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México

Diputados piden a CONAPRED sanciones contra Kate del Castillo

En la Cámara de Diputados, un grupo de congresistas integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, enviaron al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), un oficio formal en el que expresan su preocupación por el contenido de la serie difundida en la plataforma de contenidos en internet Netflix, titulada “Cuando conocí al Chapo”, protagonizada por la actriz mexicana Kate del Castillo.

En el oficio recibido en el CONAPRED este martes 5 de diciembre, se señala que la interprete “de manera ligera sin dar fundamentos ni nombres acusa a artistas mexicanas de prostituirse”.
Al considerar que esos dichos agravian a las mujeres mexicanas, los congresistas pidieron iniciar una investigación y si es procedente, sancionar a la señalada, por emitir declaraciones discriminatorias.

Sin mencionar por su nombre a la empresa Televisa, a la cual hace referencia Del Castillo al señalar que existen listados con los nombres de actrices que eran “ofrecidas” para prostituirse durante reuniones y comidas, los legisladores dieron cuenta de que la actriz desmintió esos dichos.

Sin embargo, consideraron que se consumó el agravio y molestias contra personas a las que se expuso a “calificativos inmerecidos”.

Tras señalar que las mujeres en México forman parte fundamental entre la población que trabaja, indicaron que las actrices y quienes se desempeñan en la industria del entretenimiento también son víctimas de actos discriminatorios, prejuicios, estigmatización y de la promoción de estereotipos negativos que dañan su desarrollo profesional y su vida privada.

Al demandar que se inicie una investigación conforme a lo que marca la Ley Federa para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y si es procedente se sancione a la actriz y también productora Kate del Castillo, los parlamentarios demandaron una disculpa pública.

“Consideramos necesaria la solicitud de un disculpa pública a las mujeres que trabajan en la actuación y en los medios de comunicación, pues estas declaraciones, además de difamarlas y estigmatizar, dañan su reputación, su derecho a la buena fama y su dignidad humana”.

La carta está firmada por la diputada del Partido Verde (PVEM), Lía Limón, que también es presidenta de la Comisión de Radio y Televisión; así como por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de San Lázaro, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Armando Luna Canales.

El oficio también incluye las firmas de las diputadas priístas Erika Araceli Rodríguez Hernández; Sara Latife Ruiz; María Gloria Hernández Madrid; Rosa Guadalupe Chávez Acosta; Montserrat Alicia Arcos Velázquez; Ana María Boone Godoy; Flor Estela Rentería Medina; así como los diputados del tricolor Pablo Elizondo García, Álvaro Ibarra Hinojosa y Fernando Moctezuma Pereda.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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