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Destinaron para el 2013 más de 301 mdp para asesores de Senadores

Los gastos que erogan los diputados y senadores vuelven a estar bajo la lupa al darse a conocer que estos últimos contratan a personas cercanas a ellos como asesores. Definidos como “asesores”, en la nómina se encuentran desde hermanos, hasta parejas sentimentales o choferes.

Los gastos que erogan los diputados y senadores vuelven a estar bajo la lupa al darse a conocer que estos últimos contratan a personas cercanas a ellos como asesores. Definidos como “asesores”, en la nómina se encuentran desde hermanos, hasta parejas sentimentales o choferes.

El caso del Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato petrolero, llama la atención porque benefició a su chofer con un salario mensual de 20 mil pesos, bajo el rubro de “asesor”, dice hoy una investigación de Reforma.

En situación similar están legisladores de las tres principales fuerzas políticas en la Cámara de Senadores, como la legisladora Martha Palafox del Partido del Trabajo (PT), quien tiene a su hijo Mauricio Palafox como asesor personal en las labores del Senado.

La Secretaria de la Mesa Directiva del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Iris Vianey Mendoza, registró a un hermano Freddy Mendoza y a su pareja y ex Senador, Carlos Sotelo, como asesores personales.

Para los 128 senadores se tienen contabilizados 555 asesores, a quienes en total se destinaron 130.8 miles de pesos este año, en los que se incluyen viajes y gastos personales.

De acuerdo con información de la Secretaría de Servicios Administrativos de la Cámara, los sueldos mensuales que llegan a percibir estos asesores alcanzan los 95 mil pesos, como los de los senadores panistas Guadalupe Garza -Presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático-; Francisco Domínguez -Secretario de la Comisión de Cultura- y Maki Ortiz -Presidenta de la Comisión de Salud-, cuyos asesores reciben entre 90 mil y 95 mil pesos.

Según información disponible, para este año 2013 se destinaron 301 millones 191 mil 700 pesos para el pago de honorarios de asesores, esto es 15.2 por ciento más que en 2012, dice Reforma.

En la tabla de percepciones le sigue el personal asignado a los Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) Sonia Mendoza y Fernando Salazar; el perredista Mario Delgado; Ismael Hernández, del PRI, y Mónica Arriola, de Nueva Alianza. El monto destinado a dicho personal alcanza los 75 mil pesos al mes.

El Coordinador Parlamentario de la Cámara de Senadores del PAN, José Luis Preciado, es quien tiene un mayor tope presupuestario para sus asesores, al disponer de una cantidad de 90 mil pesos al mes.

Le sigue el Senador del Partido Verde (PVEM), Jorge Emilio González, quien al contar con cinco asesores, gasta al mes 90 mil pesos.

Estos ingresos contrastan con los 1,942.8 pesos que al mes recibe un empleado promedio, considerando que el salario mínimo diario para este año 2013 es de 64.76 pesos.

Fuente: Sin Embargo.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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