Poco antes del término de la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) entró en una decadencia profunda que mantiene al organismo político que por décadas fue el más poderoso en México, en una profunda crisis.

Pero con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, pareciera que el PRI ha acelerado su caída, y con él, varias de sus figuras emblemáticas, aunque -hay que decirlo- esto ha sucedido de manera selectiva.

Pero además, luego de la pasada jornada electoral del 6 de junio, el partido tricolor entró en una fuerte pugna interna que lo ha sumido en una de las crisis más fuertes que ha sufrido en sus más de 92 años de historia.

La lucha entre Alejandro Moreno y Ulises Ruiz

Ulises Ruiz y Alejandro Moreno (Foto: Cuartoscuro)

Desde el pasado martes, la sede nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ubicada sobre Insurgentes Norte, en la colonia Buenavista de la Ciudad de México, se mantiene bloqueada por decenas de militantes encabezados por el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz y Nallely Gutiérrez Gijón, presidenta del Colegio Profesional de Derecho, organismo que pertenece al partido político.

Los inconformes exigen la renuncia de su dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como “Alito”, argumentando la derrota del partido en las pasadas elecciones del 6 de junio, en donde el PRI no ganó ninguna gubernatura y perdió las ocho que aún mantenía.

La toma del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) priista derivó en un enfrentamiento protagonizado por un grupo de choque armado de palos, petardos e incluso armas de fuego, que dejó varias personas lesionadas, incluso, a un joven herido de bala.

Sin embargo, el trasfondo del asunto deriva de una añeja rivalidad entre Ulises Ruiz y Alejandro Moreno que data de 2019, cuando ambos buscaban la dirigencia nacional del partido.

La contienda dejó profundas heridas y ahondó las diferencias entre los distintos grupos internos, que incluso derivaron en la renuncia de Ivonne Pacheco, exgobernadora de Yucatán, tras 29 años de militancia priista. Pero la pugna más cruenta fue entre Alejandro Moreno Cárdenas y Ulises Ruiz Ortiz.

(Captura de pantalla: Video)

En julio de 2019, Ulises Ruiz presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra Alejandro Moreno Cárdenas por enriquecimiento ilícito. Pidió indagar la compra de casas y terrenos en Campeche que realizó Moreno Cárdenas entre 2012 y 2015 y que aparecen declaradas en su 3 de 3 y que -a decir de Ulises- no corresponden con sus ingresos.

Aunque la denuncia quedó archivada, versiones periodísticas señalan que la Fiscalía estaría reactivando las denuncias contra Moreno Cárdenas, no solo por enriquecimiento ilícito, sino por presuntos delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero, con prácticas recurrentes como la alteración del valor de las operaciones de compra y venta de los inmuebles”, en medio de los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador de que podría negociar con el PRI para sacar adelante las reformas constitucionales del mandatario.

La lucha entre Alejandro Moreno y Ulises Ruiz derivó en un intento fallido de expulsar al exgobernador oaxaqueño de las filas priistas, aunque no precisamente por el proceso interno, sino por el proceso electoral 2017-2018, donde según priistas, Ruiz Ortiz habría apoyado a candidatos de otros partidos.

El miércoles 30 de junio, el líder nacional priista acusó a Ulises Ruiz y a Nallely Gutiérrez, de estar vinculados con Morena y los responsabilizó de lo que pueda suceder con las personas lesionadas.

Además, acusó a las autoridades federales y de la Ciudad de México, de no hacer su trabajo e impedir lo sucedido en la sede nacional del partido.

La misma tarde del miércoles, el PRI interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Nallely Gutiérrez Gijón y Ulises Ruiz, por los delitos de asociación delictuosa, secuestro, y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, tras lo sucedido en el CEN del partido.

Hasta el momento, las instalaciones continúan tomadas, mientras que militantes y agrupaciones afines al PRI, cerraron filas con Alejandro Moreno.

Carlos Romero Deschamps

(Foto: Cuartoscuro/ Archivo)

El otrora poderoso líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, oficialmente “renunció” a la dirigencia del organismo obrero el 16 de octubre de 2019. Sin embargo, todo fue una simulación ya que seguía apareciendo en la nómina de Petróleos Mexicanos (Pemex) como trabajador activo.

