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Despiden a 3 mil ‘aviadores’ en Congreso federal; cortan 40% de plazas en San Lázaro

Las fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados eliminaron casi 3 mil puestos, porque no cumplían con su función, “parecían aviadores” y “eran poco productivos”, lo que representa un ahorro de 935 millones de pesos al año, afirmó el presidente del Comité de Administración de San Lázaro, Ignacio Mier (Morena).

Informó que a partir de 2019, la Cámara Baja operará con aproximadamente 4 mil 352 empleados de los 7 mil 295 trabajadores que había en la 63 Legislatura. Sobre el monto que se va a economizar, aseguró que serán 2 mil 805 millones de pesos por tres años. “Al disminuir todo, reduces los gastos que están en otros capítulos, por ejemplo, insumos, recursos materiales, luz y mantenimiento, entre otros”, indicó.

Se advirtió que ni en el trabajo en las comisiones ordinarias, ni en los órganos de gobierno, ni en los centros de estudio estaban favoreciendo el cumplimiento de la función, parecerían aviadores”.

Explicó que San Lázaro tendrá una reducción de 20% en su presupuesto para este año, lo que equivale a un ahorro de mil 681 millones 435 mil 153 pesos en comparación con este rubro de 2018. Detalló que solicitaron 6 mil 758 millones de pesos, mientras que el último año de la 63 Legislatura pidieron 8 mil 439 millones 435 mil 153 pesos.

“Aprobamos este presupuesto para que la gente que se incorpore a la Cámara se vaya profesionalizando y que no esté en función de los vaivenes políticos”, dijo.

“El crecimiento de la burocracia y de la alta burocracia en el régimen de cuotas le ha costado muy caro a los mexicanos”, señaló. Además, reveló que en el primer trimestre del año presentarán una propuesta de simplificación administrativa, racionalidad y una optimización de los recursos humanos, cuidando a los trabajadores administrativos.

Vanguardia

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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