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Descartan afectaciones de Tren Maya a pueblos indígenas

La construcción del Tren Maya no implica desplazamiento, explotación y mucho menos la colonización de los pueblos y las comunidades indígenas; por el contrario, su trayecto respetará su integridad cultural y territorial, afirmó Adelfo Regino Montes.

El próximo titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas señaló a Notimex que “el nuevo Gobierno de la República de ninguna manera decidirá cuáles son las prioridades de desarrollo de los pueblos a partir de sus potencialidades, sino que ellos definirán sus prioridades”.

En entrevista, recordó que una cosa es la consulta ciudadana programada para los días 24 y 25 de noviembre, que tendrá un costo de un millón 800 mil pesos, en la que se preguntará a la población si está de acuerdo o no con 10 programas prioritarios de la próxima administración federal, entre ellos el Tren Maya.

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Otra consulta será para conocer la voz de cada comunidad en alguno de los cinco estados por donde se edificará el proyecto: Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas, a lo largo de sus mil 500 metros de construcción, lo que permitirá detonar el desarrollo económico, social y cultural del sureste mexicano.

“Hay que distinguir lo que es una consulta ciudadana y una consulta indígena. En la primera se pide la opinión de la ciudadanía en ejercicio de un derecho individual. En el caso de la segunda, es un derecho colectivo que tienen los pueblos y las comunidades indígenas, y que ejercen como tales a través de sus autoridades e instituciones representativas, tal como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, expresó.

El también exsecretario técnico del Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas y Afroamericanos de Oaxaca, resaltó que los pormenores de la consulta indígena “es un tema que en su momento anunciará, se hará público y de conformidad con las definiciones, las decisiones de los propios pueblos indígenas asentados en la península de Yucatán”.

Sin embargo, lamentó que México carezca de una ley que reglamente el derecho a la consulta de los pueblos y las comunidades indígenas, por lo que “para tal efecto, seguramente construiremos un protocolo específico que establezca los principios, procedimientos y mecanismos para realizar el proceso de consulta relacionada con el proyecto de referencia”.

Cuestionado respecto si hay tiempo para construir el referido protocolo, el exsecretario de Asuntos Indígenas del Gobierno de Oaxaca precisó que “ese es un tema que se platicará con cada comunidad, dado que no se trata de una consulta genérica, deberá especificarse con cada comunidad y cada pueblo indígena en particular, de acuerdo a sus usos y costumbres».

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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