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México

Detienen al exgobernador Mario Marín

Al realizar un cateo en un domicilio de Acapulco, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), detuvieron la tarde este miércoles al exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres.

Contra el ex mandatario pesa una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho. El delito del que se le acusa fue consignado bajo el sistema de justicia penal mixto, es decir, está tipificado como grave y no alcanza la libertad bajo caución.

En las próximas horas, el ex gobernador será trasladado a Cancún, Quintana Roo, para ser puesto a disposición de la autoridad que lo requiere.

En abril de 2019, la magistrada María Elena Suárez, titular del Primer Tribunal Unitario Vigésimo Séptimo Circuito, ordenó la aprehensión del ex gobernador así como del empresario Kamel Nacif, por su presunta responsabilidad en la tortura de Lydia Cacho, delito cometido en 2005.

También se ordenó la captura del ex jefe de la Policía Judicial de Puebla, Juan Sánchez Moreno, y del ex subdirector de Mandamientos Judiciales, Hugo Adolfo Karam.

?La resolución de la magistrada revocó la decisión del juez Segundo de Distrito en Quintana Roo, que en 2018 negó la orden de captura a la entonces Procuraduría General de la República.

El titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, informó en su momento que solicitó a Interpol la emisión de una ficha rojapara detener al ex gobernador.

Por esta razón, el ex mandatario estatal era buscado en 194 países que están adheridos a la Organización Internacional de Policía Criminal.

En 2018, elementos de la Agencia de Investigación Criminal aprehendieron en Puebla al policía en funciones Alejandro Rocha Laureano, por su probable responsabilidad en el mencionado delito. Fue señalado de participar en el cumplimiento de la orden de aprehensión en contra de la periodista.

Cacho fue detenida en 2005 por la probable comisión de los delitos de difamación y calumnias, cargos presentados por Kamel Nacif Borge, conocido como El Rey de la mezclilla, a causa de la publicación del libro Los Demonios del Edén, en el que la escritora describe fiestas en las cuales supuestamente se pervertía a menores de edad.

En dicha época se dieron a conocer audios de las llamadas entre Kamel Nacif y Mario Marín, en las que este último manifestó su apoyo al empresario para imponerle un correctivo a la periodista.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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