En la Cámara de Diputados, la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas propuso pedir al gobierno de Enrique Peña Nieto a tomar las medidas necesarias para garantizar la libertad de expresión, la vida, seguridad, integridad de periodistas y comunicadores, así como la realización de esa labor en condiciones seguras.
El pronunciamiento, indicó la presidenta de esa instancia parlamentaria, Brenda Velázquez, subraya que las crecientes agresiones y asesinatos de periodistas en distintos puntos del país, obligan a que el Ejecutivo federal tome cartas en el asunto de manera decidida.
La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) señaló que distintos organismos no gubernamentales y defensores de derechos humanos han alertado sobre los riesgos y peligros que enfrentan quienes ejercen el periodismo en México, pero la acción de las autoridades ha sido insuficiente.
Recordó que de acuerdo a la Unesco, México es el considerado el quinto país del mundo donde es más peligroso ejercer esa profesión, y ocupa en primer lugar en la región de América Latina.
Indicó que datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), apuntan a que hasta enero de 2017, se tenían registradas 92 quejas y denuncias por agresiones a comunicadores y trabajadores de los medios masivos.
Velázquez Valdez añadió que tan solo a finales del 2016, fueron asesinados cuatro reporteros y locutores, identificados como Pedro Tamayo, reportero de Tierra Blanca, Veracruz; Agustín Pavía, locutor de Huajuapan, Oaxaca; Aurelio Cabrera, reportero y director de un medio de Huachinango, Puebla; Jesús Adrián Rodríguez, reportero del grupo Radio Divertida de Chihuahua.
A ellos se sumó el editor del periódico guerrerense La Voz de Tierra Caliente, en Guerrero, Cecilio Pineda Brito; aunado a que se registraron por lo menos 15 agresiones en 13 estados de la República.
Puntualizó que en ninguno de esos casos, se tuvo conocimiento de que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR) interviniera para investigar.
“La omisión de las autoridades judiciales para investigar y castigar a los responsables materiales e intelectuales en estos casos, envía un mensaje de permisibilidad de la violencia en contra de los periodistas en México, así como de desprecio hacia la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a acceder a la información”, alertó.
La legisladora lamentó que ante esos hechos y en particular sobre la muerte del periodista Pineda Brito, la respuesta de autoridades de la Secretaría de Gobernación haya sido que se le dejó de respaldar con medidas cautelares, porque el señalado rechazó el apoyo que se le ofreció para salir de estado de Guerrero.
“Rechazamos tajantemente la respuesta del gobierno de la República ante el asesinato del periodista Cecilio Pineda Brito. Es inaceptable que el gobierno federal conociera las amenazas hechas al periodista 17 meses antes de su lamentable deceso”, enfatizó.
Por ello, apuntó la panista, se pide al Ejecutivo federal haga lo necesario para frenar la violencia y agresiones a periodistas y colaboradores de los medios de comunicación; y los funcionarios encargados de atender esa problemática muestren la sensibilidad que la situación demanda.
Detalló que en específico, se le pide a Peña Nieto instruya a los titulares de Gobernación y la PGR, a que cumplan sus obligaciones y facultades legales “a efecto de garantizar la libertad de expresión, el derecho a la información, el ejercicio de la labor periodística, así como la vida, seguridad e integridad de los profesionales de la comunicación en todo el territorio nacional”.
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