Conecta con nosotros

Slider Principal

Diputados aprueban reforma que permite a partidos devolver prerrogativas

La Cámara de Diputados aprobó con los votos de Morena, PRI, PT y PVEM una reforma a la Ley General de Partidos Políticos para que los partidos puedan reintegrar, en cualquier momento y sin autorización del Instituto Nacional Electoral, parte de sus prerrogativas y los fondos se utilicen preferentemente en temas de educación, salud o para resarcir daños causados por desastres naturales.

Además del enfrentamiento verbal entre las bancadas, resaltó el hecho de que el coordinador del PRI, Rubén Moreira, votó por teléfono en una llamada que hizo directamente al titular de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna (Morena).

—Sí, Rubén… -le respondió al priísta en su teléfono móvil.

Luego, justificó ante el pleno: “El diputado Moreira no ha podido votar”. Enseguida apretó el botón para activar el altavoz del aparato y permitió que Moreira votara por esa vía, cuando los votos autorizados se reciben en el tablero electrónico o vía zoom.

La diputada perredista Elizabeth Pérez le pidió el fundamento legal para haber tomado un voto por teléfono.

Gutiérrez Luna justificó que, al existir una falla tecnológica, él como presidente puede “privilegiar” cualquier método de votación para la aprobación de un decreto.

Ante la insistencia de la legisladora, Gutiérrez Luna leyó el artículo 20 del reglamento que opera durante la contingencia, respecto de que “durante el proceso de votación se otorgarán todas las facilidades materiales que las y los diputados requieran para movilizarse hacia el Salón de Sesiones y para la emisión de la asistencia y votación en la Plataforma Digital”.

Debido a que el artículo no prevé que se pueda llamar al teléfono del presidente de la mesa para votar, legisladoras del sol azteca reviraron que, en todo caso, Gutiérrez Luna les proporcione su número para cuando, Moreira, ellas no puedan votar en el sistema, le llamen.

Al explicar el alcance de la reforma, la presidenta de la Comisión de Reforma Política, Graciela Sánchez Ortiz (Morena) sostuvo que se trata de que los partidos puedan renunciar parcialmente a sus prerrogativas y que los fondos se destinen a atender desastres o fenómenos adversos como el de Covid19 o los sismos de 1985.

Se trata de que, al contribuir al erario nacional, los partidos manden un mensaje positivo a la ciudadanía.

Las bancadas se confrontaron en las posiciones en favor y en contra del cambio, promovido por Morena que argumentó el rechazo del Instituto Nacional Electoral a aceptar la devolución de 500 millones de pesos de 2021, para destinarlos a la compra de vacunas.

El PAN cuestionó, en voz de Román Cifuentes, que el gobierno de Morena ha sido incapaz de garantizar medicamentos. “Entiendo su desesperación porque han tenido gran cantidad de recursos y solo han cosechado fracasos”, acusó.

Mientras que el PRI, que respaldo el cambio, consideró que se trata de una medida de congruencia para que el gobierno pueda contar con más recursos a emergencias naturales o pandemias.

Se abre la puerta legal para que el financiamiento público pueda destinarse a la atención de los mexicanos, que necesiten apoyo ante desastres naturales, dijo el priísta Javier Casique. “Estamos obligados a despojarnos de filias y fobias y a actuar con lucidez cuando se trata de proteger a la ciudadanía, debemos responder con solidaridad”, agregó.

En sus posturas, los priístas insistieron en retomar las críticas al hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador. “Houston, tenemos un problema”, fue la frase que utilizaron para iniciar sus discursos.

Humberto Aguilar Coronado consideró que Morena se aprovecha de las necesidades de las personas “para intentar posicionarse ante la sociedad. Por un lado, aprueban recursos insuficientes en el presupuesto, desaparecen partidas como el Fondo de Desastres Naturales y, por otro lado, pretenden ser los más preocupados para atender las necesidades de la población”.

Rosendo Medina (Morena) devolvió: “les molesta que tengamos este acto solidario con el pueblo”. Sostuvo que es necesario que los partidos, como instituciones de interés público, sean solidarios con la población. Manifestó que la reforma a la ley es porque el Instituto Nacional Electoral pretende “legislar y nosotros queremos normar el retorno de los recursos”.

En la recta final del debate, Margarita Zavala (PAN), sostuvo que el dinero público “no es de Morena sino del pueblo, a quien dicen defender. Lo que tiene es un sentido patrimonialista de las cosas, creen que es algo de lo que pueden disponer con tranquilidad y vienen aquí con unos hipócritas letreros diciendo ‘menos dinero a los partidos, más a la salud’. Qué papelazo, después de que quitaron el Seguro Popular”.

Agencias

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto