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México

Diputados desechan iniciativa de matrimonios igualitarios de Peña Nieto

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados desechó el dictamen que daba luz verde a los matrimonios igualitarios e incluso les daba la posibilidad de adoptar hijos.
La propuesta fue enviada por el Presidente Enrique Peña Nieto y fue rechazada con 19 votos de los legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Nueva Alianza (Panal), Verde Ecologista de México (PVEM) y Encuentro Social (PES), 8 a favor de los legisladores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y de la Revolución Democrática (PRD), así como una abstención de Movimiento Ciudadano (MC).
Sólo los diputados del Tricolor Benjamín Medrano e Ivonne Ortega se pronunciaron a favor de la propuesta presidencial.
En su participación, la legisladora priista Martha Sofia Tamayo Morales consideró que los derechos humanos de las minorías están plenamente garantizados en nuestro marco jurídico vigente, en 11 entidades por la ley local, en las demás por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El PRI emitió un anuncio en sus redes sociales en el que asegura que “mantedrán un clima de respeto, tolerancia y libertad, evitando que se genere confrontación y división entre los mexicanos y sin restarle derechos a nadie”.
A su vez, el Frente Nacional por la Familia se dijo satisfecho “y felicitó a los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales por haber hecho eco del sentir de la mayoría del pueblo mexicano al rechazar la iniciativa” del Presidente Peña Nieto.
Rodeado de defensores de los derechos humanos y la diversidad sexual, el titular del Ejecutivo anunció una iniciativa para modificar el primer párrafo del artículo 4 de la Carta Magna, que expone: “El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia”.
En éste se reconocerá de forma “implícita” y como “un derecho humano” que “las personas puedan contraer matrimonio sin discriminación alguna” y sin motivos de origen étnico, género, o preferencia sexual, detalló.
En el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, que decretó el propio Peña Nieto en 2014, el mandatario dio un empujón casi final al matrimonio igualitario, en busca de consolidar el criterio emitido el pasado año por la SCJN.
El Supremo consideró inconstitucionales las leyes estatales que prohíben el matrimonio homosexual, en una tesis de aplicación obligatoria.

Fuente: Sin Embargo

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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