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Detienen a más de 2 mil personas tras 11 días de conflicto en Ecuador

En medio de los operativos que se han desatado a causa de la onda de violencia en Ecuador, se han decomisado 7.1 toneladas de droga y hasta 18 mil 500 dólares en efectivo.

Quito.- Un total de 2 mil 578 personas han sido detenidas en Ecuador durante los primeros once días de la declaración por parte del gobierno de un «conflicto armado interno» contra el crimen organizado, de los cuales 158 fueron arrestados por presunto terrorismo.

La cifra se desprende de un balance del gobierno de Ecuador publicado este sábado sobre las operaciones policiales y militares realizadas en el territorio nacional bajo este nuevo escenario, donde 22 bandas del crimen organizado han sido consideradas como grupos terroristas y actores beligerante no estatales.

Entre el 9 y el 20 de enero las autoridades ecuatorianas también afirman haber abatido a cinco presuntos miembros de estas bandas ahora catalogadas como terroristas, mientras que dos policías fueron asesinados y otros 11 fueron liberados de distintos secuestros ejecutados aparentemente por estas mafias.

Durante ese periodo se han incautado 940 armas de fuego, mil 139 armas blancas, 69 alimentadoras de armas, más de 31 mil 200 balas y 4 mil 763 explosivos.

Las fuerzas del orden de Ecuador han decomisado también más de 7.1 toneladas de drogas y más de 18 mil 500 dólares en efectivo.

De acuerdo al balance del Ejecutivo, en estos 10 días hubo 13 atentados a infraestructuras públicas y privadas y doce a establecimientos policiales. Las fuerzas del orden han desplegado 29 mil 240 operativos y han aprehendido 15 embarcaciones.

En medio del estado de excepción y del conflicto armado interno, con los militares a cargo de la seguridad, el miércoles fue asesinado el fiscal César Suárez, quien estaba a cargo de las investigaciones de la incursión armada al canal TC televisión el 9 de enero, en Guayaquil, que terminó con el arresto de 13 personas.

La Justicia ha ordenado la prisión preventiva de dos presuntos implicados en el asesinato del fiscal Suárez. El «conflicto armado interno» fue declarado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, el 9 de enero ante una oleada de atentados y acciones violentas atribuidas al crimen organizado, que incluyeron el secuestro y asesinato de policías, alertas de explosiones, vehículos incendiados y motines simultáneos en cárceles con toma de rehenes, ahora liberados.

Con más de 200 funcionarios de prisiones como rehenes en total, los motines carcelarios en al menos siete prisiones se mantuvieron activos hasta el pasado sábado por la noche, cuando lograron ser liberados todos, salvo un guardia carcelario que falleció en un presunto tiroteo aún no esclarecido por las autoridades.

Durante esos motines se fugaron cerca de 90 presos, entre ellos Fabricio Colón Pico, considerado uno de los cabecillas de la banda ‘Los Lobos’ y señalado de presuntamente planear un atentado contra la fiscal general, Diana Salazar.

Antes de esos episodios había huido José Adolfo Macías Villamar, más conocido como ‘Fito’, el líder de ‘Los Choneros’, una de las bandas más violentas del país, y catalogadas ahora por el gobierno de Daniel Noboa como «terroristas».

Resto del mundo

Cofece multa a Walmart por prácticas monopólicas: la batalla legal apenas comienza

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un golpe histórico al multar a Walmart de México con 93.4 millones de pesos tras concluir una investigación que se extendió por más de cuatro años. La razón: prácticas monopólicas relativas, particularmente en el trato con sus distribuidores.

Según el dictamen de la Cofece, Walmart aprovechó su posición dominante en el mercado para imponer condiciones desfavorables a los proveedores, afectando la competencia en el sector. Aunque no se han revelado todos los detalles de las “contribuciones” impuestas a los distribuidores, el veredicto destaca cómo estas prácticas distorsionan el acceso al mercado y perjudican a competidores más pequeños.

En respuesta, Walmart no tardó en reaccionar. La empresa anunció que impugnará la decisión y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de las leyes mexicanas. En su comunicación oficial, destacó que la sanción carece de fundamento y que está basada en interpretaciones erróneas. Este movimiento era predecible: para una empresa de este tamaño, 93 millones de pesos no solo representan una cifra considerable, sino también una amenaza a su reputación.

Por otro lado, la Cofece también se juega mucho. Este caso es una muestra clara de su intención de reforzar la vigilancia sobre los gigantes corporativos. Sin embargo, una batalla legal prolongada podría poner a prueba su capacidad de defender sus resoluciones en tribunales.

Más allá de la multa, el caso de Walmart pone el reflector sobre una problemática común en el comercio minorista: el desbalance de poder entre grandes cadenas y pequeños distribuidores. Si bien el desenlace de este litigio aún está por definirse, el mensaje es claro: los días de actuar sin consecuencias podrían estar contados. La industria y los consumidores estarán atentos a cada movimiento en esta batalla judicial.

 

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