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México

Diputados intentarán dictaminar Mando Mixto Policial; el PRI se opondrá

Las comisiones de Puntos Constitucionales y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados someterán a discusión el dictamen elaborado a partir de la minuta de reforma constitucional en materia de seguridad pública, es decir, el Mando Mixto Policial.

El documento que la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha adelantado rechazará, establece que el fin es fortalecer las capacidades del Estado en temas de seguridad pública. Indica que es necesario reformar el modelo policial, tomando en cuenta la competencia de la Federación para prevenir, reaccionar e investigar el delito; las competencias de los estados y los municipios para establecer la “policía de proximidad” y tránsito; así como la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
También incluye elementos relativos a la asignación de recursos públicos exclusivos para seguridad pública; a las normas para intervención de la Federación a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en las instituciones policiales estatales y municipales; las normas para que el Estado asuma las funciones policiales locales.

Prevé integrar los penales a las instituciones de seguridad pública; reconocer derechos de los trabajadores de las instituciones de seguridad; y establecer la gradualidad en el diseño de mecanismos de intervención y sus objetivos; la racionalidad y temporalidad de la delegación de funciones de seguridad pública.

Establece que ninguna persona podrá ingresar a instituciones de seguridad pública si no ha sido certificada y registrada en el sistema y si no ha aprobado la evaluación respectiva o no cumple con los requisitos que marca la ley.

Incorpora el principio de homologación de protocolos de actuación y operación en los distintos órdenes de gobierno.

Señala que el principio rector de las relaciones y actuación de las instituciones policiales en los tres órdenes de gobierno será la coordinación.

Recalca que el mando federal sobre las policías estatales y municipales aplicará solo en caso de excepción; y también por excepción, se podrán “descargar” en el Gobierno Federal responsabilidades originarias de los estados y municipios en temas de seguridad.

Plantea la creación de los órganos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual se integrará por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Secretariado Ejecutivo y el Consejo Consultivo Ciudadano.

En ese mecanismo participaran los gobiernos locales a través de los presidentes municipales; así como la sociedad civil, por medio del Consejo Consultivo.

Contempla los mecanismos para nombrar a los titulares de los órganos referidos, donde tendrá participación el Senado de la República; así como la capacidad del Sistema de emitir recomendaciones para corregir capacidades y procesos; y la designación de un “supervisor” para la implementación de medidas correctivas.

Apunta que el Secretariado Ejecutivo del Sistema calificará y acotará la solicitud de delegación temporal de funciones en la autoridad federal; certificará a los cuerpos policíacos.

Señala el procedimiento y condiciones para para que el gobierno estatal asuma la seguridad en municipios que no puedan brindarla, previa solicitud del ayuntamiento en cuestión.

Sostiene que los gobernadores podrán asumir el mando policial en municipios “en casos de fuerza mayor, alteración grave del orden público” y las que determine la ley, de manera temporal y hasta que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública determine qué procede.

Establece un año de plazo, para que el Congreso de la Unión expida la Ley General en materia de seguridad pública y mientas tanto, aplicarán “medidas para iniciar la transición”.

Dispone que las alcaldías soliciten a los gobernadores delegar sus funciones, incluyendo la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros; aunado a que plantea contar con los recursos necesarios para implementar la nueva ley; y se facultará al Congreso de la Unión a regular los fondos de ayuda federal para seguridad pública.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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