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Chihuahua

Diputada Xóchitl Contreras exige al alcalde de Ciudad Juárez Cruz Pérez, frenar cobro del engomado ecológico y suspender multas de $3,394 pesos a los juarenses

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Chihuahua, Chih.- En el Congreso del Estado fue aprobado a la diputada Xóchitl Contreras exhortar al Presidente Municipal de Juárez Cruz Pérez, para que suspenda de manera inmediata y definitiva el cobro del engomado ecológico, así como las multas excesivas impuestas a los automovilistas que no portan dicho distintivo, por considerarlas medidas injustas, desproporcionadas y meramente recaudatorias.

La legisladora panista denunció que el programa del engomado ecológico, impuesto el cobro como obligatorio desde 2023, ha generado una recaudación superior a $71 millones 630 mil pesos, sin que hasta el momento exista evidencia alguna de que dichos recursos se destinen a mejorar el medio ambiente ni a rehabilitar espacios públicos como El Chamizal, el cual —subrayó— “permanece seco, abandonado, quemado y sin obras de reforestación o riego”.

Además, destacó que la Coordinación de Seguridad Vial ha aplicado más de 7 mil multas a automovilistas por no portar el engomado, con sanciones, que al momento se ha ingresado más de 16 millones 600 mil pesos adicionales para el Municipio de Juárez.
“Mientras los juarenses enfrentan una economía golpeada, el Gobierno Municipal se ensaña con cobros y sanciones que no reflejan ningún beneficio tangible para la ciudadanía”, puntualizó.

La diputada recordó que el costo del engomado ($339 pesos con 48 centavos) equivale a casi un día de salario mínimo y afecta de manera directa a las familias trabajadoras.
“De acuerdo con el padrón vehicular de la ciudad, este esquema podría recaudar hasta 288 millones de pesos, un verdadero golpe al bolsillo ciudadano sin justificación ambiental ni legal”, agregó.

La diputada Xóchitl Contreras señaló que no se opone a las políticas de cuidado ambiental, sino a que se usen como pretexto para imponer cargas económicas y abrir espacios a la corrupción: “Hemos recibido denuncias de ciudadanos que reportan la venta del engomado original hasta en 600 pesos, sin revisión alguna. Esto ya no es un programa ecológico: es un negocio privado a costa de la gente”, enfatizó.

Así mismo, cuestionó la incongruencia del Municipio al promover eventos masivos y permitir actividades que dañan el entorno de El Chamizal, como el uso de pirotecnia o fiestas como el grito de independencia. “El interés real del gobierno municipal no es la ecología, es la recaudación. No hay transparencia, ni resultados visibles. Solo cobros y hostigamiento”, denunció.

Como parte de su propuesta, la legisladora panista presentó un decálogo de acciones para sustituir el modelo actual, entre las que destacan:
1. Gratuidad del engomado ecológico para todos los juarenses.
2. Eliminar el carácter coercitivo del programa.
3. Mantener la verificación vehicular como medida de concientización, no de recaudación.
4. Transparencia total sobre los ingresos recabados y su destino.
5. Modernizar la verificación técnica vehicular con equipos confiables y bajo control del Municipio.
6. Destinar recursos reales a reforestación y educación ambiental, no a operativos punitivos.

“Juárez no necesita programas coercitivos ni recaudatorios; necesita políticas públicas reales que protejan su entorno y fortalezcan su economía. Defender el medio ambiente no debe ser sinónimo de castigar a la gente”, concluyó la diputada Xóchitl Contreras.

Chihuahua

ICHITAIP resolvió 794 expedientes en primer cuatrimestre de 2026

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El Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública informó que del 5 de enero al 29 de abril resolvió 794 expedientes relacionados con recursos de revisión y acuerdos, como parte de sus funciones en materia de acceso a la información pública y rendición de cuentas.

De acuerdo con el reporte presentado por el organismo, los asuntos fueron atendidos por el comisionado presidente Sergio Rafael Facio Guzmán, así como por las comisionadas Karla Gabriela Fuentes Moreno y María Selene Prieto Domínguez, integrantes del Pleno.

Del total de expedientes resueltos en el primer cuatrimestre del año, 284 correspondieron a recursos de revisión promovidos por usuarios del sistema de acceso a la información en contra de distintas autoridades que negaron datos solicitados.

Además, 510 casos fueron concluidos mediante acuerdos emitidos por el órgano garante estatal.

En el desglose mensual de recursos de revisión, enero concentró el mayor número de resoluciones con 111 expedientes. Le siguieron febrero con 77, abril con 64 y marzo con 32.

Respecto a los acuerdos, marzo registró la cifra más alta con 165 asuntos atendidos. Posteriormente se ubicaron febrero con 153, enero con 105 y abril con 87.

El instituto señaló que ambas figuras jurídicas forman parte de los mecanismos legales con los que cuenta para garantizar la protección constitucional de las personas que ejercen su derecho de acceso a la información.

También indicó que estos instrumentos permiten atender posibles incumplimientos por parte de los sujetos obligados en materia de transparencia.

Hasta el momento, el organismo no ha informado nuevas metas adicionales para el siguiente periodo del año.

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