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México

Dictamen de Reforma Judicial contempla más de 100 cambios

Ciudad de México.- El Congreso alistó la propuesta de reforma al Poder Judicial, con algunos cambios tras los foros al respecto, con la que México se perfila para elegir en 2025 a los miembros de la Suprema Corte y al 50 % de los jueces, según anunciaron este viernes legisladores oficialistas.

Ignacio Mier, coordinador del grupo parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), expuso en una conferencia de prensa que las discusiones de las últimas semanas llevaron a «más de 100 modificaciones a la iniciativa que presentó el presidente» Andrés Manuel López Obrador en febrero pasado.

Entre estas modificaciones, señaló Mier, «se establecen con precisión cuáles son los requisitos técnicos, profesionales, de experiencia, de desempeño y evaluación social y profesional de quienes sean postulados por parte de los comités de evaluación», y se garantiza la paridad, «iniciando siempre por darle el primer espacio a mujeres».

Mier puntualizó que la elección «va a ser gradual, por escalonamiento», es decir, habrá una elección extraordinaria para 2025 y otra elección «ya ordinaria concurrente para la elección federal en el 2027».

«Va a ser en el mismo día en el 2025 la elección para la totalidad de los ministros de la Corte, para el 50% de magistrados y para todas las vacantes, cesantías, preretiros, prejubilaciones de jueces», apuntó Mier, y agregó que el número exacto de postulaciones sería determinado a través de un informe que emita la Judicatura Federal al Senado.

Plantean selección de candidatos por sorteo

El diputado Juan Ramiro Robledo detalló que la primera elección se llevaría a cabo el primer domingo de junio de 2025, según la propuesta que se planea discutir en el Congreso mexicano dentro de dos semanas, luego de que entre en funciones la nueva legislatura el 1 de septiembre, donde el oficialismo se perfila a tener una ‘supermayoría’.

Robledo añadió que la iniciativa incluye que los 32 estados del país sigan las mismas directrices que la reforma federal, aunque con la libertad de establecer sus propios plazos y fórmulas para implementarlas.

Además, señaló que se incluye la creación de tres órganos de evaluación, uno en cada Poder de la Unión, que revisarán los expedientes y antecedentes de los candidatos, y seleccionarán un grupo de finalistas para cada cargo, donde también podrán participar los actuales jueces, ministros y magistrados.

El diputado precisó que «cuando los tres comités o algunos de ellos lleguen a la conclusión de que hay muchos buenos candidatos para un cargo, ahí sortearán para que se reduzca el número».

«Y los que resulten de ese procedimiento aleatorio, que existe en la legislación mexicana desde siempre, el Código Civil llevado a este procedimiento público, serán los que pasen por la vía del Senado al INE (Instituto Nacional Electoral) para que participen como candidatos», señaló.

Agregó que habrá «dos evaluaciones: una antes de participar, para todos los que no son jueces, magistrados y ministros, y otra después, en el año en que estén ejerciendo por primera vez su cargo».

«El tribunal disciplinario los sancionará, los revisará, los pondrá a trabajar, a capacitarse más, y si no, serán retirados», afirmó.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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