictamente necesario prácticamente son las mismas”.

Si la nueva Ley General de Aguas que se construye de manera participativa recoge todo esto, silenciosa y pacíficamente estaremos dando un golpe mortal al extractivismo y al capitalismo depredador de ecosistemas y de comunidades. Al mismo tiempo estaremos sentando un primer cimiento para el cambio civilizatorio que le urge a esta humanidad cada vez más tensionada, violenta e injusta.

Opinión

Huachicol y otros demonios. Por Caleb Ordoñez T.

México lleva ocho años combatiendo el huachicol y el huachicol lleva ocho años ganándole por goleada. López Obrador inauguró su gobierno cerrando ductos y prometiendo mandar al huachicolero al museo de la corrupción del pasado. Ocho años y una transición después, México registró 2,563 tomas clandestinas solo en el primer trimestre de 2026: una cada 51 minutos. El huachicolero no murió. Evolucionó, se puso corbata y aprendió política.

¿Por qué Huachicol?

“Huachicol” nombró primero al alcohol adulterado, era una bebida que prometía una cosa y entregaba otra, antes de migrar a la gasolina robada y, ya en su versión de cuello blanco, al huachicol fiscal. Somos creativos para ponerles nombres folclóricos a nuestras tragedias.

Caleb Ordoñez Talavera

Y esto dejó de ser folclor hace mucho. En el primer trimestre del año, Hidalgo registró 731 tomas clandestinas; Jalisco, 578; el Estado de México, 189. Cuautepec de Hinojosa, un solo municipio de Hidalgo, acumuló 202 perforaciones en tres meses. Una toma clandestina cada 51 minutos no es el vecino con una manguera a las tres de la mañana. Es una industria con horario de oficina, y una industria necesita nómina: gente para sacar el combustible, pipas para moverlo, bodegas para guardarlo y empresas de papel para lavar las ganancias. Y para sostener el aparato durante años hace falta el insumo más caro de todos: suficientes autoridades dispuestas a no ver, no oír y no preguntar.

Aquí conviene hacer una pausa honesta. El gobierno tiene un argumento real que oponer a esto: los aseguramientos han aumentado, no disminuido, y parte de la razón por la que ahora “vemos” más huachicol es que se está buscando más que antes. Es cierto. El problema es que ese argumento explica el número de decomisos, no el de tomas clandestinas —que también aumentó—, y tampoco explica por qué las redes de corrupción y protección que hacen posible semejante negocio han logrado sobrevivir durante ocho años. Encontrar más droga no prueba que se esté ganando la guerra contra el narco; encontrar más huachicol tampoco prueba que se esté ganando esta.

La escoba de Tabasco

Aquí entra Adán Augusto López. No existe sentencia que lo vincule con el huachicol ni está acreditado que perteneciera a La Barredora. Su problema es otro, y más incómodo: cuando gobernaba Tabasco, puso al frente de la seguridad pública a Hernán Bermúdez Requena, el hombre encargado de cazar exactamente a los delincuentes que terminó, presuntamente, dirigiendo.

Hoy Bermúdez está procesado como presunto jefe de “La Barredora”, organización señalada por extorsión, secuestro y robo de combustible. El hombre puesto a barrer el crimen de Tabasco terminó acusado de encabezar La Barredora llena de corrupción. Adán Augusto ha negado cualquier vínculo y no enfrenta cargos. Pero muchos tabasqueños aseguran que está involucrado.

Lo que no resuelve es la pregunta política: ¿cómo se gobierna un estado sin enterarse de lo que ocurre alrededor del propio jefe de Seguridad? Solo hay dos respuestas, y ambas son un problema. Si lo sabía, es gravísimo. Si no lo sabía, la pregunta es qué estaba gobernando exactamente. Para quien después llegó a secretario de Gobernación y hoy pretende conservar influencia en la definición electoral de 2027, ninguna cabe en un currículum, aunque ambas quepan en la política mexicana.

El huachicol aprendió a usar corbata

Mientras el país perseguía mangueras en el campo, el negocio se mudó a un piso más alto. El huachicol fiscal ni siquiera necesita perforar un ducto: puede bastarle un barco, una importación mal declarada, una empresa fachada y un pedimento aduanal firmado por la persona indicada. Cambió la camioneta por un escritorio y la manguera por un sello.

Las investigaciones han tocado ya a mandos vinculados con la Marina, la institución a la que López Obrador entregó el control de las aduanas para, supuestamente, erradicar la corrupción. Se le dieron las llaves de la puerta trasera a quien debía cuidarla. El pasado 17 de septiembre se conoció en Guanajuato el aseguramiento de 59 millones de litros de presunto combustible ilícito en diez tanques. Con una cifra así, preguntar solo quién manejaba la pipa es casi un acto de inocencia voluntaria. La pregunta es quién permitió construir la carretera —económica, institucional y política— por la que ese combustible circuló durante años.

Adán y la búsqueda incesante de gubernaturas

Tras el escándalo, Adán Augusto dejó la coordinación de Morena en el Senado y anunció que se dedicaría a tareas electorales rumbo a 2027, elección en la que se disputarán 17 gubernaturas para la que Morena ya registró 277 aspirantes. Lejos de desaparecer, sigue moviendo fichas: respalda públicamente a Andrea Chávez en Chihuahua, frente al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar (favorito en encuestas), y participa en la operación territorial del partido en estados donde aún no se resuelven las candidaturas.

Es decir: mientras el país intenta averiguar cómo el crimen organizado penetró policías, gobiernos y negocios de combustible, uno de los políticos más salpicados políticamente por el caso sigue participando en la construcción del próximo mapa de poder. Solo en la política mexicana un escándalo de ese tamaño puede convertirse en escala y no necesariamente en lastre.

Los otros demonios

Nos acostumbramos a las fotografías de bidones y camionetas incendiadas —una imagen casi reconfortante porque colocaba al delincuente lejos del poder—. Pero un negocio capaz de producir miles de tomas clandestinas y sobrevivir durante ocho años no se explica únicamente desde abajo. Necesita perforadores, sí, pero también transportistas, empresarios y funcionarios que decidieron no complicarse la vida. Necesita, sobre todo, silencio comprado al mayoreo.

López Obrador creyó que bastaba con cerrar ductos. Sheinbaum enfrenta algo más incómodo: averiguar hasta dónde llegan las tuberías políticas que heredó y decidir —con nombres y cargos, no con comunicados— cuánto está dispuesta a seguirlas. Decomisar combustible es relativamente sencillo; investigar las redes de funcionarios, empresarios y protectores que permitieron que el negocio sobreviviera mientras el gobierno presumía combatirlo es otra cosa.

Ahí empiezan los otros demonios. Porque seguir una manguera es fácil. Lo verdaderamente peligroso es seguir el dinero y, de ahí, sin desviarse, seguir al poder mismo.

¿Alguien les pondrá un alto?