Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general reformas a la Ley Federal de Derechos 2023, con el voto en contra de toda la Oposición.
Morena no aceptó ningún cambio a la iniciativa del Ejecutivo federal. Se aprobó con 268 votos a favor, 214 en contra y una abstención. Se discuten las reservas de 54 oradores registrados.
En el debate, los legisladores reclamaron que los cambios que hay en la Ley Federal de Derechos sean con fines de recaudación. Uno de los ajustes es la disposición de los derechos mineros para obras del Gobierno.
En el artículo 275, se establece que un 10 por ciento de los recursos recaudados en el derecho minero se destinen al Gobierno federal, para destinarlos a programas de infraestructura aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Otro ajuste es la aplicación de nuevos derechos en constancias de inscripción de empleadores, en los escritos de renuncia de extranjeros para adquirir bienes inmuebles fuera de zonas restringidas y en materia de ejercicio profesional.
En el artículo 174-J se aprobaron ajustes en los derechos para el cobro de nuevos procedimientos que tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones, sobre Certificados de Homologación de aparatos electrónicos, como teléfonos celulares y televisores que se conectan a internet.
También se prevé que la Agencia Nacional de Aduanas de México, administrada ahora por militares, reciba directamente los recursos del cobro de derechos.
La reforma se hace en el artículo 40, que habla sobre el otorgamiento de inscripciones, concesiones o autorizaciones en el cobro de derechos aduaneros.
«Los ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos establecidos en este artículo se destinarán al Servicio de Administración Tributaria o a la Agencia Nacional de Aduanas de México, órgano auxiliar de la administración aduanera, según corresponda», se establece.
Esto beneficiará a 21 aduanas fronterizas del País administradas por la Sedena y 17 aduanas que están a cargo de la Marina.
Dentro de los derechos aduaneros están el despacho, la entrada y salida de mercancías; su manejo, almacenaje y custodia; así como la carga, descarga, estiba, acarreo y trasbordo, entre otros.
En el dictamen también se prevé la derogación de los derechos de inspección fitosanitaria. Se deroga el derecho por la expedición del formato de requisitos técnico-fitosanitarios para importación, por el monto de 425.15 pesos, dice la legislación aprobada.
Los derechos por la prestación de servicios consulares no se pagarán cuando personas extranjeras soliciten la visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, cuando sean consideradas víctimas o acrediten ser familiares de personas extranjeras desaparecidas en el País.
Tampoco habrá cobro por causas humanitarias, con base en la Ley General de Víctimas, Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y otros ordenamientos.
EL RECLAMO
La diputada del PAN, Patricia Terrazas, que en la pasada legislatura presidió la Comisión de Hacienda, acusó a los morenistas de no analizar el impacto que tendrán los nuevos costos en diversos derechos, los cuales, dijo, tendrán un impacto negativo en los bolsillos de los ciudadanos.
«En estos 4 años la mayoría oficialista en esta Cámara no analiza, solo repite líneas que dicen que no hay nuevos impuestos, pero el aumento se disfraza de actualización.
«Si no fuera así cómo explicamos que los ingresos derivados de la Ley de Derechos es del 21 por ciento de aumento, respecto al año anterior, y la inflación del 9. Si no son nuevos impuestos, díganme cómo le llamamos», reprochó.
La panista reclamó que los recursos del derecho minero terminen destinándose a otros fines.
«Los derechos de minería, ahora también se destinarán a las obras faraónicas del Presidente, mediante la reforma al Artículo 275 de la Ley Federal de Derechos, en donde de manera obscura pretenden que estos derechos, que en su mayor parte se destinaban, según, a la educación y salud, ahora también podrán desviarse a otras dependencias, sin ningún tipo de regla ni restricción.
«Estos derechos, podrán destinarse al sistema ferroviario, es decir, desviarse para que el Presidente pueda tener una terminal del tren en Palenque, Chiapas, como en su tiempo, alguien construyó un aeropuerto en Agualeguas, Nuevo León. No son iguales, pero como se parecen», reclamó la diputada del PAN Patricia Terrazas.
El legislador de Movimiento Ciudadano, Alberto Rodríguez, afirmó que para el próximo año se dejan muchos vacíos de a dónde va el dinero que se cobra por algunos derechos.
Por ejemplo, expuso, en la expedición del pasaporte antes se establecía que el 100 por ciento era para los consulados, pero ahora se indica que únicamente el 30 por ciento, por lo que no desconoce a dónde va el 70 por ciento.
En minería, continuó, establece que el 85 por ciento se va a educación y salud, 5 por ciento a economía y 10 por ciento al gasto federal.
«Sin embargo, antes estaba claro que se iban a mejoramiento, a infraestructura, y así como está so pretexto de decir que son para educación o salud, el gasto el libre, entonces hay una serie de derechos que nos parece que no transiten sin las especificaciones», añadió.
Marcelino Castañeda, del PRD, dijo que las modificaciones a la Ley de Derechos tienen como único fin encontrar otras fuentes de ingresos para cumplir los caprichos presidenciales, que son excesivamente caros y con solo impuesto y deuda no se puede cumplir.
También de MC, Salvador Caro, mostró carteles en la tribuna, acusando al Presidente Andrés Manuel López Obrador de aplicar medidas neoliberales en materia económica.
