Luego del evento de «arrancones» realizado este domingo 19 de abril y donde un hombre perdió la vida al ser atropellado, el delegado de Protección Civil y el director de Tránsito Municipal de San Cristóbal, Chiapas, fueron detenidos como probables responsables del delito de homicidio y comisión por omisión.
Luego del evento de «arrancones» realizado este domingo 19 de abril y donde un hombre perdió la vida al ser atropellado, el delegado de Protección Civil y el director de Tránsito Municipal de San Cristóbal, Chiapas, fueron detenidos como probables responsables del delito de homicidio y comisión por omisión.
Derivado de los trabajos de investigación, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que fueron detenidos ambos servidores públicos mientras realiza las diligencias en criminalística de campo, así como periciales en video y fotografía con el objetivo de lograr el esclarecimiento total de estos hechos.
La dependencia del estado enfatizó que no habrá impunidad, por lo que todos los responsables serán llevados ante la justicia.
El evento fue presuntamente patrocinado por el partido estatal Mover a Chiapas en San Cristóbal de las Casas. La víctima fue identificada como Alejandro Pérez Vázquez, de 30 años, quien fue atropellado por un vehículo tipo Dodge Charger color naranja que competía en los arrancones.
Al respecto, la dirigencia del Partido Mover a Chiapas a cargo de Enoc Hernández Cruz, se deslindó de los hechos.
“No aceptamos que se nos involucre y menos que se nos imputen responsabilidades que no nos corresponden”, dijo a través de un comunicado.
En el video que circula en redes sociales se muestra el momento del incidente, ocurrido al final del trayecto en el Eje 2 colonia 5 de marzo. Por su parte el Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas dijo haber proporcionado vallas para la seguridad de los asistentes al evento, que se realiza anualmente en el marco de la Feria de la Primavera y la Paz.
ADVERTENCIA: El siguiente video contiene material que puede herir la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción al espectador.
Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, exdirector de Desarrollo Tecnológico del extinto Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), fue detenido por autoridades federales por su presunta participación en un desvío millonario de recursos destinados al sistema penitenciario federal.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la captura se realizó el jueves, aunque no se precisó el lugar ni el destino al que fue trasladado. En el registro oficial se describe al detenido como un hombre de 1.63 metros de estatura, tez morena clara, barba y cabello entrecano, sin tatuajes visibles. Al momento de su detención vestía pantalón de mezclilla, playera color vino, chamarra café, botas grises y gorra del mismo tono.
Pérez Rodríguez es uno de los 61 exservidores públicos contra quienes se giraron órdenes de aprehensión en mayo de 2023. Entre los señalados también se encuentra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, así como diversos exmandos del sistema penitenciario federal. A todos se les imputan los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Fiscalía General de la República acusa a Pérez Rodríguez de participar en el desvío de 2 mil 950 millones de pesos mediante empresas factureras presuntamente relacionadas con Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la actriz y conductora Inés Gómez Mont, quien fue detenido en Miami, Estados Unidos. La investigación se centra en presuntas irregularidades en la administración de recursos asignados a los penales federales del país.
En la lista de implicados también figuran Eduardo Guerrero Durán, excomisionado del OADPRS entre 2015 y 2016; Paulo Uribe Arriaga, exdirector general de Administración; Emmanuel Castillo Ruiz, extitular de la Coordinación General de Centros Federales; y Jorge Arnaldo Nava López, exdirector del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia del desaparecido organismo.
El caso forma parte de una investigación de mayor alcance sobre el manejo de recursos públicos en el sistema penitenciario federal. Las autoridades mantienen abierta la indagatoria y no han informado aún sobre la situación jurídica del detenido ni sobre las acciones que seguirán en el proceso.
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