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Política

Diputados proponen aumentar sanciones a extorsionadores

En la Cámara de Diputados, la Comisión de Justicia analiza una propuesta para reformar la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y el Código Penal federal, a fin de imponer sanciones inconmutables de cinco a ocho años de prisión, y multas de 300 a 500 días, a quienes cometan el delito de extorsión.

La propuesta en estudio señala que incurrirá en extorsión, quien mediante amenazas de causar daño físico usando armas o instrumentos peligrosos o bien, equipos de comunicación móvil, o cualquier otra forma, obligue a otros a dar una cantidad de dinero para evitar daños y perjuicios, a fin de obtener un provecho indebido para sí mismo u otras personas.

El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ricardo Taja, refirió que la extorsión es el segundo delito con mayor incidencia en el país.

Indicó que, en 2016, se cometieron más de 31 millones de extorsiones, que implicaron pérdidas económicas por mil 104 millones de pesos.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), revela que, en México, se registran ocho mil 945 casos de extorsión por cada 100 mil habitantes, apuntó.

Ese estudio revela que el 95.6 por ciento de los delitos de ese tipo se cometen vía telefónica y desde centros penitenciarios, lo que habla de la operación de la delincuencia organizada en dichos sitios; aunado a que el 4.4 por ciento de esas acciones delictivas surtieron efecto, pues implicaron el pago a los extorsionadores.

Por lo anterior, el diputado Taja Ramírez propuso modificar la ley que contempla ese delito, a fin de adecuarla a las actuales circunstancias e inhibir de manera más efectiva esa conducta y sus distintas modalidades.

Local

Alejandro Domínguez se deslinda de César Duarte y enfría su posible regreso al PRI

El diputado federal del PRI, Alejandro Domínguez, marcó distancia respecto al exgobernador César Duarte, al asegurar que su retorno al partido no está sobre la mesa y que, de existir tal intención, el propio Duarte tendría que iniciar un complejo procedimiento partidario que incluye la intervención del Congreso Nacional del tricolor.

Las declaraciones de Domínguez surgen en medio de la polémica generada por la denuncia pública de Duarte contra la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a la que acusó de destruir infraestructura hidráulica en su rancho El Saucito, así como varios pozos. Ante la creciente exposición mediática del exmandatario, el legislador priista fue cuestionado sobre la postura del partido respecto a su estatus como militante.

Domínguez fue contundente: “No hay ninguna intención, ni por parte de la dirigencia nacional ni de César Duarte, de reincorporarse al PRI. Él fue expulsado durante la presidencia de Claudio Ruiz Maciel. Incluso se defendió ante el tribunal, pero la resolución fue firme”.

Además, aclaró que no conoce a fondo los detalles legales que involucran al exgobernador en procesos penales y administrativos, aunque confirmó que las acciones en su contra incluyen señalamientos de CONAGUA, lo cual mantiene a Duarte más enfocado en su defensa jurídica que en la política partidista.

En cuanto al camino para una eventual readmisión, Domínguez explicó que tendría que ser el propio Duarte quien solicite su reingreso a través de la Comisión de Justicia Partidaria, un trámite que pasaría por los órganos internos del PRI y culminaría en el Congreso del partido. Pero fue enfático al reiterar que esto no forma parte de la agenda actual.

Las palabras del legislador surgen como respuesta a crecientes cuestionamientos sobre la cercanía —real o percibida— entre sectores del PRI y César Duarte, luego de que éste reapareciera públicamente con duras críticas al gobierno federal y estatal por la destrucción de infraestructura supuestamente legal en sus propiedades.

Al separar lo institucional de lo personal, Alejandro Domínguez intenta evitar que la figura de Duarte vuelva a enredar la imagen del partido, especialmente en un contexto donde el PRI busca reposicionarse de cara al próximo ciclo electoral. Con estas declaraciones, no solo cierra momentáneamente la puerta a cualquier especulación sobre el retorno de Duarte, sino que también reitera que el peso de su pasado político y judicial lo mantiene lejos de las filas tricolores.

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