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México

Diputados aprueban aumentar deuda en casi 5,400 millones de pesos

A pesar de las críticas que se han hecho por el alto endeudamiento en el que ha incurrido el gobierno federal, para el próximo año, la Cámara de Diputados aprobó un endeudamiento interno por 525,746.4 millones de pesos, monto que significa 5,393.2 millones de pesos más de lo que propuso el Ejecutivo federal en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF).
El endeudamiento aprobado representa 2.8% del Producto Interno Bruto (PIB) y servirá en alguna medida para reducir el déficit de las empresas productivas del Estado (Pemex y CFE), el cual quedará en 62,311.5 millones de pesos.
Se estima que para el 2017, el gobierno federal registre ingresos presupuestales adicionales por 51,380 millones de pesos, con lo que se tendrán ingresos totales por 4 billones 888,892.5 millones de pesos, que representa más de una cuarta parte del PIB con 26 por ciento.
Lo anterior se deberá principalmente a la modificación del tipo de cambio que pasó de 18.20 pesos por dólar -que fue la propuesta del Ejecutivo federal- a 18.62 pesos el dólar, y por un incremento en la plataforma petrolera de 19,000 barriles diarios para quedar con un total de 1.9 millones de barriles diarios.
Jorge Estefan Chidiac, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, explicó que para la modificación del tipo de cambio se consideraron las últimas encuestas de expectativas realizadas por el Banco de México y Banamex.
“Las encuestas al mes de octubre se encuentran en un promedio de 18.62 pesos el dólar, con lo que se realiza un ajuste de 0.42 centavos de lo que presentó el Ejecutivo. El cambio en la plataforma petrolera proviene de un ajuste reflejado en el plan de negocios que presentó Petróleos Mexicanos, por lo que se está considerando lo que en el mercado se está diciendo y no lo que los diputados estamos pensando”, expuso.

Refirió que ambas modificaciones generan un incremento en la estimación de ingresos petroleros por 7,442 millones de pesos, en tanto en los ingresos tributarios -considerando una eficiencia recaudatoria del Servicio de Administración Tributaria- se hace un ajuste de 10,018 millones de pesos.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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