Su último puesto data del 1 de enero de 2019, como jefe de departamento de la Refinería Miguel Hidalgo, ubicada en Tula de Allende, en el estado de Hidalgo.

Luego de que una investigación periodística diera a conocer esta situación, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció durante su conferencia mañanera del martes 16 de marzo, que Romero Deschamps había presentado “su renuncia voluntaria” a partir de un exhorto que le hizo el gobierno de México.

Sin embargo, Romero Deschamps tendrá una jugosa jubilación. Y es que además de retirarse con el 100% de su salario, tendrá diversos beneficios como el pago de despensa, gas, gasolina, aguinaldo, seguro de vida, gastos funerarios y atención médica.

El Contrato Colectivo de Trabajo establece el derecho a recibir una pensión mensual de su salario completo al momento de la jubilación, fijado en 100,173 pesos, lo que significa un ingreso por un millón 208,000 pesos al año.

También tiene beneficios como atención médica y medicamentos para él y sus familiares, el pago del gas de su vivienda y la gasolina de sus automóviles, así como el aguinaldo, pago de la despensa y gastos funerarios.

El retiro del exlíder sindical ocurre sin que se le haya judicializado las investigaciones en su contra por presuntos delitos de administración fraudulenta, fraude sindical, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, peculado, nepotismo, operaciones con recursos ilícitos, venta de plazas, evasión fiscal y rendición de cuentas de las cuotas gremiales, entre otros.

Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre

(Foto: Cuartoscuro)

Otro de los símbolos de la impunidad priista es Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quien fue el líder del Revolucionario Institucional en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

Conocido como “El Rey de la Basura” (mote que heredó de su papá, Rafael Gutiérrez Moreno, líder de los pepenadores quien murió asesinado a petición de su propia esposa, Martha García) Gutiérrez de la Torre no solo obtuvo el apodo de su padre, sino también el negocio y el lugar dentro del PRI.

Gutiérrez de la Torre inició su vida política a los 14 años en el Frente Juvenil Revolucionario y, posteriormente, en el Movimiento Territorial. Después ejerció como diputado federal suplente, de 1991 a 1994, y luego diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal del 2000 al 2003.

Su más grande ambición se daría en 2011, cuando buscó la candidatura al Gobierno del Distrito Federal por su partido, sin embargo, no recibió apoyo y fue Beatriz Paredes quien contendió por el partido tricolor en las elecciones de julio de 2012.

Irónicamente, esta derrota antecedió su escalada a la diligencia del PRI, la cual ejercería desde diciembre del 2012 hasta el 2018. No obstante, en 2014 fue destituido del cargo luego que el equipo periodístico de Carmen Aristegui en Noticias MVS, revelara la existencia de una presunta red de prostitución al interior del Comité Ejecutivo del partido, la cual daba servicio exclusivo a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.

De acuerdo con el reportaje, para atrapar a las jóvenes en la red de prostitución, el equipo de Cuauhtémoc Gutiérrez publicaba anuncios que ofrecían “trabajo en una oficina gubernamental”.

Sandra Vaca y Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Así operaba la red de prostitución en el PRI-DF (Foto arte: Jovani Pérez Silva/ Infobae México)

Una vez que las mujeres interesadas acudían a la dirección ubicada en Puente de Alvarado, se percataban que el edificio pertenecía al PRI-DF. Ya dentro, Adriana Rodríguez les tomaba los datos de las chicas, entre ellos, talla y peso ya que al líder priista, “no le gustan con sobrepeso”.

Les explicaban que el trabajo era para atender con labores secretariales y de acompañamiento de manera directa con Gutiérrez de la Torre. Si la aspirante aceptaba, se le explicaba que además, entre las actividades a realizar era tener sexo con el jefe.

Quien aceptaba, recibía un sueldo de entre 8,000 y 14,000 pesos, dinero que provenía del PRI capitalino y que a su vez, es dinero público, es decir, de todos los mexicanos.

La revelación causó un terremoto político, y aunque llevó a Cuauhtémoc de la Torre a presentar su renuncia como dirigente del PRI capitalino, no se procedió legalmente contra él ni contra alguna de las reclutadoras.

Fue hasta septiembre de 2020 cuando la Fiscalía de la CDMX reabrió el caso contra Gutiérrez de la Torre, acusado de trata de personas.

