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Descubren otra red de corrupción, ahora en gobierno de Nayarit

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En septiembre de 2011, cuando el gobernador priista Roberto Sandoval Castañeda rindió protesta se autodefinió como parte de una nueva generación: “la gente reclama de la política y de los políticos honestidad”, dijo en un auditorio saturado de asistentes. Era la época de ascenso al poder del nuevo PRI, ese de Javier Duarte en Veracruz y de Roberto Borge en Quintana Roo. En el rito político, el exalcalde de la capital Tepic agradeció su candidatura al presidente nacional de su partido: “Gracias a mi líder, a mi amigo, a mi maestro: al profesor, Humberto Moreira”. También destacó la presencia de Enrique Peña Nieto y la del entonces gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, hoy prófugo de la justicia. Todos estaban ahí: sentados en primera fila para ver el inicio del autonombrado “Gobierno de la gente”.
Sandoval formó su gabinete, y en éste sólo repitieron dos de sus principales colaboradores municipales: Édgar Veytia, que al tiempo se convirtió en fiscal estatal y hace unos días fue detenido en Estados Unidos acusado de producir y distribuir droga en su territorio, y Gianni Ramírez, Secretario de Obras Públicas.
Gianni entró el 19 de septiembre de 2011. Tres semanas más tarde lo hicieron Juan Ignacio Ávila Ruiz, como su subsecretario de Obras Públicas, y Fred Alberto Bernal Aguirre, como su director de Infraestructura Urbana y Vial. Al poco tiempo, y junto con Luis Arciniega Alvarado, a quien se le conoce como “El Yogui”, conformarían el primer núcleo de una red de contrataciones de obra pública entre ex socios y hermanos.
El grupo utilizó sus cargos para asignar al menos 15 contratos a empresas fundadas por ellos mismos, por sus socios, por sus hermanos y por sus cuñados. Los fallos suman, al menos, 121 millones 820 mil pesos.
El método fue el siguiente: ellos mismos fundaban las empresas, ellos mismos concursaban, ellos mismos decidían, ellos mismos se quedaban con el presupuesto público. Los contratos que beneficiaban a las empresas que fundaron los firmaban ellos con su puño y letra, y en otras ocasiones lo hacían otros funcionarios que han integrado esta hermandad.
Así fue como se formó en Nayarit una especie de fraternidad de servidores públicos donde sus filias fueron más allá de lo laboral, y cuyo grado de cercanía quedó registrada en fotografías durante un baño grupal en el río Jordán, en Israel. Fue un bautismo de grupo realizado en 2009, según fuentes consultadas para este reportaje. Se trató de dejar en claro su amistad y religiosidad en un solo acto.
Funcionarios y exfuncionarios de Obras Públicas de Nayarit hicieron un viaje al río Jordán, y realizaron una especie de bautismo en sus aguas. De izquierda a derecha, y sin difuminado de rostros: Fred Alberto Bernal Aguirre, Luis Arciniega Alvarado y Gianni Ramírez.
Estas operaciones van en contra de la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Nayarit, que prohíbe que un empleado del gobierno tome decisiones que pueden beneficiar a empresas relacionadas con sus intereses personales, familiares o de negocios. El espíritu de la legislación es evitar un conflicto de interés.
En septiembre de 2005, el ahora Secretario de Obras Públicas, Gianni Ramírez, creó la constructora Terracerías y Caminos de Occidente. Al año siguiente, en mayo de 2006, dejó la empresa y transmitió la totalidad de sus acciones a Salvador Verde Balcázar.
Desde que Gianni tomó por primera vez el cargo de Secretario de Obras Públicas del estado (SOP), Terracerías y Caminos de Occidente fue una empresa ganadora de contratos de obra. En 2012, 2013 y 2015 la SOP le dio tres contratos que sumaron más de 30 millones pesos.
Algunos de éstos fueron firmados por el propio Gianni Ramírez, como fue el proyecto de construcción del malecón y muelle en la presa Peñita de Jaltemba, en el municipio de Compostela, Nayarit. La licitación recibió siete propuestas, y el 10 de septiembre de 2012 se eligió a Terracerías y Caminos de Occidente por ser, presuntamente, la más conveniente para el estado. Cobró 10 millones 330 mil pesos.
De acuerdo al Registro Público de Comercio, Gianni Ramírez dejó esta empresa el 20 de mayo de 2006, y asumió el cargo de Secretario de Obras Públicas el 19 de septiembre de 2011. Es decir, transcurrieron cinco años y cuatro meses. No se esperó los seis años que le obligaba la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Nayarit para influir en la adjudicación del contrato de la empresa que él fundó.
Y es que la fracción 12, del Artículo 54 de la legislación, dice que “(todo servidor público deberá) excusarse de intervenir, de cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o concubina o concubinario o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, civiles o, por afinidad, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte en los seis años anteriores a la fecha en la que se asumió el cargo”.

Fuente: Aristegui Noticias

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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