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México

Diputados le restan 15 mil millones de pesos al poder Judicial

La Cámara de Diputados aprobó la eliminación de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), lo cual implica una reducción de 15 mil millones de pesos. Con 259 votos a favor, 205 en contra y una abstención, los legisladores de San Lázaro dieron ‘luz verde’ a la iniciativa propuesta por Morena que contempla la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del órgano de gobierno. 

Al iniciar el debate en el pleno de la Cámara de Diputados, varios legisladores presentaron mociones suspensivas para cancelar la discusión del dictamen, con el argumento de que la Comisión de Presupuestos no era la indicada para aprobar el proyecto; sin embargo, todas fueron desechadas por los diputados de Morena y sus aliados.

La aprobación de la iniciativa contó con el voto en contra de legisladores de partidos como el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

¿Qué contempla la eliminación de fideicomisos del PJF?

Hace unos días Morena y sus aliados aprobaron en comisiones un corte de 15 mil 450 millones de pesos para extinguir 13 de los fideicomisos con los que cuenta el Poder Judicial de la Federación.

Dicho proyecto fue suscrito por Ignacio Mier Velazco, coordinador del partido guinda en la Cámara de Diputados, y señala que algunos de los fideicomisos fueron creados para pagar bonos, planes privados de prestaciones médicas, mantenimiento de casa habitación de magistrados y jueces, así como apoyos para gasolina y servicios ilimitados de peaje en autopistas para ministros y ministras.

Según lo detallado en dicha iniciativa, estos recursos no son administrados con transparencia hacia el público y únicamente se distribuyen entre los mandos superiores como magistrados, jueces y ministros. No obstante, el recorte de fideicomisos causó una gran molestia entre los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, quienes encabezaron una serie de protestas y cierres en vialidades principales a fin de manifestarse en contra de la iniciativa de Morena.

Tras ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló en sus conferencias matutinas que la eliminación de los fideicomisos no los afectará a ellos, pues se busca disminuir el salario y los beneficios que reciben “los de arriba” y a su vez aumentar el pago de “los de abajo”.

En su lugar, el recorte de más de 15 mil millones de pesos se destinaría a programas sociales y a obras de infraestructura a través de la Tesorería de la Federación.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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