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México

Deuda pública se mantendrá estable en 2019: SHCP

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La deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) se mantendrá estable y en una trayectoria sostenible en 2019, anticipó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Al presentar el Plan Anual de Financiamiento 2019, estimó que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), la medida de deuda más amplia, se ubique en un nivel de 45.3 por ciento del PIB al cierre de 2019.

Con esto, la deuda pública como porcentaje del PIB se mantendrá estable y en una trayectoria sostenible”, argumentó en un comunicado la dependencia encargada de las finanzas públicas del país.

Refirió que las necesidades de financiamiento del gobierno federal para 2019 ascienden a 7.2 por ciento del PIB, resultado de los siguientes elementos: déficit del gobierno federal de 1.9 por ciento del PIB, amortizaciones de deuda interna por 4.9 por ciento del PIB y amortizaciones de deuda externa por 0.4 puntos del PIB.

La Secretaría de Hacienda afirmó que el manejo prudente de la deuda pública continuará siendo un elemento fundamental de la política económica.

Así, la estrategia de manejo de deuda para 2019 considera los siguientes elementos: cubrir las necesidades de financiamiento del gobierno federal a costos reducidos, a un horizonte de largo plazo y con un bajo nivel de riesgo.

Además, preservar la diversidad del acceso al crédito en diferentes mercados, privilegiando el uso del mercado interno, y promover el desarrollo de mercados líquidos y profundos, con curvas de rendimiento que faciliten el acceso al financiamiento a una amplia gama de agentes económicos públicos y privados.

La dependencia informó que para cubrir las necesidades de financiamiento del gobierno federal, en 2019 se recurrirá principalmente al mercado local de deuda.

El crédito externo se utilizará de manera complementaria cuando las condiciones en los mercados internacionales sean favorables y permitan diversificar las fuentes de financiamiento, precisó.

Destacó que la política fiscal estará orientada a mantener una trayectoria estable y sostenible de la deuda pública, particularmente las acciones de la política de deuda pública estarán orientadas a mantener un portafolio de pasivos robusto y bien diversificado.

Esto para que permita disminuir el impacto de los choques externos sobre las finanzas públicas, con el fin de que episodios de volatilidad en los mercados financieros tengan un efecto acotado sobre el costo financiero de la deuda, argumentó.

Para fortalecer el portafolio de deuda del gobierno federal, se buscará realizar operaciones de manejo de pasivos de manera frecuente, lo que también permitirá ajustar el uso de los diversos instrumentos a las condiciones prevalecientes en los mercados financieros.

Asimismo, el gobierno federal continuará implementando una política de manejo de la deuda basada en un uso estricto y responsable del endeudamiento público guiada por el principio de transparencia.

De esta manera, el gobierno federal buscará una comunicación proactiva con todos los participantes del mercado, que fomente buenas prácticas y un mejor sistema financiero.

En suma, la política de endeudamiento para 2019 se orientará a fortalecer el portafolio de deuda pública como elemento indispensable para la solidez de las finanzas públicas”, subrayó.

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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