La Fiscalía General del Estado de Chihuahua confirmó este lunes la detención de dos personas implicadas en el escandaloso hallazgo de 383 cuerpos sin cremar en un establecimiento funerario de Ciudad Juárez. El fiscal César Jáuregui informó que los detenidos son José Luis Sarellano Cuarón, propietario del crematorio, y Facundo Martínez Robledo, empleado del mismo, quienes enfrentarán cargos por diversas irregularidades y podrían recibir penas de hasta 12 años de prisión.

El caso, que ha causado conmoción a nivel nacional, fue descubierto tras una denuncia anónima que alertó a las autoridades sobre posibles manejos indebidos en un crematorio no autorizado. Al ingresar al lugar, personal forense localizó cientos de cuerpos apilados en condiciones irregulares, muchos de ellos embalsamados, otros en avanzado estado de descomposición.

Según explicó el fiscal, los peritos forenses estiman que algunos restos podrían haber permanecido en el lugar entre tres y cuatro años. Sin embargo, debido a la preparación funeraria previa, aún no se puede precisar con exactitud cuánto tiempo llevaban almacenados. La Fiscalía ya trabaja en cotejar los restos con registros oficiales de defunciones y servicios contratados para identificar plenamente a los fallecidos y dar aviso a sus familias.

Jáuregui indicó que, además de los delitos relacionados con la disposición indebida de cadáveres, se investiga una serie de irregularidades en la operación del crematorio, incluyendo la falta de permisos, omisiones sanitarias y posible falsificación de documentación. Estos delitos podrían significar penas de entre 2 y 16 años de prisión para los implicados.

“Se trata de un acto que no solo transgrede la ley, sino que atenta contra la dignidad de las personas fallecidas y de sus familias”, subrayó el fiscal. Aseguró también que se continuará con la investigación a fondo y no se descartó la posibilidad de que haya más personas implicadas o incluso otros establecimientos en situación similar.

El caso ha generado indignación en la comunidad juarense y ha reavivado el debate sobre la regulación de los servicios funerarios en la entidad. La Comisión Estatal de Derechos Humanos solicitó una revisión integral de todos los crematorios y funerarias del estado para evitar que hechos como este se repitan.

La Fiscalía hizo un llamado a los ciudadanos que contrataron servicios en dicho establecimiento para que se acerquen a las autoridades, a fin de esclarecer el paradero de los restos de sus familiares y facilitar los procesos de identificación.