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Política

Deuda pública: otra vez la guerra de las cifras

El tema de la deuda pública generó una nueva guerra de cifras en la que participaron no sólo la actual y la anterior administración, sino algunos medios especializados de la ciudad de México, cuyas ediciones de finanzas emitieron una visión muy distinta a la que propagó el gobierno estatal.

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El tema de la deuda pública generó una nueva guerra de cifras en la que participaron no sólo la actual y la anterior administración, sino algunos medios especializados de la ciudad de México, cuyas ediciones de finanzas emitieron una visión muy distinta a la que propagó el gobierno estatal.

Durante el lunes y martes, el Gobierno del Estado difundió que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya había hecho el “ajuste” a la deuda de Chihuahua, a la cual—siempre, de acuerdo con la versión oficial—le habrían quitado los 15 mil millones de pesos de bonos carreteros y los más de 3 mil mdp de bonos cupón cero.

Tanto en noticiarios radiofónicos como en diarios digitales se difundió la versión de que la SHCP ya había “rebajado” la deuda de Chihuahua y de que los bonos carreteros ya no se consideran pasivos debido a que tienen su propia fuente de financiamiento, que son las cuotas que se recaudan en las casetas de peaje.

Casi a la par, al menos tres diarios de circulación nacional, dos de ellos especializados en economía y finanzas, difundieron una versión totalmente distinta.

En su edición del domingo 17 de agosto, El Financiero informó que el endeudamiento de los gobiernos locales creció 1.4 por ciento respecto al saldo del cierre de 2013 y que el Distrito Federal, Nuevo León, Chihuahua, Veracruz y Estado de México, los más endeudados. En un cuarto párrafo, anota que Chihuahua debe 41 mil 603.1 millones de pesos, la misma cantidad que publicó la SHCP en su informe trimestral, disponible en su portal web.

El Universal no sólo confirmó las mismas cifras, sino que añadió que los pasivos del Distrito Federal; Nuevo León; Chihuahua; Veracruz y Estado de México representan más del 50 por ciento de la deuda total de estados y municipios.

Más aún, El Economista publicó el 17 de agosto que la deuda de Chihuahua creció un 59.18% entre junio del 2013 y el mismo mes del 2014.

El hecho es que el tema de la deuda se mantiene como uno de los más incómodos para el Gobierno del Estado, a grado tal que está en boca de todo el mundo aunque pocos se acuerden de la cifra exacta de deuda, mucho menos de las clasificaciones en las que se divide o de la capacidad de pago del estado. Ahí está el reclamo que le hiciera al gobernador un joven estudiante de la Facultad de Derecho, cuya proclama no tenía más elementos que pedir un “ya no endeude más al estado”.

El hecho es que al tema de la deuda le falta revisión y reflexión. Le falta que se analice con una óptica contable, financiera, de uso y destino de recursos y de capacidad de pago del Gobierno. Más vale hacer un análisis serio de la situación y así evitar que un tema de poco dominio se convierta en una bandera fácil de campaña, para bien o para mal.

Por Alejandro Salmón

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Chihuahua

Militantes del PAN analizan solicitar expulsión de Fernanda Martínez

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En grupos de Facebook y WhatsApp integrados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), especialmente entre miembros del Consejo Estatal, comenzó a circular la posibilidad de presentar una solicitud formal para la expulsión de Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, tras señalamientos por una presunta conducta considerada irrespetuosa hacia otros integrantes del partido.

De acuerdo con versiones difundidas en esos espacios internos, diversos panistas han planteado que la Comisión de Honor y Justicia del PAN intervenga para revisar el caso y, en su caso, determine las sanciones que correspondan conforme a la normatividad interna.

Entre los argumentos expuestos por los militantes se encuentra que el reglamento del partido contempla medidas disciplinarias para conductas que atenten contra el respeto, la disciplina y la convivencia entre sus integrantes, por lo que algunos consideran que el asunto podría derivar en un procedimiento de expulsión.

Asimismo, abogados con experiencia en materia electoral habrían señalado que la denuncia de un solo militante sería suficiente para activar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Honor y Justicia, siempre que existan elementos para iniciar el análisis del caso.

Además del proceso interno partidista, también se ha mencionado la posibilidad de promover una acción ante la Secretaría de la Función Pública, bajo el argumento de un presunto uso de recursos públicos u oficiales para favorecer políticamente a un aspirante o candidato. De comprobarse esa situación, podría iniciarse una revisión administrativa independiente del procedimiento interno del PAN.

Hasta el momento, la discusión permanece en redes sociales y grupos internos de militantes, sin que se haya confirmado de manera pública la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.

Se espera conocer si alguno de los militantes inconformes presenta formalmente la queja o si la dirigencia estatal del PAN emite un posicionamiento sobre el tema.

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