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Dinero de La Estafa Maestra sería para pagar deudas de campaña de EPN: Emilio Zebadúa

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El dinero desviado a través de La Estafa Maestra se habría utilizado para pagar las deudas y compromisos adquiridos durante la campaña presidencial de 2012 de Enrique Peña Nieto, así lo habría revelado el exoficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Emilio Zebadúa.

Gracias a esta declaración, la Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Enrique González Tiburcio, exsubsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en la gestión de Rosario Robles, por el desvío de 185.8 millones de pesos.

Según la FGR, el desvío ocurrió al simular la firma de un convenio de colaboración con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM) de Hidalgo.

Estas revelaciones forman parte de la declaración que hizo Zebadúa ante la FGR, el 19 de octubre de 2020, en donde acusó el desvío de más de 1,200 millones de pesos e imputó a Rosario Robles y a otros altos funcionarios de la administración anterior, entre ellos al ex titular de Hacienda, Luis Videgaray.

(Foto: Cuartoscuro/ Archivo)(Foto: Cuartoscuro/ Archivo)

El exfuncionario federal -quien solicitó convertirse en testigo protegido- aseveró que desde 2012 y por instrucciones de Rosario Robles, se inició una estrategia de suministro de recursos públicos de la Secretaría de Hacienda autorizados por Luis Videgaray por más de 1,267 millones de pesos.

Siempre de acuerdo con las declaraciones de Zebadúa González, estos recursos fueron asignados a través de la “Cruzada contra el Hambre” con la finalidad de pagar deudas y compromisos de la campaña electoral de 2012 de Enrique Peña Nieto.

Los fiscales solicitaron al juez vincular a proceso a González Tiburcio a quien señalaron por firmar un convenio entre la Sedatu y la Universidad Politécnica Francisco I. Madero de Hidalgo en enero de 2016 para la realización de diversos servicios para el Centro Ciudad de las Mujeres por un total de 185 millones 839 mil pesos, por lo que Robles Berlanga habría tenido conocimiento pleno de lo ocurrido.

Rosario Robles y Emilio Zebadúa (Foto: Cuartoscuro)Rosario Robles y Emilio Zebadúa (Foto: Cuartoscuro)

Pero un mes después, la Universidad subcontrató los servicios a dos empresas privadas, este esquema de subcontrataciones es conocido como la Estafa Maestra.

Por su parte, González Tiburcio, quien compareció por videoconferencia, no hizo declaraciones por lo que se solicitó la duplicidad del término constitucional a 144 horas para presentar pruebas a favor antes de que se defina su situación jurídica.

Será el fin de semana cuando el juzgador determine si vincula o no a proceso a González Tiburcio por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades por el cual podría alcanzar una pena de hasta 12 años de prisión.

Emilio Zebadúa colabora con la FGR con la finalidad de alcanzar un criterio de oportunidad para no pisar la cárcel pese a estar involucrado en La Estafa Maestra.

Emilio Zebadúa González (Foto: Cuartoscuro)Emilio Zebadúa González (Foto: Cuartoscuro)

Apenas el pasado mes de junio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que el vigésimo Primer Tribunal Colegiado le negó un amparo a Zebadúa González debido a que la dependencia demostró que lo había bloqueado en cumplimiento a tratados internacionales y como una medida de prevención al delito.

Cabe recordar que Rosario Robles se encuentra presa en el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla desde el pasado 13 de agosto de 2019 por el delito de ejercicio indebido del servicio público cuando era secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), entre el 1 de diciembre de 2012 y el 26 de agosto de 2015, y también cuando estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Sedatu), entre el 27 de agosto de 2015 y el 30 de noviembre de 2018.

El juez, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna  -sobrino de Dolores Padierna, enemiga de Robles- determinó que sus omisiones habrían causado daño a la Hacienda pública.

México

INE estima gasto operativo de casi 4 mil millones para 2027

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El Instituto Nacional Electoral (INE) proyectó un gasto operativo de 3 mil 948 millones 471 mil 536 pesos para el ejercicio fiscal de 2027, monto que será incorporado al Anteproyecto de Presupuesto del organismo de cara al próximo proceso electoral federal.

La estimación fue elaborada a partir de un análisis metodológico sustentado en el comportamiento histórico registrado entre 2023 y 2025, bajo los lineamientos aprobados por la Comisión Temporal del Presupuesto del instituto.

De acuerdo con la distribución prevista, las oficinas centrales concentrarán la mayor parte de los recursos, con una asignación de 2 mil 380 millones 841 mil 144 pesos. Por su parte, las juntas locales y distritales ejecutivas contarán con mil 567 millones 630 mil 392 pesos para sus operaciones.

El organismo electoral precisó que esta proyección tiene como objetivo garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento ordinario del instituto durante el año en que se desarrollarán las elecciones federales.

El cálculo presupuestal excluye diversos conceptos que forman parte de otros rubros de gasto. Entre ellos se encuentran los servicios personales, la Cartera Institucional de Proyectos, las prerrogativas destinadas a los partidos políticos nacionales y el denominado presupuesto precautorio.

Con esta previsión financiera, el INE busca establecer una base presupuestaria para la organización y operación del proceso electoral de 2027.

Por otra parte, la consejera presidenta del instituto, Guadalupe Taddei Zavala, señaló el pasado 25 de mayo que el organismo carece de facultades ministeriales y judiciales para investigar posibles vínculos entre candidatos y grupos del crimen organizado.

Ante la propuesta de crear una Comisión de Verificación de Integridad para las elecciones de 2027, la funcionaria planteó que la legislación defina con precisión las responsabilidades de cada institución involucrada. Asimismo, propuso que la verificación de antecedentes penales, financieros y de seguridad nacional sea realizada por instancias especializadas del Estado mexicano.

Según lo expuesto, el INE se limitaría a recibir los registros de los partidos políticos, remitir los expedientes a las dependencias competentes y notificar si existe algún impedimento legal para una candidatura.

Hasta el momento, la propuesta relacionada con la verificación de integridad de aspirantes continúa en discusión.

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