Opinión
DEMOCRACIA SIMULADA POR VICTOR M. QUINTANA SILVEIRA
DEMOCRACIA SIMULADA
Por: Víctor M. Quintana S.
La transición a la democracia en México está atorada en buena medida porque se simula que hay procesos auténticamente democráticos. Lo que ocurrió en Chihuahua en tan sólo una semana lo viene a confirmar: se simula la exigencia de cuentas, se simula el debate, se simulan la apertura y el pluralismo.
El súbito redescubrimiento del cochinero en Unión Progreso.
De pronto Unión Progreso acaparó los titulares que por asuntos más importantes no había logrado. Haberlo sabido: bastaba con que alguien que fuera de un partido adversario del PRI tuviera alguna relación con esa institución bancaria para que se hiciera el escándalo.
La denuncia seria, fundamentada, del Lic. Jaime García Chávez, cuyo expediente consta ya de 92 tomos de mil hojas cada uno en la Unidad de Inteligencia Financiera de la PGR no acaparó tantos titulares como el señalamiento de esta semana. Éste fue hecho por Alan Falomir, candidato a diputado federal del Movimiento Ciudadano, a Juan Blanco, candidato a su vez del PAN en el mismo sexto distrito. Claro, como la primera involucra al propio Gobernador del Estado, a su Secretario de Hacienda y al ex Director de la Junta Central de Aguas, ex Director del Fideapech y ahora candidato a diputado federal Carlos Hermosillo, no había que darle tanto revuelo si se quería seguir cobrando con tranquilidad en la Coordinación de Comunicación Social de Aldama y Vicente Guerrero.
¿Por qué el candidato del Movimiento Ciudadano, así como citó a Juan Blanco para que diera su explicación sobre su adeudo y su eventual carácter de socio de Unión Progreso, no citó a César Duarte, Jaime Herrera y Carlos Hermosillo a que explicaran su participación accionaria en Banco Progreso y el origen de ésta? ¿Por qué en su momento no se sumó a la denuncia de García Chávez, retomada luego por Unión Ciudadana? Ciertamente Juan Blanco tendrá que dar una explicación convincente y transparente de todo este enredo, pero también los tres personajes arriba citados. ¿Será que el bien articulado candidato naranja de encabritado pasó a encapritado?
A partir del adeudo –parece más real que supuesto- de Blanco a Unión Progreso, se suscitó el celo digno de mejores causas del caporal del Congreso. Ahora actuó cobrador de la institución bancaria de la cual su jefe es el mayor accionista en lugar de vigilar el recto uso de los recursos públicos a través de una inocua Comisión de Fiscalización.
Como tienen una cola tan larga ellos mismos se la pisan sin saberlo. También arremetieron contra Blanco por el adeudo a Fideapech que, con razón debe también explicar. Pero allá en la lejana Parral, el candidato a diputado federal por el PRI Carlos Hermosillo, ex director de Fideapech en 2011, no transparenta su gestión de ese período, ni los créditos que otorgó, ni siquiera si él ha sido beneficiario de ellos. Rehúye sistemáticamente cualquier debate.
Empresariado bipartidista
Hablando de debates es necesario referirse al Encuentro con Candidatos promovido por el Consejo Coordinador Empresarial en la ciudad de Chihuahua. Sólo fueron requeridos quienes representan al PAN y al PRI. Ahora sí acudieron con presteza los tricolores que rechazan debatir y sólo acuden a exposiciones paralelas de candidatos, donde no se les toque ni con el pétalo de una pregunta.
Con esta invitación quienes dirigen el CCE mostraron su bipartidismo excluyente. Para ellos sólo hay de dos sopas, las demás, no valen la pena. Prueba de ello es que luego Madero y Ramírez se acusaron mutuamente, uno por panista y el otro, por priísta. El mensaje que le mandan a la sociedad es que hay que aplicar la “realpolitik” y sólo escuchar a quien según ellos pueden ganar. Si el apoyo a los partidos que pueden ganar, independientemente de las prácticas de éstos, es su valor máximo en política, que no anden pregonando que son plurales, abiertos y que otros son sus valores. Ciertamente este agrupamiento empresarial puede invitar a su casa a quien se le pegue la gana, pero esto no es lo más coherente con lo que acaba de declarar su presidente nacional Gerardo Gutiérrez Candiani en el sentido que México “requiere un sistema de partidos sólido” y que “… la democracia para desarrollarse, necesita demócratas, con congruencia entre lo que dicen y lo que practican; entre lo que predican y su comportamiento fuera del escrutinio público.” (Boletín de prensa del CCE, 25 de mayo de 2015).
La simulación de los debates.
Por último, diversos medios y organismos cuando organizan un “debate” entre candidatos insisten en que sólo gire en torno a las “propuestas” de éstos. ¿Es esto un verdadero debate? ¿Puede basarse la elección de un candidato o partido solamente en lo que propone para el futuro y no lo que hizo en el pasado reciente? ¿Acaso no es procedente que se les demande coherencia entre lo que han hecho y lo que pretenden hacer? Por ejemplo, ¿con qué bases se le puede creer a un candidato que propone el combate frontal a la corrupción cuando él o ella ha sido pieza clave en el sistema que favorece y sirve de tapadera a la corrupción?
Se dice que eso se hace porque la ciudadanía está cansada de los ataques entre partidos. No, la ciudadanía está cansada de que la traten como débil mental, como amnésica ante la historia. De que un partido critique a otro cuando incurre en las mismas malas prácticas del criticado. De que candidatos al legislativo nos prometan como si fueran parte de un poder Ejecutivo sin contrapesos. Ahora resulta que, para que la gente tome interés en los debates, estos deben ser anodinos.
Como dice el dirigente empresarial arriba citado, la democracia para desarrollarse necesita demócratas. Lo que apreciamos en estos casos son demócratas simulados. Así no llegaremos lejos.
Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
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