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México

Dictaron auto de formal prisión a Luis Cárdenas Palomino por el delito de tortura

La mañana de este lunes se dio a conocer la resolución del juez Décimo Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en el reclusorio Oriente, en la Ciudad de México, por medio de la cual se dictó el auto de formal prisión contra Luis Cárdenas Palomino, ex director de Seguridad Regional de la Policía Federal, imputado por el delito de tortura.

El ex mando policiaco detenido el pasado 5 de julio y vinculado con Genaro García Luna permanecerá internado en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, debido a que el delito por el cual se le acusa está tipificado como grave.

El juez Jesús Alberto Chávez determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) aportó las pruebas suficientes para probar la probable responsabilidad de Cárdenas Palomino en la tortura de cuatro personas, entre ellas Mario Vallarta Cisneros y Sergio Cortez Vallarta (hermano y sobrino de Israel Vallarta).

En la denuncia también figuran como víctimas los hermanos Eduardo y Ricardo Estrada Granados, quienes fueron golpeados y detenidos al interior de su domicilio por un grupo de policías federales que obedecían al mando de Palomino en 2012.

José Luis Cárdenas Palomino (Foto: Cuartoscuro)José Luis Cárdenas Palomino (Foto: Cuartoscuro)

Fuentes allegadas a la defensa, encabezada por el penalista José Luis Nassar, dijeron al periódico El Financiero que presentaran alegatos sólidos para mostrar la inocencia del exmando de la Policía Federal (PF). Esto a pesar de que el juez que firmó la orden de aprehensión confirmó que había elementos para suponer que Palomino torturó a los detenidos con toques eléctricos y bolsas de plástico para cortarles la respiración.

Otro argumento que presentará la defensa será la denuncia que presentaron los cuatro presuntos torturados, siete años después de haber sido detenidos. Cabe mencionar que esa fecha coincidió con la aplicación del Protocolo de Estambul, el cual es utilizado para “evaluar a las personas que refieren haber sufrido tortura o tratos degradantes, inhumanos o crueles”.

La defensa consideró que los imputados acusaron al exmando de la PF por el delito de tortura como parte de una estrategia para obtener su libertad, pues actualmente están bajo proceso por este presunto secuestro que se cometió años después de la detención del presunto líder de la banda Los Zodiaco, Israel Vallarta. También insistirán en que el exfuncionario sea trasladado a un penal de mediana seguridad, ya que calificaron como “excesiva” la decisión de las autoridades que lo canalizaron al Altiplano.

Al momento de realizar los Protocolos de Estambul, la perito independiente Luz Mila María Paez concluyó que en todos los casos las lesiones descritas en los dictámenes físicos, las narraciones de los cuatro afectados, las secuelas en la salud de estas personas y las alteraciones emocionales que sufrían desde el día de los hechos eran “concordantes y positivas” para acreditar la tortura.

(Foto: FGR)(Foto: FGR)

Con motivo de esa detención, (los afectados) recibieron de sus aprehensores golpes físicos y maltrato psicológico con el fin de que confesaran su participación en un secuestro”, señaló en la consignación citada por la revista Proceso.

En el pliego de la orden de aprehensión, constaron los dictámenes de integridad física que peritos de la entonces PGR realizaron al día siguiente de las detenciones. En todos los casos se concluyó que los cuatro detenidos presentaban escoriaciones y moretones en varias partes del cuerpo, así como dolores intensos en el abdomen por los golpes recibidos.

Edith Silvia Palacios y Eugenia de Jesús Barrera, peritos en medicina forense, solicitaron en todos los casos dictámenes adicionales de ortopedia para descartar que los afectados presentaran fracturas en los huesos de las costillas.

En el examen de ortopedia que se le realizó a Sergio Cortéz Vallarta el 1 de mayo del 2012, el peritaje concluyó que presentaba traumatismos provocados por “culatazos” y que los golpes que recibió de un elemento de la Policía Federal le habían provocado una pérdida auditiva del 60%.

De acuerdo con los testimonios de la averiguación previa, todos coincidieron en que Luis Cárdenas Palomino había dado la órdenes a sus subordinados y que él mismo había participado en actos de tortura:

La tortura física se presentó cuando los activos del delito en su calidad de elementos aprehensores les propinaron a las víctimas del delito golpes con manos y pies, así como con las armas de cargo de cada uno de ellos, toques eléctricos en algunos casos y la colocación de bolsas de plástico para cubrirles la cabeza, acciones que representan tortura, pues éstas fueron (realizadas) de manera reiterada por un largo periodo, no obstante que los elementos policiales tienen la obligación de salvaguardar los derechos fundamentales”, indicó la resolución judicial.

La causa judicial contempla un total de 13 elementos y exmandos de la Policía Federal acusados de golpear y torturar a cuatro personas que fueron detenidas el 27 de abril del 2012.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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