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México

Detienen en EU a una de las propietarias de la Guardería ABC; padres exigen su extradición inmediata

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Sandra Lucía Téllez Nieves, una de las copropietarias de la Guardería ABC —donde 49 niñas y niños murieron calcinados en 2009 en Hermosillo, Sonora— fue arrestada en Estados Unidos, según información difundida por colectivos de madres y padres de las víctimas.

Juana Luna Hernández, representante del colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños A.C., confirmó que fue notificada por su abogado sobre la detención, aunque las autoridades mexicanas no han dado ninguna postura oficial. Según la activista, la detenida se encuentra en el Centro de Detención de Eloy, Arizona, luego de que se activara una ficha roja de INTERPOL. Se ha informado que los abogados de Téllez Nieves buscan solicitar asilo político en EE.UU., situación que ha generado indignación entre las familias afectadas.

Téllez Nieves fue sentenciada en México a cinco años y seis meses de prisión en 2022, pero hasta ahora permanecía prófuga. Los padres exigen su pronta deportación y extradición para que cumpla con su condena en un penal mexicano.

El colectivo también expresó su preocupación por el silencio de las autoridades mexicanas frente a un caso tan grave, y no descartan que el otro propietario prófugo, Antonio Salido Sánchez, se encuentre cerca del lugar donde fue localizada Téllez Nieves.

Mientras tanto, otro grupo de familiares pidió unos días para corroborar la información y recordó que ya habían solicitado a la presidenta Claudia Sheinbaum acelerar la ejecución de las órdenes de aprehensión contra los responsables, reiterando su compromiso de seguir buscando justicia tras 16 años de lucha.

México

México y EU bloquean red de fraude en tiempos compartidos ligada al CJNG

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y en coordinación con autoridades de Estados Unidos, se reforzaron las acciones contra una red de fraude en esquemas de tiempos compartidos presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, según un comunicado emitido el 19 de febrero.

Como parte de las medidas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense designó a 24 personas por su supuesta participación en el esquema. De ellas, cinco son personas físicas y 19 personas morales que habrían operado mediante fraudes relacionados con servicios turísticos y que tendrían posibles nexos con la organización criminal.

De manera paralela, la Unidad de Inteligencia Financiera incorporó a siete sujetos adicionales a la Lista de Personas Bloqueadas en México. Se trata de seis individuos y una entidad identificados como parte del núcleo operativo, familiar y corporativo detectado durante las investigaciones financieras.

Las acciones del Departamento del Tesoro forman parte de los mecanismos de cooperación bilateral orientados a debilitar las estructuras económicas de grupos delictivos. De acuerdo con el comunicado, estas organizaciones utilizan actividades empresariales y del sector turístico como fachada para captar recursos de origen ilícito. El impacto de estas operaciones es de carácter transnacional y se concentra principalmente en destinos como Jalisco y Nayarit.

En el ámbito nacional, la UIF realizó estudios financieros, fiscales y corporativos de los involucrados. Los análisis permitieron identificar movimientos relevantes de dinero, transferencias internacionales, uso de instrumentos de inversión, consumos significativos con tarjetas de servicio y participación accionaria en diversas sociedades mercantiles constituidas principalmente en la región occidental del país.

Además, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conforme a las atribuciones legales de la autoridad.

La dependencia señaló que mantiene coordinación permanente con instancias nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional, con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero y debilitar las capacidades económicas de organizaciones criminales.

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