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Política

Diputados proponen aumentar sanciones a extorsionadores

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En la Cámara de Diputados, la Comisión de Justicia analiza una propuesta para reformar la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y el Código Penal federal, a fin de imponer sanciones inconmutables de cinco a ocho años de prisión, y multas de 300 a 500 días, a quienes cometan el delito de extorsión.

La propuesta en estudio señala que incurrirá en extorsión, quien mediante amenazas de causar daño físico usando armas o instrumentos peligrosos o bien, equipos de comunicación móvil, o cualquier otra forma, obligue a otros a dar una cantidad de dinero para evitar daños y perjuicios, a fin de obtener un provecho indebido para sí mismo u otras personas.

El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ricardo Taja, refirió que la extorsión es el segundo delito con mayor incidencia en el país.

Indicó que, en 2016, se cometieron más de 31 millones de extorsiones, que implicaron pérdidas económicas por mil 104 millones de pesos.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), revela que, en México, se registran ocho mil 945 casos de extorsión por cada 100 mil habitantes, apuntó.

Ese estudio revela que el 95.6 por ciento de los delitos de ese tipo se cometen vía telefónica y desde centros penitenciarios, lo que habla de la operación de la delincuencia organizada en dichos sitios; aunado a que el 4.4 por ciento de esas acciones delictivas surtieron efecto, pues implicaron el pago a los extorsionadores.

Por lo anterior, el diputado Taja Ramírez propuso modificar la ley que contempla ese delito, a fin de adecuarla a las actuales circunstancias e inhibir de manera más efectiva esa conducta y sus distintas modalidades.

Acontecer

Impulsa diputada Argüelles padrón público de comedores contra el hambre

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1 de cada 10 chihuahuenses viven en carencia alimentaria

Chihuahua. – Con el objetivo de reforzar las estrategias transparentes en el combate contra el hambre, la diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, presentó una proposición con carácter de Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, como titular de la Junta de Gobierno del DIF Estatal, así como a la Dirección General del organismo, a crear un padrón público, actualizado y consultable de los comedores infantiles en Chihuahua.

Durante su exposición, la legisladora subrayó que el combate al hambre es una responsabilidad compartida y un compromiso alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, que establece como prioridad erradicar el hambre y garantizar la seguridad alimentaria.

Señaló que, de acuerdo con datos del INEGI, actualmente más de 370 mil personas en Chihuahua viven en carencia alimentaria, es decir, 1 de cada 10 chihuahuenses, problemática que se agrava en la región serrana, donde el 60 por ciento de niñas y niños presenta algún grado de desnutrición.

La legisladora, reconoció también los avances logrados por el Gobierno de México en materia de combate a la pobreza, impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum, que han permitido que millones de personas mejoren sus condiciones de vida; sin embargo, advirtió que la seguridad alimentaria sigue siendo uno de los principales retos sociales.

Argüelles Díaz recordó que el artículo 4° de la Constitución garantiza el derecho de todas las personas a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, derecho que en Chihuahua también está respaldado por la Ley de Desarrollo Social y Humano y la Ley de Asistencia Social, donde se establece como población prioritaria a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas indígenas y personas adultas mayores en situación de pobreza alimentaria.

Destacó que los comedores infantiles son una de las principales políticas públicas para combatir la desnutrición en la infancia, por lo que contar con un padrón público permitirá a la ciudadanía conocer su ubicación, funcionamiento, cobertura y servicios, además de fortalecer la supervisión, la coordinación institucional y la rendición de cuentas.

“La transparencia también es una herramienta para salvar vidas. Hacer visible dónde están los comedores infantiles es garantizar que más niñas y niños accedan a su derecho a la alimentación”, concluyó la congresista.

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