El pasado 9 de marzo, un juez penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, giró una orden de aprehensión contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Sandra Esther Vaca Cortés, Claudia Priscila Martínez, Adriana Rodríguez, y contra el exsecretario de finanzas del partido, Roberto Zamorano, por los delitos de trata de personas y asociación delictuosa.

Dos días después, el 11 de marzo, la fiscal capitalina, Ernestina Godoy, informó que Adriana Rodríguez fue detenida el 10 de marzo y fue llevada al penal femenil de Santa Martha Acatitla, acusada de trata de personas y asociación delictuosa.

Los demás acusados se encuentran prófugos de la justicia.

César Duarte

Foto: REUTERS/José Luis González/ Archivo

Luego de permanecer tres años prófugo de la justicia, el 8 de junio de 2020 fue detenido en Miami Florida, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, acusado de 21 delitos entre los que se encuentran corrupción, desvío de recursos, peculado y soborno.

Además de que se le han incautado inmuebles con valor aproximado de 500 millones de pesos, con ranchos de más de 100,000 hectáreas.

La primera orden de aprehensión contra el exgobernador fue emitida por la Fiscalía de Chihuahua en 2017 tras detectar un desfalco de 6,000 millones de pesos y el desvío de otros 250 millones de pesos.

De acuerdo con las investigaciones, dichos recursos habrían sido utilizados para pagar campañas electorales del PRI en los comicios de 2015, acción que es conocida como Operación Safiro.

(Foto: Cuartoscuro/ Archivo)

Tras las revelaciones, el mismo PRI expulsó de sus filas al exgobernador el 30 de mayo de 2019, a pesar de que la solicitud de retirarle la militancia existía desde julio de 2016, su último año en el gobierno de Chihuahua, cuando los escándalos de presuntos actos de corrupción comenzaron a tomar fuerza a raíz de las irregularidades detectadas en su administración.

Desde que ocurrió su arresto en la Unión Americana, Duarte Jáquez ha interpuesto varios recursos legales para evitar ser extraditado a México.

El pasado 10 de marzo se dio a conocer que César Duarte quedaría libre en cuanto pisara territorio mexicano, situación que fue desmentida por el actual gobierno de Chihuahua, encabezado por el panista Javier Corral.

Jorge Espinoza Cortés, consejero jurídico del Gobierno del Estado, aseguró que aunque la defensa legal del exmilitante del PRI logró que un Tribunal Colegiado le otorgara la suspensión definitiva contra su detención en México por las autoridades correspondientes. Sin embargo, el consejero jurídico explicó que esa suspensión establece de manera clara y precisa, que cuando sea ingresado a territorio nacional, “sea puesto a inmediata disposición del juez de control que lo está requiriendo”.

Hasta el momento, Duarte Jáquez sigue detenido en Estados Unidos, luchando legalmente para evitar ser extraditado a México.

Rosario Robles

Rosario Robles (Foto: Cuartoscuro/ Archivo)

Uno de los casos más emblemáticos es el de Rosario Robles Berlanga, quien fue secretaria de Desarrollo Social así como titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Aunque no era militante del PRI, Robles Berlanga es identificada como allegada al priismo dada su cercanía con Peña Nieto.

Luego de que se revelara la investigación periodística titulada La Estafa Maestra realizada por el portal Animal Político y por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en el 2017, en el que se comprobó que 11 dependencias federales, ocho universidades y 186 empresas desviaron 7,670 millones de pesos y de este dinero no se sabe dónde quedaron 3,433 millones.

La Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles como titular; el Banco Nacional de Obras, con Alfredo del Mazo (actual gobernador del Estado de México), y Petróleos Mexicanos —en la gestión de Emilio Lozoya— eran las tres principales dependencias responsables de este mecanismo.

Tras el escándalo la única que dio la cara fue Rosario Robles, quien acudió ante un juez para enfrentar las acusaciones. El juzgador Jesús Delgadillo Padierna -sobrino de la enemiga política de Rosario Robles, Dolores Padierna-, la vinculó a proceso por el delito del ejercicio indebido de la función pública, y aunque el cargo no amerita prisión preventiva, fue trasladada al penal femenil de Santa Martha Acatitla, en donde se encuentra desde el 13 de agosto de 2019.

