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Política

Diputados proponen aumentar sanciones a extorsionadores

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En la Cámara de Diputados, la Comisión de Justicia analiza una propuesta para reformar la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y el Código Penal federal, a fin de imponer sanciones inconmutables de cinco a ocho años de prisión, y multas de 300 a 500 días, a quienes cometan el delito de extorsión.

La propuesta en estudio señala que incurrirá en extorsión, quien mediante amenazas de causar daño físico usando armas o instrumentos peligrosos o bien, equipos de comunicación móvil, o cualquier otra forma, obligue a otros a dar una cantidad de dinero para evitar daños y perjuicios, a fin de obtener un provecho indebido para sí mismo u otras personas.

El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ricardo Taja, refirió que la extorsión es el segundo delito con mayor incidencia en el país.

Indicó que, en 2016, se cometieron más de 31 millones de extorsiones, que implicaron pérdidas económicas por mil 104 millones de pesos.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), revela que, en México, se registran ocho mil 945 casos de extorsión por cada 100 mil habitantes, apuntó.

Ese estudio revela que el 95.6 por ciento de los delitos de ese tipo se cometen vía telefónica y desde centros penitenciarios, lo que habla de la operación de la delincuencia organizada en dichos sitios; aunado a que el 4.4 por ciento de esas acciones delictivas surtieron efecto, pues implicaron el pago a los extorsionadores.

Por lo anterior, el diputado Taja Ramírez propuso modificar la ley que contempla ese delito, a fin de adecuarla a las actuales circunstancias e inhibir de manera más efectiva esa conducta y sus distintas modalidades.

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Maru Campos pone orden rumbo a 2027: advierte salidas del gabinete y defiende contrapesos en el Congreso

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La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, marcó una línea clara tanto al interior de su gobierno como en el debate político nacional, al advertir que los integrantes de su gabinete que busquen una candidatura deberán dejar sus cargos y, al mismo tiempo, pronunciarse en contra de la eliminación total de los diputados federales plurinominales.

En declaraciones recientes, la mandataria estatal reiteró que su administración está enfocada en dar resultados y que nadie puede aspirar a un cargo mayor sin haber cumplido primero con su responsabilidad actual. Señaló que los funcionarios con aspiraciones electorales rumbo a 2027 deberán separarse del puesto, ya que no es posible combinar el ejercicio del gobierno con una campaña política.

Campos Galván subrayó que la definición de candidaturas corresponde exclusivamente al Partido Acción Nacional, mediante procesos como elecciones abiertas, primarias o encuestas, y descartó cualquier tipo de favoritismo. Insistió en que la competencia interna debe basarse en desempeño y resultados, no en afinidades personales.

Ante este escenario, adelantó que en los próximos meses podrían registrarse vacantes en el gabinete estatal, derivadas de quienes decidan participar en los procesos electorales. No obstante, fuentes cercanas al gobierno indicaron que no se prevén cambios generales, sino únicamente ajustes relacionados con aspiraciones políticas.

En paralelo, la gobernadora fijó postura frente a la propuesta de eliminar a los diputados federales plurinominales. Consideró que una desaparición total de esta figura afectaría la representación de partidos minoritarios y emergentes en el Congreso de la Unión, especialmente en un contexto de concentración de poder.

Recordó que las diputaciones de representación proporcional surgieron con la reforma electoral de 1977 para abrir espacios a fuerzas políticas distintas al partido dominante de aquella época. Si bien reconoció que el esquema puede revisarse y ajustarse, advirtió que eliminarlo por completo dañaría el equilibrio democrático y la razón de ser de este mecanismo.

Con estas declaraciones, Maru Campos envió un mensaje doble: disciplina y resultados al interior de su gobierno, y defensa de los contrapesos institucionales en el ámbito legislativo, en un momento clave de definición política rumbo al próximo ciclo electoral.

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