Luego de un debate de casi 20 horas y en un salón de plenos alterno al Salón de Sesiones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular la reforma energética, que modifica los artículos 25,27 y 28 de la Constitución Política para permitir la entrada de capital privado al sector energético.

Con una votación en lo general de 354 votos a favor, 134 en contra y cero abstenciones, la reforma fue avalada sin cambios a lo aprobado en el Senado de la República y la minuta será enviada a los congresos de los estados. Cuando 17 de estos la aprueben por mayoría calificada -dos tercios del pleno-, estará lista para ser publicada por el Ejecutivo y entrar en vigor.

En lo particular los votos fueron 353 a favor, 134 en contra y cero abstenciones.

Un total de 102 diputados de los partidos de izquierda se subieron a la tribuna a pedir algún cambio en el dictamen; sin embargo, todos fueron rechazados.

Un desnudo, arañazos e insultos rodean el debate de la reforma energética

Con estas reformas se permitirán los contratos con particulares en la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo de la Nación, “a fin de obtener ingresos que contribuyan al desarrollo en el largo plazo”.

Tratándose de minerales radiactivos no se otorgarán concesiones, se expone en la minuta aprobada.

Lo aprobado precisa que se podrán llevar a cabo “las actividades de exploración y extracción mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria”.

En el artículo 27 se establece que “en cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación”, y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos.

Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo, la propiedad de la Nación será inalienable e imprescriptible y “no se otorgarán concesiones”, añade.

Tanto Petróleos Mexicanos (Pemex) como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pasarán de ser organismos descentralizados a “empresas productivas del estado” y se da un plazo de dos años para que esto ocurra. Mientras cambian de régimen, pueden celebrar contratos con particulares a partir del marco legal vigente.

Se establece que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) saldrá del Consejo de Administración de Pemex, que ahora estará conformado por cinco consejeros del Gobierno federal, incluyendo al secretario de Energía, y cinco consejeros independientes.

Se dice, sin embargo, que los derechos de los trabajadores “serán respetados a cabalidad”.

Se faculta a la Secretaría de Energía (Sener) para que, con asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, se encargue de adjudicar a Pemex las asignaciones a las que se refiere el artículo 27.

El organismo deberá someter a consideración de la Sener la adjudicación de las áreas en exploración y los campos que estén en producción y en capacidad de operar, a través de asignaciones; para ello, tendrá que acreditar que cuenta con las capacidades técnicas, financieras y de ejecución necesarias para explorar y extraer los hidrocarburos de forma eficiente y competitiva.

Menciona la minuta que se podrán crear empresas productivas cuya propiedad y control serán siempre del gobierno federal, para llevar a cabo las actividades de exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos en el subsuelo, que se incorporan como áreas estratégicas.

Se crea el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, cuya institución fiduciaria será el Banco de México y tendrá como objetivo administrar la renta petrolera que se cree a partir de los nuevos contratos.

Además se especifica que dentro de los 120 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto, el Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones al marco jurídico para “regular las modalidades de contratación que podrán ser de servicios, de utilidad o producción compartida o de licencia”.

Es decir, a partir de que sea publicado por el presidente de la República, el Congreso tendrá cuatro meses para trabajar en las leyes secundarias.

La minuta argumenta que, con estas medidas, se sientan las bases que permitirán a México acelerar su crecimiento a incrementar la producción de petróleo en cerca de 1.5 millones de barriles de crudo diarios para el año 2025, lo que representa un aumento del 60% respecto a la producción actual.

La reforma energética representa un giro radical respecto de la legislación vigente desde hace 75 años. La expropiación petrolera de 1938, decretada por el entonces presidente Lázaro Cárdena (1934-1940), estableció que la producción de energéticos serían exclusivas del Estado.