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México

Dinero de La Estafa Maestra sería para pagar deudas de campaña de EPN: Emilio Zebadúa

El dinero desviado a través de La Estafa Maestra se habría utilizado para pagar las deudas y compromisos adquiridos durante la campaña presidencial de 2012 de Enrique Peña Nieto, así lo habría revelado el exoficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Emilio Zebadúa.

Gracias a esta declaración, la Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Enrique González Tiburcio, exsubsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en la gestión de Rosario Robles, por el desvío de 185.8 millones de pesos.

Según la FGR, el desvío ocurrió al simular la firma de un convenio de colaboración con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM) de Hidalgo.

Estas revelaciones forman parte de la declaración que hizo Zebadúa ante la FGR, el 19 de octubre de 2020, en donde acusó el desvío de más de 1,200 millones de pesos e imputó a Rosario Robles y a otros altos funcionarios de la administración anterior, entre ellos al ex titular de Hacienda, Luis Videgaray.

(Foto: Cuartoscuro/ Archivo)(Foto: Cuartoscuro/ Archivo)

El exfuncionario federal -quien solicitó convertirse en testigo protegido- aseveró que desde 2012 y por instrucciones de Rosario Robles, se inició una estrategia de suministro de recursos públicos de la Secretaría de Hacienda autorizados por Luis Videgaray por más de 1,267 millones de pesos.

Siempre de acuerdo con las declaraciones de Zebadúa González, estos recursos fueron asignados a través de la “Cruzada contra el Hambre” con la finalidad de pagar deudas y compromisos de la campaña electoral de 2012 de Enrique Peña Nieto.

Los fiscales solicitaron al juez vincular a proceso a González Tiburcio a quien señalaron por firmar un convenio entre la Sedatu y la Universidad Politécnica Francisco I. Madero de Hidalgo en enero de 2016 para la realización de diversos servicios para el Centro Ciudad de las Mujeres por un total de 185 millones 839 mil pesos, por lo que Robles Berlanga habría tenido conocimiento pleno de lo ocurrido.

Rosario Robles y Emilio Zebadúa (Foto: Cuartoscuro)Rosario Robles y Emilio Zebadúa (Foto: Cuartoscuro)

Pero un mes después, la Universidad subcontrató los servicios a dos empresas privadas, este esquema de subcontrataciones es conocido como la Estafa Maestra.

Por su parte, González Tiburcio, quien compareció por videoconferencia, no hizo declaraciones por lo que se solicitó la duplicidad del término constitucional a 144 horas para presentar pruebas a favor antes de que se defina su situación jurídica.

Será el fin de semana cuando el juzgador determine si vincula o no a proceso a González Tiburcio por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades por el cual podría alcanzar una pena de hasta 12 años de prisión.

Emilio Zebadúa colabora con la FGR con la finalidad de alcanzar un criterio de oportunidad para no pisar la cárcel pese a estar involucrado en La Estafa Maestra.

Emilio Zebadúa González (Foto: Cuartoscuro)Emilio Zebadúa González (Foto: Cuartoscuro)

Apenas el pasado mes de junio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que el vigésimo Primer Tribunal Colegiado le negó un amparo a Zebadúa González debido a que la dependencia demostró que lo había bloqueado en cumplimiento a tratados internacionales y como una medida de prevención al delito.

Cabe recordar que Rosario Robles se encuentra presa en el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla desde el pasado 13 de agosto de 2019 por el delito de ejercicio indebido del servicio público cuando era secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), entre el 1 de diciembre de 2012 y el 26 de agosto de 2015, y también cuando estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Sedatu), entre el 27 de agosto de 2015 y el 30 de noviembre de 2018.

El juez, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna  -sobrino de Dolores Padierna, enemiga de Robles- determinó que sus omisiones habrían causado daño a la Hacienda pública.

México

Senado prohíbe definitivamente las terapias de conversión en México

El pleno Senado de la República aprobó las reformas al Código Penal y a la Ley General de Salud para prohibir y sancionar de forma definitiva y a nivel nacional los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG), también conocidas como terapias de conversión, las cuales han sido consideradas por organismos internacionales como un acto de tortura en contra de la comunidad LGBTQ+, ya que consisten en someter a las víctimas a abusos sexuales, electrochoques y hasta supuestos exorcismos, para que se se identifiquen como personas cisgénero heterosexuales.

Los senadores aprobaron prohibir los ECOSIG en México con 77 votos a favor, cuatro en contra y 15 abstenciones durante una sesión que duró casi 12 horas, a un mes de que fue aprobada en la Cámara de Diputados y a seis años de que se presentó la iniciativa.

“Para prohibir y sancionar las llamadas terapias de conversión, conocidas como ECOSIG, se aprueba reformar, con 77 votos a favor, cuatro en contra y 15 abstenciones, el Código Penal Federal y la Ley General de Salud.

“Los ECOSIG son prácticas que han incentivado la violación de los derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQ+.”, escribió en redes sociales el Senado.

Tras la aprobación de las reformas, el Senado envió el documento al Ejecutivo Federal para que se realice el trámite correspondiente y se publiquen en el Diario Oficial de la Federación.

¿Cómo se sancionarán las terapias de conversión en México?

De acuerdo con el Senado, quien realice las denominadas terapias de conversión o ECOSIG podrá ser sancionado con dos a seis años de prisión y una multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que actualmente sería una suma de entre 108 mil y 216 mil pesos.

Las reformas que adicionan un artículo 209 Quintus al Código Penal Federal y un artículo 465 Ter a la Ley General de Salud precisan que dichas sanciones se impondrán a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.

No obstante, la sanción aumentará al doble cuando las conductas tipificadas se realicen en contra de personas menores de 18 años, adultos mayores o personas con alguna discapacidad.

En el proyecto de decreto se establece que bastará la presentación de una denuncia para iniciar la investigación de los hechos que revistan las características del delito al que este precepto se refiere.

¿Los padres de familia podrán ser sancionados?

 

Sí, pero no de la misma forma. En el caso de que sea el padre, madre o tutor de la víctima la persona que incurra en las conductas sancionadas, se les aplicarán las sanciones de amonestación o apercibimiento a consideración del juez.

De igual forma, cuando la persona autora tuviere para con la víctima una relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique una subordinación de la víctima; o se valga de la función pública para cometer el delito, también será castigada con destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo hasta por un tiempo igual a la pena impuesta.

¿Cómo se sancionará a profesionales de la salud?

 

Subrayó que las personas profesionales, técnicas, auxiliares de las disciplinas para la salud y relacionadas con las prácticas médicas que realicen, impartan, apliquen, obliguen o financien tratamientos, terapias o cualquier tipo de servicios o prácticas quirúrgicas o de otra índole, con el objeto de obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, anular o suprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona, serán sancionadas de acuerdo con el Código Penal Federal, y suspendidas en el ejercicio profesional, de uno a tres años.

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