La Encuesta Nacional de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (Ecopred, 2014), presentada la semana pasada por la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), revela que la población joven de nuestro país vive en entornos caracterizados por la violencia, la desigualdad, la insuficiencia de oportunidades y la pobreza.

Los datos de esta encuesta, junto con la batería de instrumentos que el INEGI y el Coneval han presentado recientemente permiten poner en contexto los datos de los registros administrativos con que disponemos respecto de la población que tiene entre 12 y 29 años de edad.

Así, lo primero que debe destacarse es que únicamente 65 de cada 100 y que 30 de cada 100 jóvenes en edad de asistir al bachillerato y a la educación superior, respectivamente, tienen la oportunidad de hacerlo; entre ellas y ellos, la posibilidad de éxito de incorporación al mercado laboral, según el Módulo de Trayectorias Laborales (Motral, INEGI, 2014), es de únicamente 50%.

En este escenario, resulta de fundamental importancia que, efectivamente, los datos de la Ecopred sean tomados como una sólida base para reformular un conjunto de políticas públicas nacionales, pero sobre todo estatales y municipales, porque a final de cuentas la seguridad pública, no debe olvidarse, es una responsabilidad constitucional de los municipios y de las entidades de la Republica.