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Detienen a mujer secuestradora de empresario camarguense

Elementos de la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía General del Estado lograron la detención de una mujer involucrada el secuestro de un comerciante en el municipio de Camargo en el año 2009.

Elementos de la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía General del Estado lograron la detención de una mujer involucrada el secuestro de un comerciante en el municipio de Camargo en el año 2009.

La mujer de 29 años de edad identificada como Adeeidy Salazar Olivas, fue detenida en San Luis Potosí el lunes pasado, esta fémina formaba parte de una banda de secuestradores denominada “Familia Sáenz de la Cruz”, misma que fue desarticulada con la detención de 15 plagiarios, siete de ellos de Chihuahua y ocho de Jalisco.

Adeeidy fue localizada y capturada en el estado de San Luis Potosí, lugar en el que se ocultaba desde el año 2009 después de participar en el secuestro de un empresario de 35 años originario del municipio de Camargo, quien finalmente fue
asesinado por la banda porque reconoció a la hoy detenida como su empleada en algunos negocios de la familia.

Adeeidy Salazar Olivas

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El Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Morelos dictó sentencia condenatoria contra tres implicados en el secuestro de una adolescente, ocurrido el 8 de noviembre de 2022, en la calle Bahía de San Quintín, Chihuahua.

Hechos Comprobados

  • José Luis A. Z. y Armando M. O., armados con un cuchillo, privaron de la libertad a la menor, subiéndola por la fuerza a un vehículo Ford Figo 2019.
  • Durante un operativo conjunto entre la Agencia Estatal de Investigación y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la víctima fue rescatada sana y salva.
  • Eric Ricardo R. S., profesor de la menor, fue señalado como el autor intelectual del secuestro al idear el plan para exigir un rescate.

Sentencia y Reparación del Daño

  • Los tres acusados fueron encontrados responsables tras la presentación de pruebas, incluidas imágenes de cámaras de seguridad.
  • Además de la condena en prisión, deberán pagar 101 mil pesos como reparación del daño.

Este caso destaca la coordinación entre las autoridades y el sistema de justicia para garantizar la seguridad de las víctimas y castigar actos de violencia en la comunidad.

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