La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 456 votos a favor, el dictamen para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, una iniciativa impulsada por el Ejecutivo federal y respaldada por todas las bancadas.

Durante la sesión, la vicecoordinadora del PAN, Noemí Luna Ayala, subrayó que su partido fue el primero en presentar una propuesta en este sentido. “Por fortuna la presidenta la retomó. Y digo por fortuna, porque en esta Cámara no pasa nada que no nazca del Ejecutivo o que él retome”, expresó desde tribuna.

Luna Ayala destacó que la nueva ley establece que el delito de extorsión será perseguido de oficio y recordó casos como el del líder limonero Bernardo Bravo, asesinado el pasado 20 de octubre tras denunciar extorsiones en su región. “Ese crimen confirma lo que pasa en el país: denunciar te puede costar la vida”, lamentó.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Jessica Saiden, aseguró que esta medida responde al clamor ciudadano ante uno de los delitos que más afectan la tranquilidad y economía de las familias mexicanas. Señaló que el 96% de los casos de extorsión no se denuncian, lo que refleja una “cifra negra alarmante” derivada del miedo y las represalias.

Saiden agregó que la ley pondrá fin a la fragmentación normativa que ha obstaculizado la justicia durante años y fortalecerá a las policías estatales y fiscalías locales mediante capacitación tecnológica y coordinación directa con la Federación. “El nuevo esquema busca una comunicación ágil y efectiva entre todos los niveles de gobierno”, afirmó.

El diputado del PRI, Arturo Yáñez Cuellar, reconoció que, aunque la ley llega “tarde y con dudas jurídicas”, tiene una buena intención: “Nadie puede estar en contra de poner un alto a quienes amenazan, cobran piso y hacen sufrir a las familias mexicanas”.

En tanto, la legisladora de Movimiento Ciudadano, Patricia Flores Elizondo, advirtió que la ley no debe convertirse en una simulación. “Tiene que ser un parteaguas real para que el Estado asuma su responsabilidad frente a la delincuencia organizada. Hoy el crimen extorsiona desde las calles y también desde los penales”, enfatizó.

Con esta aprobación, el Congreso busca establecer un marco legal unificado que refuerce la persecución de la extorsión en todo el país y brinde herramientas efectivas a las autoridades para enfrentar uno de los delitos más extendidos y silenciosos de México.