México
Diputados avalan dictamen para endurecer sanciones contra la extorsión en México
La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó este lunes, con 25 votos a favor, tres abstenciones del PRI y ninguno en contra, el dictamen de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. La propuesta busca establecer un tipo penal básico para castigar este delito con penas de prisión que van de seis a 25 años, dependiendo de las agravantes, además de multas de hasta 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 56 mil 570 pesos.
El diputado morenista y presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno, explicó que la nueva ley tiene como objetivo reforzar la coordinación entre los tres niveles de gobierno para garantizar una persecución más efectiva del delito de extorsión, el cual adopta múltiples modalidades, entre ellas las llamadas telefónicas.
Durante la sesión, el priista Emilio Suárez Licona destacó que la extorsión se ha extendido incluso hacia beneficiarios de programas sociales, convirtiéndose en un fenómeno que afecta directamente la economía de las familias mexicanas. “Es un sistema de impuestos paralelos al del propio Estado, que socava el desarrollo económico y erosiona el tejido social”, advirtió.
Por su parte, el panista César Damián Retes denunció que en ciudades como Tijuana, la delincuencia organizada impone cobros ilegales por derecho de piso, mientras que funcionarios municipales también participan en prácticas de intimidación y sobornos. “Van servidores públicos del ayuntamiento a extorsionar a cambio de permisos o para no retirárselos, pidiendo dinero a los empresarios”, señaló.
El dictamen, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, será sometido a discusión y votación en el pleno este miércoles, tras realizarse este martes la declaratoria de publicidad. Con esta iniciativa, el Congreso busca fortalecer el marco legal para combatir uno de los delitos que más lastiman la seguridad y la economía del país.
México
Exmagistrada Mónica Soto podría llegar al gobierno, dice Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum no descartó que la magistrada Mónica Soto pueda incorporarse posteriormente a la administración pública, luego de que anunciara su renuncia a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aunque aclaró que actualmente no existe un cargo contemplado para ella.
Cuestionada durante su conferencia matutina sobre los rumores de que Soto podría recibir una posición dentro del gobierno federal, Sheinbaum respondió que “podría ser”, pero precisó que por ahora no está previsto.
Podría ser, pero no lo tenemos contemplado en este momento.
La presidenta evitó pronunciarse sobre las razones de la renuncia de Soto y sostuvo que se trató de una decisión personal que está dentro de sus atribuciones, a pesar de que hubo señalamientos respecto a la falta de claridad de la dimisión.
“No, no voy a opinar, no me corresponde; ella tomó la decisión de retirarse del tribunal.
Sheinbaum calificó a Soto como una mujer “con experiencia” y “muy profesional en su trabajo”, además consideró que tuvo un buen desempeño tanto como magistrada como durante el periodo en que encabezó el Tribunal Electoral.
“Me parece a mí que ella hizo un muy buen papel al frente cuando le tocó ser presidenta y también como magistrada”, dijo.
Ante la pregunta sobre si la salida de Soto y otra vacante en el Tribunal Electoral podrían representar un problema de cara a las elecciones de 2027, Sheinbaum rechazó que exista una afectación en términos constitucionales.
“No, no tiene problema en términos de lo que establece la Constitución”, respondió.
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La presidenta explicó que, en caso de una elección presidencial, tendría que buscarse una solución para cubrir las vacantes, y puso como ejemplo el proceso electoral de 2024.
Así fue en el 24, se lo recuerdo. Una magistrada de un poder regional participó en la calificación de la elección presidencial.
Sheinbaum recordó que la reforma al Poder Judicial establece que las magistraturas deben ser electas por voto popular.
Explicó que algunos de los integrantes actuales del Tribunal Electoral ya fueron electos y que, para cubrir las posiciones que permanezcan vacantes, será necesario esperar al proceso electoral de 2028.
La reforma al Poder Judicial establece que ellos deben ser electos; como algunos de ellos ya lo fueron, entonces pues hay que esperar al 28 para elegir a los otros dos que faltan.
La mandataria aclaró que desconoce en ese momento cuántos magistrados podrían dejar el Tribunal Electoral antes de esa fecha, pero insistió en que las vacantes no representan, por sí mismas, un impedimento para el funcionamiento del órgano de cara a las elecciones intermedias de 2027.
