Conecta con nosotros

México

Diputados pagan 2 millones y medio de pesos por talleres de autoayuda

La Cámara de Diputados pagó dos millones 463 mil 800 pesos a universidades privadas y centros de capacitación que impartieron cursos, talleres y diplomados en San Lázaro, que van desde clases de inglés para políticos y diplomáticos, programas básicos de computación, coaching personal y programas de lectura dinámica hasta cursos de autoayuda.
De acuerdo con las contrataciones de la Cámara de Diputados, a las cuales Excélsior tuvo acceso, entre septiembre de 2016 y abril de 2017 se gastaron un millón 21 mil 845 pesos sólo en pagos a universidades privadas, como el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad La Salle, la Universidad Bancaria y Comercial y la Universidad Pedregal del Sur.
Estas instituciones de educación superior impartieron cursos de capacitación en hojas de cálculo, Photo-shop, inglés para diplomáticos y servidores públicos, talleres para presentaciones ejecutivas, capacitación en comunicación audiovisual, procesadores de textos y otros softwares computacionales.
Asimismo, se pagó por talleres de autoayuda, como los siguientes: “Resilencia como alternativa para mejorar la calidad de vida”, “Presencia, Estilo e Imagen” y “Coaching, Herramientas de alto desempeño”, los cuales tuvieron un costo de 33 mil 176 pesos, 59 mil 920 pesos y 50 mil pesos, respectivamente.
El curso más caro que pagó la Cámara de Diputados en este periodo fue para la Dirección General de Recursos Humanos llamado “Toma de decisiones”, con una duración de dos horas y media durante ocho días, por el cual se pagaron 522 mil pesos; seguido de un programa de lectura rápida con fecha de entrega al 31 de diciembre de 2016, con una duración de 17 horas, que tuvo un costo de 432 mil pesos y una ampliación del mismo por 24 mil 800 pesos.
Asimismo, por el diplomado “Administración y dirección de proyectos de tecnología de la información y comunicación basado en PMI” se destinaron 290 mil pesos y su entrega fue el 5 de diciembre de 2016.
Además, se adquirieron capacitaciones a personas físicas y a otras empresas, entre las que destacan conferencias como “Lo femenino y lo masculino”, “La importancia de la palabra” por las cuales se pagaron 30 mil pesos por cada una; “Derecho constitucional” se contrató por 51 mil 495 pesos y otros, como el de “Diseño estratégico de políticas públicas”, impartido del 22 de noviembre al 3 de diciembre, se pagaron por él 45 mil 820 pesos.
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) impartió durante ocho días del mes de octubre de 2016 un curso de 20 horas de duración para capacitación en estadística aplicada, por el cual cobró 44 mil pesos.
De acuerdo con el Portal de Adquisiciones de la Cámara de Diputados se firmó con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) un contrato para la impartición de programas académicos, del 25 de noviembre del 2016 y hasta que sean concluidos, aunque no se precisa el costo.
En la misma condición de opacidad se encuentra una maestría pactada con la Universidad Anáhuac del primero de junio de 2016 al 31 de agosto de 2018; una más con el Instituto Nacional de Ciencias Penales del 28 de abril de 2016 al 31 de agosto del 2018, y otra en la UNAM sobre orientación en género y derecho impartida del 30 de noviembre del 2015 al 30 de noviembre del 2017.
La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) imparte actualmente la maestría en derecho parlamentario para la Cámara de Diputados, cuyo programa concluye el 9 de diciembre de 2017. Tampoco se conoce el monto de la adjudicación y el número de contrato.
Lo anterior contrasta con las medidas de austeridad signadas por la Cámara de Diputados en enero de este año, en el que por acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), se adoptaron ajustes económicos para eliminar apoyos adicionales como el bono navideño, se canceló el pago de telefonía celular, los vales para gasolina y se redujo 25% del gasto en alimentos.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto