Chihuahua

Denuncia Loya opacidad en recursos para Centro de Convenciones

Ante la total incertidumbre de qué pasó realmente con los 30 millones de pesos destinados para la construcción del Centro de Convenciones de Ciudad Juárez, el diputado del Partido Acción Nacional, Rogelio Loya Luna, exhortó al secretario de Economía del Estado a que rinda un informe sobre su situación jurídica, fiscal y contable.

Cabe recordar que desde febrero de este mismo año, Rogelio Loya había solicitado una auditoría al fideicomiso del Centro de Convenciones de aquella frontera, desde su creación a la fecha, motivado por la inquietud del sector empresarial juarense.

«Como todos saben, los recursos que se destinan al fideicomiso son aportados por empresarios juarenses a través de una sobretasa que se aplica adicional al Impuesto Predial. Sin embargo, de lo recaudado los últimos años, una parte fue entregada al fideicomiso y otra parte la utilizaron para pagar la nómina», indicó Loya Luna.

El diputado panista recordó que la propia senadora Lilia Merodio, de extracción priísta, «acusa al gobierno de estado, urgiéndoles a comprobar el gasto de los recursos entregados desde 2012 para iniciar las obras del Centro de Convenciones, mientras los recursos son utilizados, sabemos bien, para comprar votos a favor de los candidatos del PRI».

Durante la más reciente reunión en la Ciudad de México entre empresarios, autoridades federales y estatales, salió a colación que el gobierno estatal no había comprobado ese gasto por 30 millones de pesos, y ahí mismo, el secretario de Economía del Estado, Manuel Russek Valles, se comprometió a hacerlo.

«El presupuesto de egresos de la federación para el 2016 está en puerta, y si no se resuelve este punto no se incluirán recursos adicionales, el gobierno federal no puede dar más presupuesto si no hay una comprobación de los gastos y el ingreso otorgado, y mientras no se compruebe este gasto la financiación federal para este Centro de Convenciones estará en riesgo de detenerse», lamentó Loya Luna.

El diputado de Acción Nacional indicó que «opacidad y discrecionalidad son las características que definen la aplicación de los recursos de este importante complejo de desarrollo y promoción. Qué lástima que una obra que pretende ayudar a este municipio pudiera verse afectado por el manejo tan oscuro que se ha hecho de la aplicación de los recursos provenientes a través de esa vía desde el Gobierno federal», concluyó.

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Chihuahua

Declara SCJN despenalización del aborto en Chihuahua

Chihuahua, Chih.- Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararon inconstitucionales varios artículos del Código Penal del Estado de Chihuahua que penalizaban el aborto, tras aprobar la acción de inconstitucionalidad 1/2024 presentada por la Primera Sala.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó el proyecto, el cual fue avalado con base en el amparo en revisión 666/2023, resuelto por la Primera Sala el 18 de octubre de 2023 con una mayoría de cuatro votos.

En dicha resolución, se determinó que los artículos 143, párrafos primero y segundo, y 145 del Código Penal de Chihuahua vulneran los derechos a la salud, la igualdad y la no discriminación de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

Además, se estableció que estas disposiciones imponen la maternidad de manera obligatoria, lo que atenta contra el derecho de cada persona a definir su proyecto de vida y a disfrutar del mayor nivel de bienestar físico, mental y social, garantizando así su autonomía sobre la salud y el cuerpo, incluyendo la libertad sexual.

El amparo también subrayó la responsabilidad del Estado Mexicano de garantizar el derecho a la salud de mujeres y personas gestantes, brindando acceso a los mejores servicios de salud sexual y reproductiva, entendidos como un estado de bienestar integral y no solo como la ausencia de enfermedades.

Asimismo, se determinó que el artículo 146, fracción primera, es inconstitucional, ya que, aunque prevé excusas absolutorias, sigue considerando el aborto como delito, incluso cuando la interrupción del embarazo no fue consentida, como en casos de violación o inseminación artificial no autorizada. Esta normativa criminaliza a la mujer sin sancionar la conducta, lo que afecta negativamente su derecho a decidir.

Pese a la resolución, el Congreso del Estado no modificó ni derogó los artículos señalados como inconstitucionales, por lo que la Primera Sala solicitó al Pleno de la Corte emitir la declaratoria general de inconstitucionalidad, la cual entrará en vigor una vez que se notifique al órgano legislativo local.

Al tratarse de una materia penal, la declaratoria tendrá efectos retroactivos, beneficiando a mujeres y personas gestantes que estén bajo investigación, proceso o hayan sido sentenciadas por aborto, así como a los profesionales de la salud que hayan realizado interrupciones del embarazo con consentimiento.

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