Fue detenido en San Diego, California, Brian Jeffrey Raymond, exfuncionario de la Embajada de Estados Unidos en México, quien violó a mujeres en la Ciudad de México y Washington D.C.
El pasado 31 de mayo, la Policía de la Ciudad de México respondió al llamado de una mujer que “gritaba de forma histérica y aparentemente intoxicada” desde el balcón de un departamento, el cual resultó ser propiedad de la Embajada de Estados Unidos, habitado por Jeffrey Raymond, quien fue detenido.
Sin embargo, al ser -en ese entonces- funcionario de la Embajada estadounidense fue trasladado a aquel país, donde días después renunció a su cargo en el departamento del Estado.
A principios de octubre, fue detenido acusado de un crimen sexual, que en Estados Unidos se conoce como coerción y seducción, debido a que cuando las autoridades investigaron los aparatos electrónicos de Brian Jeffrey Raymond -computadora, teléfono celular y cuentas de internet-, encontraron 400 fotos y videos de él abusando sexualmente de mujeres presuntamente intoxicadas e inconscientes.
Fuentes de la Policía de la Ciudad de México confirmaron al noticiero “Por la mañana” de Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula que, Brian Jeffrey Raymond llegó a la Embajada de Estados Unidos en México en agosto de 2018.
Fue detenido en la Ciudad de México, pero tuvo que ser liberado por contar con inmunidad diplomática en términos de la convención de Viena, por lo cual fue trasladado de manera inmediata a Estados Unidos.
Se inició una operación conjunta entre el FBI y las fiscalías de la Ciudad de México y de la República; la acusación en contra de Jeffrey Raymond habla de víctimas en Ciudad de México y en el área metropolitana de Washington, DC.
El exfuncionario de la Embajada de Estados Unidos en México fue detenido en San Diego, California, el 9 de octubre; mientras que el 15 de octubre se llevó a cabo su primera audiencia.
AMLO busca solucionar en 5 meses lo que no se resolvió en 10 años del caso Ayotzinapa
El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que la Ley de Amnistíatiene como principal interés la resolución de temas de interés que aquejan al país y en los que se ha constatado la violación de derechos humanos, como lo es el caso Ayotzinapa, el cual conmemora este 26 de septiembre 10 años de la desaparición de los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos.
Durante su Mañanera de este miércoles, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre el propósito de este reforma, la cual fue aprobada la tarde del martes 23 de abril en comisiones del Senado y que, se prevé, sea discutida este mismo miércoles en el Pleno.
Al respecto, el presidente López Obrador reiteró que su principal interés es el caso Ayotzinapa en el que, dijo, se produjo una especie de “pacto de silencio” en el que algunos formaron aparte de la desaparición de los jóvenes y les ofrecen protección; o bien, otros más, que se han cerrado por miedo o amenazas.
No obstante, el mandatario federal confió en que con esta ley el caso pueda resolverse antes de que finalice su sexenio el próximo 1 de octubre.
“Nos va a ayudar mucho, sí nos alcanza el tiempo porque es hacer las cosas legales”, dijo el presidente López Obrador al ser cuestionado sobre si la aprobación de esta ley le permitiría cerrar el caso que cumple 10 años este 26 de septiembre en los cinco meses que le quedan a su gobierno.
Explicó que el propósito de la ley es que haya un respaldo en caso de que se tome un acuerdo con alguien que quiere informar sobre el caso. Y es que precisó que si el presidente no tiene facultades para cumplir con los acuerdos con personas que informan sobre el caso, se estaría infringiendo la ley.
López Obrador aseguró una vez más que su gobierno tiene pruebas de que algunas de las personas que fueron liberadas por jueces por presuntamente haber sido torturadas durante la investigación del caso, en realidad no sufrieron tortura.
El presidente dijo que aunque estas 80 personas están en libertad, una vez llegado el momento se buscará abrirles un nuevo expediente.
El presidente aprovechó el tema para volver a la carga en contra del Poder Judicial, en cuyo caso, dijo, los jueces no actuaron solos y de manera independiente al determinar la liberación de las 80 personas señaladas por su presunta participación en el caso Ayotzinapa.
De acuerdo con el presidente, este tipo de actuaciones requiere la anuencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que, en este caso, sería la ministra Norma Piña Hernández.
“No fue un asunto nada más de jueces, porque para liberar a 80 presuntos responsables de la desaparición de Ayotzinapa debió haber una consulta al presidente de la Corte. No se avienta un juez a algo así solo. Por mucho que hablen de autonomía”, indicó.