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México

Descubren otra red de corrupción, ahora en gobierno de Nayarit

En septiembre de 2011, cuando el gobernador priista Roberto Sandoval Castañeda rindió protesta se autodefinió como parte de una nueva generación: “la gente reclama de la política y de los políticos honestidad”, dijo en un auditorio saturado de asistentes. Era la época de ascenso al poder del nuevo PRI, ese de Javier Duarte en Veracruz y de Roberto Borge en Quintana Roo. En el rito político, el exalcalde de la capital Tepic agradeció su candidatura al presidente nacional de su partido: “Gracias a mi líder, a mi amigo, a mi maestro: al profesor, Humberto Moreira”. También destacó la presencia de Enrique Peña Nieto y la del entonces gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, hoy prófugo de la justicia. Todos estaban ahí: sentados en primera fila para ver el inicio del autonombrado “Gobierno de la gente”.
Sandoval formó su gabinete, y en éste sólo repitieron dos de sus principales colaboradores municipales: Édgar Veytia, que al tiempo se convirtió en fiscal estatal y hace unos días fue detenido en Estados Unidos acusado de producir y distribuir droga en su territorio, y Gianni Ramírez, Secretario de Obras Públicas.
Gianni entró el 19 de septiembre de 2011. Tres semanas más tarde lo hicieron Juan Ignacio Ávila Ruiz, como su subsecretario de Obras Públicas, y Fred Alberto Bernal Aguirre, como su director de Infraestructura Urbana y Vial. Al poco tiempo, y junto con Luis Arciniega Alvarado, a quien se le conoce como “El Yogui”, conformarían el primer núcleo de una red de contrataciones de obra pública entre ex socios y hermanos.
El grupo utilizó sus cargos para asignar al menos 15 contratos a empresas fundadas por ellos mismos, por sus socios, por sus hermanos y por sus cuñados. Los fallos suman, al menos, 121 millones 820 mil pesos.
El método fue el siguiente: ellos mismos fundaban las empresas, ellos mismos concursaban, ellos mismos decidían, ellos mismos se quedaban con el presupuesto público. Los contratos que beneficiaban a las empresas que fundaron los firmaban ellos con su puño y letra, y en otras ocasiones lo hacían otros funcionarios que han integrado esta hermandad.
Así fue como se formó en Nayarit una especie de fraternidad de servidores públicos donde sus filias fueron más allá de lo laboral, y cuyo grado de cercanía quedó registrada en fotografías durante un baño grupal en el río Jordán, en Israel. Fue un bautismo de grupo realizado en 2009, según fuentes consultadas para este reportaje. Se trató de dejar en claro su amistad y religiosidad en un solo acto.
Funcionarios y exfuncionarios de Obras Públicas de Nayarit hicieron un viaje al río Jordán, y realizaron una especie de bautismo en sus aguas. De izquierda a derecha, y sin difuminado de rostros: Fred Alberto Bernal Aguirre, Luis Arciniega Alvarado y Gianni Ramírez.
Estas operaciones van en contra de la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Nayarit, que prohíbe que un empleado del gobierno tome decisiones que pueden beneficiar a empresas relacionadas con sus intereses personales, familiares o de negocios. El espíritu de la legislación es evitar un conflicto de interés.
En septiembre de 2005, el ahora Secretario de Obras Públicas, Gianni Ramírez, creó la constructora Terracerías y Caminos de Occidente. Al año siguiente, en mayo de 2006, dejó la empresa y transmitió la totalidad de sus acciones a Salvador Verde Balcázar.
Desde que Gianni tomó por primera vez el cargo de Secretario de Obras Públicas del estado (SOP), Terracerías y Caminos de Occidente fue una empresa ganadora de contratos de obra. En 2012, 2013 y 2015 la SOP le dio tres contratos que sumaron más de 30 millones pesos.
Algunos de éstos fueron firmados por el propio Gianni Ramírez, como fue el proyecto de construcción del malecón y muelle en la presa Peñita de Jaltemba, en el municipio de Compostela, Nayarit. La licitación recibió siete propuestas, y el 10 de septiembre de 2012 se eligió a Terracerías y Caminos de Occidente por ser, presuntamente, la más conveniente para el estado. Cobró 10 millones 330 mil pesos.
De acuerdo al Registro Público de Comercio, Gianni Ramírez dejó esta empresa el 20 de mayo de 2006, y asumió el cargo de Secretario de Obras Públicas el 19 de septiembre de 2011. Es decir, transcurrieron cinco años y cuatro meses. No se esperó los seis años que le obligaba la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Nayarit para influir en la adjudicación del contrato de la empresa que él fundó.
Y es que la fracción 12, del Artículo 54 de la legislación, dice que “(todo servidor público deberá) excusarse de intervenir, de cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o concubina o concubinario o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, civiles o, por afinidad, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte en los seis años anteriores a la fecha en la que se asumió el cargo”.

Fuente: Aristegui Noticias

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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