Organizaciones civiles denunciaron ante el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) de la ONU al gobierno de César Duarte por ocultar información sobre el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre los feminicidios en la entidad, a pesar de que éstos se han incrementado más de mil por ciento en los últimos cinco años.

Alma Gómez Caballero, representante del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), comentó que, pese a los avances legislativos y la preocupación internacional por los feminicidios, la violencia contra las mujeres sigue siendo un grave problema.

Puso como un botón de muestra los datos del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI) que en 2007 reportó 53 asesinatos de mujeres y tres años después, en 2010, éstos se incrementaron a 584.

Las organizaciones Justicia para Nuestras Hijas, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) y Mukira entregaron un informe escrito a la CEDAW sobre la situación de violencia contra las mujeres en el estado de Chihuahua y señalaron que la política de seguridad del Estado para combatir la violencia y el crimen organizado no ha sido efectiva ni respetuosa de los derechos humanos, y ha acrecentado la vulnerabilidad de las mujeres en la región.

Informaron que desde 2008 el estado de Chihuahua tiene el mayor número de mujeres asesinadas por año en México; varias de estas víctimas han sido defensoras de derechos humanos, como Marisela Escobedo Ortiz y Josefina Reyes Salazar, crímenes que son parte del 95 por ciento de los homicidios de mujeres en la entidad que continúan impunes.

Las organizaciones chihuahuenses indicaron que la tasa de homicidios en la entidad es de 34.73 asesinatos por cada cien mil mujeres, 15 veces más alta que la tasa de homicidios de mujeres a nivel mundial, que es de 2.6 asesinatos.

Asimismo informaron que en el último año se denunciaron en promedio, dos violaciones sexuales diarias en el estado.

En el caso de la sentencia del “Campo algodonero” por la CIDH, evidenciaron la opacidad del gobierno de Chihuahua porque se ha negado a informar sobre el avance que existe para cumplir con dicha sentencia.

La información fue solicitada a través del sistema Infomex por la organización local Observa Ciudadana, y la petición fue resuelta por el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) e incluso llegó a la promoción del amparo para obligar a las autoridades estatales a entregarla.

Irene Miramontes Montes, representante de la organización Justicia para Nuestras Hijas, dio a conocer que en los primeros dos meses del año encontraron por lo menos 12 cuerpos de mujeres y niñas en un terreno en el Valle de Juárez, hecho que, en su opinión, evidencia los asesinatos seriales de mujeres y niñas, basados en la violencia de género.

En su denuncia, las organizaciones advierten también que esas niñas son presuntas víctimas de trata de personas. Esos asesinatos también están impunes.

Las organizaciones buscan que el Comité de expertas de la Organización de las Naciones Unidas, (ONU) emita recomendaciones al gobierno de Duarte, para que se reconozca la situación grave que vive Chihuahua y se implementen medidas concretas grave situación que vive la región y a partir de esto, comience a implementar medidas concretas y urgentes para reducir los asesinatos de mujeres y la violencia contra ellas.

Información de Proceso