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México

Denunciarán a EU y México por caso Alondra

Con la asesoría y apoyo legal de la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos y de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), los padres de Alondra ,la menor que la Interpol sustrajo de la secundaria Sor Juana Inés de la Cruz de esta ciudad, presentarán demandas ante autoridades de México y EU por la violación a las garantías de la niña.

Mientras, la Procuraduría de Justicia de Michoacán inició una averiguación previa en contra de la juez de primera instancia en materia civil, con sede en Los Reyes, Cinthia Elodia Mercado García, por “posibles hechos constitutivos de delito” cometidos en la audiencia de restitución de la menor, en la que resolvió la custodia de Alondra Luna a favor de Dorotea García Macedo, quien decía ser su madre biológica y se la llevó a Houston, Texas, en donde se probó mediante estudios de ADN que era falso.

El Consejo del Poder Judicial de Michoacánsolicitó a la juez un informe pormenorizado del procedimiento que realizó en la restitución internacional de la menor.

En el tratado internacional, del cual forma parte México, se observa que: La Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (firmado el 25 de octubre de 1980, y vigente para México a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 6 de marzo de 1992), puesto que es responsabilidad de diversas instituciones del país, entre ellas los tribunales de justicia, el cumplimiento de los procedimientos que ahí se señalan.

Apoyo a la familia.
Gustavo Luna Romero, padre de Alondra, señaló que el coraje que siente por la cadena de errores y abusos por parte de las autoridades en agravio de su hija y de su familia, lo mantiene firme en su decisión de presentar denuncias en contra de los responsables en México y Estados Unidos.

La madre de Alondra, Susana Núñez, explicó que no aceptará “una disculpa” como respuesta a su demanda de justicia, porque es mucho el daño que le han causado a su familia.

En este sentido, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, se comunicó por teléfono con los padres de la menor y a nombre del titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, les ofreció ayuda legal y sicológica para Alondra.

En entrevista radiofónica con Leonardo Curzio, el funcionario federal consideró que la disculpa pública es un recurso útil, pero «me parece que en casos como éste es insuficiente, necesitamos además de eso, me parece que tenemos que trabajar para reparar el daño que se ha generado».

El próximo martes Campa viajará a Guanajuato para reunirse con los padres de la menor, por lo que posiblemente Alondra regresará a clases ese día y no el lunes como se dijo.

Desde el miércoles pasado que Alondra volvió a su hogar, a Gustavo lo acompaña el abogado Carlos Ruiz, de la Procuraduría de Derechos Humanos y, una psicóloga de la institución está pendiente de la menor.

Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó información a varias dependencias del gobierno federal sobre su actuación en el caso de Alondra.

La información fue solicitada a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Procuraduría General de la República (PGR), Comisión Nacional de Seguridad, Presidencia del Sistema DIF en el estado de Michoacán y al Tribunal Superior de Justicia.
Agregó que una vez que se reciban los informes solicitados, la CNDH los analizará a fin de emitir el pronunciamiento que proceda sobre la existencia de violaciones a los derechos humanos de la la adolescente.

Fuente: El Informador

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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