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México

Diputados pagan 2 millones y medio de pesos por talleres de autoayuda

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La Cámara de Diputados pagó dos millones 463 mil 800 pesos a universidades privadas y centros de capacitación que impartieron cursos, talleres y diplomados en San Lázaro, que van desde clases de inglés para políticos y diplomáticos, programas básicos de computación, coaching personal y programas de lectura dinámica hasta cursos de autoayuda.
De acuerdo con las contrataciones de la Cámara de Diputados, a las cuales Excélsior tuvo acceso, entre septiembre de 2016 y abril de 2017 se gastaron un millón 21 mil 845 pesos sólo en pagos a universidades privadas, como el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad La Salle, la Universidad Bancaria y Comercial y la Universidad Pedregal del Sur.
Estas instituciones de educación superior impartieron cursos de capacitación en hojas de cálculo, Photo-shop, inglés para diplomáticos y servidores públicos, talleres para presentaciones ejecutivas, capacitación en comunicación audiovisual, procesadores de textos y otros softwares computacionales.
Asimismo, se pagó por talleres de autoayuda, como los siguientes: “Resilencia como alternativa para mejorar la calidad de vida”, “Presencia, Estilo e Imagen” y “Coaching, Herramientas de alto desempeño”, los cuales tuvieron un costo de 33 mil 176 pesos, 59 mil 920 pesos y 50 mil pesos, respectivamente.
El curso más caro que pagó la Cámara de Diputados en este periodo fue para la Dirección General de Recursos Humanos llamado “Toma de decisiones”, con una duración de dos horas y media durante ocho días, por el cual se pagaron 522 mil pesos; seguido de un programa de lectura rápida con fecha de entrega al 31 de diciembre de 2016, con una duración de 17 horas, que tuvo un costo de 432 mil pesos y una ampliación del mismo por 24 mil 800 pesos.
Asimismo, por el diplomado “Administración y dirección de proyectos de tecnología de la información y comunicación basado en PMI” se destinaron 290 mil pesos y su entrega fue el 5 de diciembre de 2016.
Además, se adquirieron capacitaciones a personas físicas y a otras empresas, entre las que destacan conferencias como “Lo femenino y lo masculino”, “La importancia de la palabra” por las cuales se pagaron 30 mil pesos por cada una; “Derecho constitucional” se contrató por 51 mil 495 pesos y otros, como el de “Diseño estratégico de políticas públicas”, impartido del 22 de noviembre al 3 de diciembre, se pagaron por él 45 mil 820 pesos.
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) impartió durante ocho días del mes de octubre de 2016 un curso de 20 horas de duración para capacitación en estadística aplicada, por el cual cobró 44 mil pesos.
De acuerdo con el Portal de Adquisiciones de la Cámara de Diputados se firmó con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) un contrato para la impartición de programas académicos, del 25 de noviembre del 2016 y hasta que sean concluidos, aunque no se precisa el costo.
En la misma condición de opacidad se encuentra una maestría pactada con la Universidad Anáhuac del primero de junio de 2016 al 31 de agosto de 2018; una más con el Instituto Nacional de Ciencias Penales del 28 de abril de 2016 al 31 de agosto del 2018, y otra en la UNAM sobre orientación en género y derecho impartida del 30 de noviembre del 2015 al 30 de noviembre del 2017.
La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) imparte actualmente la maestría en derecho parlamentario para la Cámara de Diputados, cuyo programa concluye el 9 de diciembre de 2017. Tampoco se conoce el monto de la adjudicación y el número de contrato.
Lo anterior contrasta con las medidas de austeridad signadas por la Cámara de Diputados en enero de este año, en el que por acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), se adoptaron ajustes económicos para eliminar apoyos adicionales como el bono navideño, se canceló el pago de telefonía celular, los vales para gasolina y se redujo 25% del gasto en alimentos.

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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