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México

Detecta el ISSSTE irregularidades por más de 55 millones de pesos

El ISSSTE presentó una denuncia de hechos por daño patrimonial superior a 55 millones de pesos, derivado de irregularidades en el manejo de medicamentos en el Centro Médico Nacional «20 de Noviembre».

En un comunicado, precisó que la denuncia fue presentada ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de la Justicia, de la Procuraduría General de la República (PGR).

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) detalló que a través de la auditoría practicada en dicho hospital detectaron diversas anomalías que se traducen en un daño patrimonial del orden de 55 millones 234 mil 966 pesos con 87 centavos.

Las irregularidades fueron detectadas en el proceso de distribución, registro y control de medicamentos de alta Especialidad hacia el Servicio de Oncología Médica, y en las que presumiblemente participaron funcionarios adscritos a ese complejo hospitalario.

Los auditores determinaron que en el proceso de entrega recepción de los medicamentos, por las áreas de farmacia y centro de mezclas parenteral del «20 de Noviembre», se encontraron 31 formatos de solicitudes de medicamentos alterados.

Las «Solicitudes de Medicamentos para Pacientes Hospitalizados y de Servicios Auxiliares» estaban alteradas «respecto a las cantidades de medicamento realmente surtidas por dos mil 893 unidades, y un importe de 28 millones 57 mil 947 pesos con nueve centavos», refirió.

También se encontró un registro del cual no se proporcionó soporte documental que acreditara la salida de 399 medicamentos, por un importe de un millón 151 mil 296 pesos con 21 centavos, así como la existencia de otras ocho solicitudes apócrifas, por un importe de 26 millones 25 mil 723 pesos con 57 centavos.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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