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Desestiman en U.S.A. demanda contra Ernesto Zedillo

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Un tribunal federal de Estados Unidos desestimó una demanda contra el expresidente de México, Ernesto Zedillo, que lo acusaba de crímenes contra la humanidad en relación con el asesinato de 45 personas en el pueblo mexicano de Acteal en 1997.
Una doctrina legal que da inmunidad a los exjefes de Estado se aplica al caso de Zedillo, dijo el juez federal de distrito Michael Shea en Hartford al desestimar la demanda. Zedillo negó las acusaciones y el Departamento de Estado respaldó su reclamo de inmunidad.
La demanda fue presentada en Connecticut porque Zedillo, presidente de México de 1994 a 2000, es profesor de estudios internacionales en la Universidad de Yale en New Haven.
La masacre del 22 de diciembre de 1997 fue el peor caso de violencia durante el conflicto que comenzó cuando el movimiento zapatista protagonizó un breve levantamiento armado a principios de 1994 para exigir más derechos para los indígenas en el estado de Chiapas, en el sur del país. Durante una reunión para rezar en Acteal, paramilitares con presuntos vínculos con el Gobierno atacaron a activistas católicos que simpatizaban con los rebeldes. Los atacantes mataron a 45 personas durante varias horas, incluso niños de dos meses de edad.
Después de la matanza, Zedillo los denunció como criminales y pidió al Gobierno y a funcionarios de derechos humanos investigar el caso.
Sin embargo, 10 demandantes anónimos que dicen que son sobrevivientes de las matanzas iniciaron un proceso legal contra Zedillo por 50 millones de dólares en 2011. Su demanda alega que el Gobierno de Zedillo puso fin a las conversaciones de paz con los zapatistas y puso en marcha un plan para armar y entrenar a las milicias locales para luchar contra ellos. También afirma que Zedillo tenía conocimiento de las acciones en Acteal, y que las encubrió y violó las leyes internacionales de derechos humanos bajo los Convenios de Ginebra, así como otras leyes.
Cuando se presentó la demanda, Zedillo dijo que las acusaciones eran calumniosas y sin fundamento.
Un abogado de los demandantes no respondió de inmediato mensajes en busca de comentarios el lunes. No está claro si los demandantes apelarán el fallo de Shea.zedillo

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Marzo será el mes de las mujeres en el Estado de Chihuahua

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Las mujeres han sido clave en el desarrollo social, cultural, económico y político del Estado, pero continúan enfrentando desigualdad, discriminación y violencia que restringen el pleno ejercicio de sus derechos, por ello, el Congreso del Estado declaró el mes de marzo como “Mes de las Mujeres”, acto que representa una acción afirmativa que busca fortalecer la participación social e institucional en torno a los derechos humanos de las mujeres.

Fue la diputada Irlanda Márquez Nolasco presidente de la Comisión de Igualdad dio lectura al dictamen correspondiente, en el cual se detalla que la ONU ha establecido como objetivo número 5 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible “Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas”, por ello la necesidad de fortalecer las acciones necesarias.

El 8 de marzo de cada año, es reconocido a nivel mundial como el Día Internacional de la Mujer, fue en el año de 1975 establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como una fecha conmemorativa para reconocer su igualdad, justicia y participación plena en la sociedad, a esta conmemoración se unen las mujeres de todos los continentes; por ello, Chihuahua refuerza las acciones con la declaratoria, a fin de convertir al mes citado, en un periodo dedicado a acercar la historia, la cultura y las diversas realidades de las mujeres a la sociedad.

Es importante destacar que, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la CEDAW y la Convención de Belém do Pará; así como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua y la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establecen la responsabilidad del Estado para impulsar políticas públicas, acciones de capacitación y programas de sensibilización dirigidos a eliminar la violencia y garantizar la igualdad sustantiva.

Cabe destacar que la iniciativa que dio origen a esta declaratoria, fue presentada por la diputada América Aguilar Gil.

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