Aunque Robles Berlanga ha presentado numerosos amparos para llevar su juicio en libertad e incluso ofreció declararse culpable con la intención de llegar a un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) y acogerse al criterio de oportunidad, desistió.

El pasado 9 de marzo, Rosario Robles decidió ir a juicio ante lo que ella califica como una “obstaculización sistemática” por parte de las autoridades, ante cualquier posibilidad de lograr un acuerdo.

“La justiciable exige bajo esta perspectiva que ante las actuales circunstancias tenga un trato procesal justo y no basado en rencillas personales o por su condición de mujer, porque de lo que se trata es buscar la verdad y la justicia y no un proceso fundado en ánimos venganza y violencia política”, señala un escrito presentado por su abogado la noche del lunes 8 de marzo.

FOTO: VICTORIA VALTIERRA /CUARTOSCURO/ ARCHIVO

En la acusación formal de la FGR, se le solicita a la ex secretaria de Estado, además del pago de la reparación de daño por el monto total que ascendía a 5,500 millones de pesos, que se le impusieran 21 años de prisión, esto porque se le acusa de dos cargos de ejercicio indebido del servicio público agravado, pues el delito se cometió cuando era servidora pública.

Rosario Robles afirmó que la reparación de daño que solicitaba la FGR no procedía, pues a ella no se le acusaba directamente de cometer el desvío de recursos o peculado, sino de una conducta de omisión.

Tras esto, rechazó el pago de la reparación de daño exigida por la FGR, y a cambio ofreció pagar aproximadamente 5,337 pesos, lo equivalente a una multa de 30 Unidades de Medida de Actualización por cada cargo. Además propuso pasar seis años en la cárcel, dos por cada cargo de ejercicio indebido del servicio público y uno más en cada uno por el agravante que se le aplica.

El pasado 25 de junio, un juez federal otorgó un amparo a Rosario Robles, para que un juez del sistema penal acusatorio vuelva a resolver si le ratifica la prisión preventiva justificada que le impuso en audiencia el pasado 30 de abril o si modifica la medida cautelar para que pueda enfrentar su proceso penal en libertad.

Emilio Lozoya

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya. EFE/José Méndez/Archivo

Emilio Lozoya fue director de Petróleos Mexicanos (Pemex) y durante su administración, fue acusado de recibir sobornos millonarios por parte de la empresa brasileña Odebrecht, y de haber comprado a un sobreprecio la empresa chatarra de Agronitrogenados que causó un quebranto en las finanzas de Pemex.

Ante el escándalo, Lozoya Austin -cercanísimo al expresidente Enrique Peña Nieto y a quien fuera secretario de Hacienda en ese mismo sexenio, Luis Videgaray-, renunció a su cargo al frente de Pemex y después huyó del país.

Fue detenido el 12 de febrero de 2020 en un exclusivo fraccionamiento de Mallorca, España, debido a que el gobierno mexicano lo acusó de los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.

Luego de que el padre de Emilio Lozoya negociara con la Fiscalía General de la República (FGR) para que su hijo aceptara la extradición a México y a cambio ofrecería nombres de personajes de alto nivel del gobierno de Peña Nieto envueltos en casos de corrupción; Lozoya Austin llegó al país el 17 de julio de 2020, a bordo de un avión enviado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Su llegada ocurrió en medio de un show en el que la Fiscalía usó a un doble del ex director de Pemex para simular que iría al Reclusorio Norte, cuando en realidad fue llevado al Hospital Ángeles del Pedregal por una supuesta “anemia severa”.

Según versiones periodísticas, desde un principio, Lozoya ofreció al fiscal Alejandro Gertz Manero las cabezas de Peña Nieto y Luis Videgaray. En su “Declaración Nitrogenados” los acusó de ser los arquitectos de un mecanismo de corrupción desde el poder mismo.

Además, ofreció unos presuntos videos en donde tendría grabados a políticos de alto nivel, principalmente legisladores de oposición, recibiendo sobornos millonarios a cambio de aprobar la Reforma Energética.

Hasta el momento, el exsenador panista, Jorge Luis Lavalle, es el único político detenido por, presuntamente, haber recibido sobornos. Actualmente se encuentra preso en el Reclusorio Norte, mientras tanto, Emilio Lozoya -quien se encuentra bajo la figura legal de testigo colaborador-, sigue en libertad.