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México

Diputados aprobaron la Ley de Derechos 2023.

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Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general reformas a la Ley Federal de Derechos 2023, con el voto en contra de toda la Oposición.

Morena no aceptó ningún cambio a la iniciativa del Ejecutivo federal. Se aprobó con 268 votos a favor, 214 en contra y una abstención. Se discuten las reservas de 54 oradores registrados.

En el debate, los legisladores reclamaron que los cambios que hay en la Ley Federal de Derechos sean con fines de recaudación. Uno de los ajustes es la disposición de los derechos mineros para obras del Gobierno.

En el artículo 275, se establece que un 10 por ciento de los recursos recaudados en el derecho minero se destinen al Gobierno federal, para destinarlos a programas de infraestructura aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Otro ajuste es la aplicación de nuevos derechos en constancias de inscripción de empleadores, en los escritos de renuncia de extranjeros para adquirir bienes inmuebles fuera de zonas restringidas y en materia de ejercicio profesional.

En el artículo 174-J se aprobaron ajustes en los derechos para el cobro de nuevos procedimientos que tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones, sobre Certificados de Homologación de aparatos electrónicos, como teléfonos celulares y televisores que se conectan a internet.

También se prevé que la Agencia Nacional de Aduanas de México, administrada ahora por militares, reciba directamente los recursos del cobro de derechos.

La reforma se hace en el artículo 40, que habla sobre el otorgamiento de inscripciones, concesiones o autorizaciones en el cobro de derechos aduaneros.

«Los ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos establecidos en este artículo se destinarán al Servicio de Administración Tributaria o a la Agencia Nacional de Aduanas de México, órgano auxiliar de la administración aduanera, según corresponda», se establece.

Esto beneficiará a 21 aduanas fronterizas del País administradas por la Sedena y 17 aduanas que están a cargo de la Marina.

Dentro de los derechos aduaneros están el despacho, la entrada y salida de mercancías; su manejo, almacenaje y custodia; así como la carga, descarga, estiba, acarreo y trasbordo, entre otros.

En el dictamen también se prevé la derogación de los derechos de inspección fitosanitaria. Se deroga el derecho por la expedición del formato de requisitos técnico-fitosanitarios para importación, por el monto de 425.15 pesos, dice la legislación aprobada.

Los derechos por la prestación de servicios consulares no se pagarán cuando personas extranjeras soliciten la visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, cuando sean consideradas víctimas o acrediten ser familiares de personas extranjeras desaparecidas en el País.

Tampoco habrá cobro por causas humanitarias, con base en la Ley General de Víctimas, Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y otros ordenamientos.

EL RECLAMO

La diputada del PAN, Patricia Terrazas, que en la pasada legislatura presidió la Comisión de Hacienda, acusó a los morenistas de no analizar el impacto que tendrán los nuevos costos en diversos derechos, los cuales, dijo, tendrán un impacto negativo en los bolsillos de los ciudadanos.

«En estos 4 años la mayoría oficialista en esta Cámara no analiza, solo repite líneas que dicen que no hay nuevos impuestos, pero el aumento se disfraza de actualización.

«Si no fuera así cómo explicamos que los ingresos derivados de la Ley de Derechos es del 21 por ciento de aumento, respecto al año anterior, y la inflación del 9. Si no son nuevos impuestos, díganme cómo le llamamos», reprochó.

La panista reclamó que los recursos del derecho minero terminen destinándose a otros fines.

«Los derechos de minería, ahora también se destinarán a las obras faraónicas del Presidente, mediante la reforma al Artículo 275 de la Ley Federal de Derechos, en donde de manera obscura pretenden que estos derechos, que en su mayor parte se destinaban, según, a la educación y salud, ahora también podrán desviarse a otras dependencias, sin ningún tipo de regla ni restricción.

«Estos derechos, podrán destinarse al sistema ferroviario, es decir, desviarse para que el Presidente pueda tener una terminal del tren en Palenque, Chiapas, como en su tiempo, alguien construyó un aeropuerto en Agualeguas, Nuevo León. No son iguales, pero como se parecen», reclamó la diputada del PAN Patricia Terrazas.

El legislador de Movimiento Ciudadano, Alberto Rodríguez, afirmó que para el próximo año se dejan muchos vacíos de a dónde va el dinero que se cobra por algunos derechos.

Por ejemplo, expuso, en la expedición del pasaporte antes se establecía que el 100 por ciento era para los consulados, pero ahora se indica que únicamente el 30 por ciento, por lo que no desconoce a dónde va el 70 por ciento.

En minería, continuó, establece que el 85 por ciento se va a educación y salud, 5 por ciento a economía y 10 por ciento al gasto federal.

«Sin embargo, antes estaba claro que se iban a mejoramiento, a infraestructura, y así como está so pretexto de decir que son para educación o salud, el gasto el libre, entonces hay una serie de derechos que nos parece que no transiten sin las especificaciones», añadió.

Marcelino Castañeda, del PRD, dijo que las modificaciones a la Ley de Derechos tienen como único fin encontrar otras fuentes de ingresos para cumplir los caprichos presidenciales, que son excesivamente caros y con solo impuesto y deuda no se puede cumplir.

También de MC, Salvador Caro, mostró carteles en la tribuna, acusando al Presidente Andrés Manuel López Obrador de aplicar medidas neoliberales en materia económica.

 

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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