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Diputados analizan penas para castigar delito de extorsión

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La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, analiza una iniciativa que reforma los artículos de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y el Código Penal Federal, con el objetivo de sancionar de cinco a ocho años de prisión, así como de 300 a 500 días de multa a quienes cometan el delito de extorsión.

De acuerdo a la iniciativa, se establece que este delito se comete lo comete quien mediante amenazas de causar un daño físico, usando armas o instrumentos peligrosos o equipos de comunicación móvil, o cualquier otra forma de extorsión, “obligue a otro a dar alguna cantidad de dinero para evitar un perjuicio, con que se coacciona un provecho indebido para sí o para otra persona”.
Al respecto, el diputado del PRI, Ricardo Taja sostuvo que este delito ocupa el segundo lugar entre los primeros 10 con mayor incidencia, pues tan sólo en el 2016 se cometieron 31.1 millones de estas acciones, que generaron una pérdida económica estimada en mil 104 millones de pesos.

Asimismo indicó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE), que anualmente realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el ilícito tiene una ocurrencia de ocho mil 945 casos por cada 100 mil habitantes.

La ENVIPE también refiere que el 95.6 por ciento de las extorsiones se realizó por vía telefónica, lo que vincula, dijo, a la delincuencia organizada en muchos de los casos a los centros penitenciarios.

Ante el incremento en dicha conducta delictiva, Taja Ramírez, consideró necesario reformar los ordenamientos que se encargan de tipificar el ilícito, adecuándolo a las actuales circunstancias.

El legislador refirió que de ser aprobada su propuesta, se logrará inhibir la extorsión en cualquiera de sus modalidades, pues se impulsa que la autoridad judicial cuente con mayores elementos de juicio al momento de establecer la sanción.

México

Detienen a otro presunto implicado en el homicidio de Carlos Manzo en Uruapan

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Una nueva persona fue detenida en el marco de las investigaciones por el asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre, informó la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz. De acuerdo con la mandataria municipal, el arresto está relacionado con la gestión de mensajes en una plataforma digital utilizada para coordinar el ataque, específicamente un grupo de WhatsApp vinculado a la logística del crimen.

Quiroz precisó que la identidad del detenido no ha sido revelada, pero confirmó que su presunta participación se centró en la organización y comunicación previa al homicidio. Señaló que esta detención forma parte de los avances reportados por las autoridades tras la sesión de cabildo celebrada el 29 de diciembre, en la que se dio cuenta del estado que guardan las investigaciones.

La presidenta municipal sostuvo que el asesinato de Manzo fue una represalia directa por su labor de denuncia y por señalar presuntas irregularidades en la región. En ese contexto, calificó el año 2025 como un periodo devastador para la administración local, aunque reiteró que el gobierno municipal mantendrá el rumbo del movimiento independiente del sombrero y continuará trabajando bajo los principios que el funcionario defendía.

Quiroz reconoció que hasta el momento no ha sostenido una reunión formal con el fiscal del estado para abordar el caso, pero expresó su intención de concretar un encuentro en los próximos días con el objetivo de conocer a detalle el estatus jurídico de las personas detenidas y el avance de la carpeta de investigación.

Esta captura se suma a las detenciones previas de sujetos presuntamente vinculados con grupos de la delincuencia organizada que operan en Michoacán. Entre los procesados se encuentra Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado por las autoridades como el principal responsable intelectual del atentado. Las indagatorias indican que este individuo habría coordinado la ejecución mediante plataformas de mensajería instantánea, enviando instrucciones específicas y gestionando los pagos a quienes participaron en el ataque.

Por su perfil de peligrosidad, “El Licenciado” fue trasladado del centro penitenciario de Morelia al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. La Fiscalía ha presentado como evidencia diversas comunicaciones digitales en las que se detallan órdenes y promesas de compensación económica relacionadas con el homicidio.

Las autoridades estatales mantienen abierta la investigación con el objetivo de desarticular por completo la red que facilitó el ataque, mientras el gobierno municipal de Uruapan continúa operando bajo un esquema de vigilancia especial.

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