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México

Deuda pública de México llega a lo más alto en tres sexenios

La deuda pública –interna y externa– contratada por el Gobierno de México alcanzó su nivel más alto en los últimos tres sexenios y al final de este año sumará 50.5% del Producto Interno Bruto (PIB), una tasa no vista durante los últimos 16 años, reportó la Secretaría de Hacienda.
Dicha cifra equivale a nueve billones 647 mil 303 millones de pesos, los cuales representan más de la mitad de la riqueza que genera nuestro país en todo un año, a través de los productos que aportan la agricultura, la industria, el comercio, el turismo y los servicios en general.
Para dimensionar su importancia, basta decir que tal cantidad alcanzaría para cubrir 32 veces el presupuesto que autorizó la Cámara de Diputados para financiar la Educación Publica o, bien, para cubrir 73 veces el monto que la Secretaría de Salud invertirá en 2016, a nivel nacional.
El problema más grave, advierten los especialistas, es que la actual administración pública justifica la contratación e incremento de la deuda en mayor gasto del Gobierno para impulsar el crecimiento de la economía, lo cual queda en entredicho con una tasa de desarrollo de 2% anual, en los últimos cuatro años.
Desglose y cifras relevantes
A través del último Informe sobre las Finanzas Publicas y la Deuda Pública, la Secretaría de Hacienda indicó que:
• Entre enero y agosto de este año, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), indicador que mide los pasivos públicos, reportan que la deuda total de México sumó 46.8% del PIB.
• Mientras que para el cierre del año, el monto se incrementará hasta 50.5% del PIB.
• De esta última cifra, 764 mil 143 millones de pesos –equivalentes a 4% del PIB– corresponden al efecto acumulado –o encarecimiento– del tipo de cambio registrado entre 2012 y 2016.
• Cabe estacar que el nivel de la deuda pública del país (prevista por Hacienda para este año), es superior al límite de 47.8% del PIB, aprobado por el Congreso de la Unión para 2016, a través de los Criterios Generales de Política Económica.
El monto más alto en tres sexenios
Al comparar las cifras reportadas durante los últimos 16 años, el informe publicado por Hacienda –que por ley es enviado al Congreso de la Unión– establece que:
• La estimación de 50.5% del PIB que alcanzarán los adeudos públicos, internos y externos, contratados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, superan con amplitud el nivel registrado en los mandatos de Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quesada.
• Durante el periodo de Fox (de 2000 a 2016), los adeudos del Gobierno mexicanos bajaron de 31.7% a a 29.8% del PIB.
• Con Calderón Hinojosa (de 2007 a 2012), el saldo creció de 29.1% a 37.7% del PIB.
• Mientras que con Peña Nieto (de 2013 a 2016), las previsiones sobre los pasivos del Estado mexicano se dispararon de 40.4% a 50.5% del PIB.
Consecuencias peligrosas
Un estudio publicado por el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC) advierte que el crecimiento de los adeudos públicos es resultado de un alza en el déficit publico o recursos que el Gobierno obtiene a través de la emisión de bonos, certificados y contratos.
Indicó que el «incremento al endeudamiento representa un peligro para las finanzas públicas cuando es improductivo, es decir cuando no genera resultados que garanticen que se podrá pagar en el futuro», lo que «justamente» está pasando cuando el desarrollo del país apenas promedia 2% en los últimos cuatro años.
«Por lo que endeudarse es una estrategia inadecuada para financiar mayores erogaciones, porque sólo crea una inercia presupuestal que es difícil de corregir» y, por lo tanto de pagar; lo cual pone en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas y la viabilidad económica nacional.

 

Publimetro

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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