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Diputadas van contra concursos de belleza por considerarlos una forma de violencia simbólica

Diputadas de la Comisión de Igualdad de Género avalaron un dictamen que plantea eliminar la asignación de recursos públicos destinados a patrocinar concursos de belleza, debido a que estos certámenes son una forma de violencia simbólica contra las mujeres.

De prosperar, la propuesta obligaría a todos los niveles de gobierno a abstenerse de apoyar estos certámenes.

En una reunión virtual, las legisladoras federales aprobaron el decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones incluidas en la Ley general de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LAMVLV).

Las modificaciones son referentes a declarar como violencia simbólica la realización de concursos, certámenes o cualquier otra competencia en que sea evaluada la belleza o apariencia de mujeres, niñas y adolescentes.

“Consideramos que los certámenes o concursos de belleza son eventos, en este sentido, que exhiben a las mujeres mediante patrones socioculturales y bajo estereotipos de género como un instrumento para enaltecer la concepción del cuerpo de la mujer como objeto. Limitan el desarrollo personal de las participantes”, expresaron las diputadas de la comisión.

Según el documento aprobado, la violencia simbólica se define como: “la expresión, emisión o difusión por cualquier medio, ya sea en el ámbito público o privado, de mensajes, patrones, estereotipo, signos, valores icónicos e ideas que transmiten, reproducen, justifican o naturalizan la subordinación, desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres en la sociedad”.

De esa manera, “las instituciones públicas no podrán asignar recursos públicos, publicidad oficial, subsidios y cualquier tipo de apoyo económico o institucional a la realización de estos espectáculos”.

En la reunión de la comisión también se planteó solicitar a las instituciones educativas que prohiban los concursos de belleza, “como los reyes de la primavera”.

La comisión también refirió que “la violencia simbólica se ha naturalizado, a partir de las representaciones culturales, lenguaje, arte, teatro, cine, televisión, chistes y bromas”.

También criticaron que los eventos donde se califica la belleza sean usados bajo el argumento de la promoción turística.

Además de esta disposición, las diputadas plantearon consolidar el concepto de revictimización, reformando la fracción 10 del artículo 52 de la LAMVLV, pues esta pretende que, durante la solicitud de medidas cautelares y órdenes de protección, el Ministerio Público manifieste las razones de género, por las que la vida o integridad corporal de las víctimas pudiera encontrarse en riesgo.

A su vez, las diputadas avalaron un dictamen para reformar disposiciones de 39 ordenamientos, en materia de paridad de género, para incorporar, “en los tres órdenes de gobierno y en los órganos constitucionales autónomos, el principio de paridad de género para la designación de autoridades en las máximas estancias de decisión y prever mecanismos que lo permitan en los órganos colegiados”.

Esta iniciativa contemplaría reformar 63 leyes, 24 de las cuales ya “han sido observadas con anterioridad y se dictaminan los 39 ordenamientos restantes”.

De acuerdo con una investigación del medio Perimetral de marzo pasado, cinco municipios de Jalisco destinaron 8,483,677.30 de pesos en 2019 para realizar concursos de belleza.

Con información obtenida vía transparencia a 91 demarcaciones, al menos 51 localidades contestaron al medio cuánto dinero público habían destinado a patrocinar certámenes de este tipo. Entre las justificaciones de gasto, las alcaldías listaron dispendios en maquillaje, tacones, vestidos, coronas, publicidad, papelería, bandas, fotografía, sonido y ambientación, entrenadores personales, comida, así como honorarios.

Según la sistematización, los recursos para concursos de belleza de Atotonilco ($3,207,134.00), Cañadas de Obregón ($1,461,064.94), Lagos de Moreno ($1,306,634.83), Xalostotitlán ($1,268,138.26) y Tepatitlán ($1, 240,705.27); juntos, representan 98.8% más que lo empleado en las políticas para erradicar la violencia de género en 11 entidades con más feminicidios de la entidad.

En total, los 51 municipios que respondieron a Perimetral, gastaron $14,575,404 para realizar competencias que evalúan la belleza de las mujeres. Esto fue $2,300,000 más que lo dispensado en 2018 para la misma causa en estas demarcaciones.

Fuente: Infobae

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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